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Formalizada denuncia contra la Ciudad Autónoma por la situación de las técnicos de educación infantil.

La denuncia quedó registrada ante la Inspección de Trabajo de Melilla por gravísimos incumplimientos en materia de Seguridad Social y de normas laborales.

Las alarmas saltaron cuando al evaluar distintas vidas laborales de técnicos de educación infantil  se observó que no figuran como trabajados todos los días que han tenido contrato en vigor, reduciéndose de un modo muy apreciable el número de días cotizados, lo que implica que a los efectos de prestaciones y futura jubilación están sufriendo una terrible merma en sus derechos.

A título de ejemplo, por aclarar, indicar que un contrato que comenzó el día 7 de septiembre de 2021 y ha terminado el día 23 de junio 2022 figuran como de alta 155 días en su vida laboral cuando entre el inicio y fin de la relación contractual han transcurrido de alta en la seguridad social un total de 289 días lo que supone un atraco en toda regla a los derechos de los/as trabajadores/as.

La merma en el cómputo de las jornadas realmente trabajadas tiene un efecto nocivo para las técnicos educativos en sus retribuciones a los efectos del percibo de las cuantías por los trienios correspondientes e igualmente provoca un daño letal para los intereses de las trabajadoras/es al restarle puntuación por méritos ligados a la experiencia y antigüedad para concurrir a las OEP (Ofertas de Empleo Público) de esa o cualquier otra Administración Pública.

La mencionada actuación empresarial de la Ciudad autónoma para con sus trabajadoras/es contraviene la legalidad vigente en materia de seguridad social, el convenio colectivo para el personal funcionario y laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla y resto de normas legales de pertinente aplicación, produciendo graves daños laborales y económicos a las compañeras/os afectadas/os, es por ello que CGT Andalucía, Ceuta y Melilla ha instado la intervención de la Inspección de Trabajo a los efectos de que se corrijan las gravísimas situaciones que se vienen produciendo y los efectos que puedan tener para el futuro inmediato de las técnicos de educación infantil.

 

En resumen la actuación empresarial denunciada supone para las trabajadoras/es:

  • Graves irregularidades en materia de Seguridad Social
  • Cómputo irregular de la antigüedad que les corresponde a efectos de méritos para concursos  en OEP
  • Falta de abono de las cuantías correspondientes por trienios

La denuncia será replicada individualmente ante la Inspección de Trabajo por cada una de las técnicos de educación infantil que desee hacer valer sus derechos y poner fin a los abusos y arbitrariedades de la CAM.

En otro orden de cosas, CGT lamenta la nota de prensa emitida por ccoo Melilla al respecto donde se pretende esparcir “la tinta del calamar” para intentar impedir que se conozca la realidad laboral de las técnicos de educación infantil que dependen directamente de la Ciudad autónoma, justificando la privatización de este servicio público que se viene preparando desde la Administración con la connivencia de ccoo, ugt y csif tal y como demuestra que solo se hayan ofertado la estabilización de 5 plazas mediante OEP mientras que anualmente prestan servicio cada curso más de 75 compañeras/os de la bolsa de la CAM en los colegios y guarderías de Melilla.

El anuncio de ccoo de intentar negociar un convenio sectorial en Melilla es cuanto menos sospechoso ya que si actualmente solo tienen el servicio privatizado cuatro escuelas infantiles en Melilla, es un indicio más de las intenciones no declaradas de terminar con el servicio público en las escuelas y precarizar el empleo y las condiciones laborales de las trabajadoras/es que mientras trabajan como interinas de la Ciudad Autónoma se rigen por un convenio colectivo digno que poco o nada se le parece al que aplican las empresas privadas y sin ánimo de jugar a ser pitonisas, nada se parecerá al que dice estar negociando ese Sindicato para el sector en Melilla.

Mientras CGT defiende a ultranza lo público y lo común, está claro que otros solo velan por precarizar y defender los intereses de empresas privadas

 

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