La empresa Cobre Las Cruces (CLC), que gestiona la mina de Gerena (Sevilla) en la que el sindicato CGT ha anunciado que se despedirá al 10 % de su plantilla, ha admitido hoy que se negociarán unos despidos por las “circunstancias excepcionales” que atraviesa la empresa.
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En un comunicado, la empresa ha confirmado que negociará los despidos “a causa del importante deslizamiento de tierras ocurrido el pasado 23 de enero en la corta minera”, que ha provocado que “en estos momentos la actividad extractiva se encuentra suspendida y sólo se realizan labores de estabilización de la zona”.
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CLC señala que la actividad de la planta productiva ha podido reactivarse empleando mineral almacenado previamente, que podrá alimentar la producción durante 6 o 7 meses.
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Sin embargo, “la dirección de la compañía está analizando las medidas necesarias para garantizar la continuidad y supervivencia del proyecto, uno de los más importantes de Sevilla y Andalucía en términos de creación de riqueza, innovación y empleo”.
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Así, se está llevando a cabo “un reajuste de la actividad de las empresas contratistas que prestan servicios en el complejo minero para redimensionar sus servicios a las necesidades actuales”.
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En cuanto al personal directo de CLC, “la dirección ha comunicado al comité de empresa y a los propios trabajadores, en una asamblea el pasado viernes, el inicio de negociaciones para valorar un posible ajuste, que no debería superar el 10% de la plantilla”.
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Señala también que la dirección de la compañía “apuesta por el diálogo permanente, abierto y constructivo con los trabajadores y sus representantes para contribuir entre todos a resolver la situación por la que atraviesa la empresa y garantizar su continuidad en el futuro”.
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Los sindicatos entienden que la propuesta de despidos estaría relacionado con la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de estimar en parte el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y anular la segunda modificación del plan especial de la mina.
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La sentencia, según un comunicado de la organización ecologista, pone en cuestión todos los planes aprobados en los últimos años por la Junta de Andalucía “por vulneración de la Evaluación Ambiental Estratégica”.
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El plan especial ahora anulado tenía por objeto la ampliación del ámbito de la mina para la ejecución de nuevas escombreras, ubicadas al suroeste y al norte del complejo minero, las denominadas El Chamorro y El Esparragal, así como la regularización de su zonificación.
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