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CGT presenta hoy denuncia ante Fiscalía contra la Delegada del Gobierno en Ceuta

El atropello consumado contra el derecho a la igualdad, contra las sentencias judiciales y contra la Constitución Española llega a manos de la Fiscalía, que como garante de los Derechos Fundamentales estamos convencidos de que admitirá a trámite la denuncia y dará el curso legal correspondiente para que queden censuradas también por esta vía los desmanes ilicitos de la Delegada del Gobierno en Ceuta.

Desde CGT insistimos en que la Delegada del Gobierno que se dice más progresista de la historia debe ser cesada fulminantemente, no solo por las múltiples condenas judiciales que obran en su contra sino también por perpetuarse en la insumisión al cumplimiento de las mismas y por la reiteración en violar los derechos fundamentales como firmante de 722 contratos del plan de empleo 21/22, que incurren en graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente al desacato de multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la Subdelegación del Gobierno por los planes de empleo 19/20.

La actuación temeraria de Salvadora Mateos no puede seguir quedando impune ante la mala fe demostrada hacia los trabajadores/as del plan de empleo 2021/2022 conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 15/12/97 al resistirse a aceptar una pretensión legitima ya juzgada que decreta además la vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad y no discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución Española.

A mayor abundamiento, desde CGT queremos resaltar las nefastas condiciones laborales a las que están siendo sometidas las personas contratadas en este plan de empleo tanto en materia de prevención de riesgos al vetarseles la dotación de mascarillas frente al COVID como en materia de prestaciones sociales y laborales al castigarse economicamente a quienes como consecuencia de la pandemia estan cayendo en situación de Baja Médica (IT) y no perciben las retribuciones correspondientes, discriminandolas directamente tambien en situacion de enfermedad pandemica mientras al resto de la clase trabajadora se le considera como accidente de trabajo y se le retribuye como tal.

Los contratos suscritos por las y los trabajadores contratados al amparo de los planes de empleo 2021/22 contienen múltiples condiciones que desde CGT consideramos que no se ajustan a derecho y en consecuencia llegarán nuevamente al Juzgado de lo Social, en concreto:

  • No se respeta el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado con lo que el trato desigual y discriminatorio se institucionaliza, pese a que el juzgado de lo social de Ceuta ha dictado 44 sentencias de las que 8 han sido confirmadas por el TSJA declarando la Vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad art 14 CE y condenan a la Delegación del Gobierno en Ceuta por infringir la Constitución.
  • Se realizan contratos de Obra y Servicios determinados (clave 401), precisamente este tipo de contrato acaba de ser anulado en el acuerdo Ligh de Reforma Laboral del Gobierno, patronal y Sindicatos domesticados.
  • Incluyen en su claúsula decimosexta una mención expresa a la exclusión de la aplicación del IV Convenio “fuera de convenio único para el personal laboral de la AGE”
  • Se fijan para distintas categorías profesionales salarios inferiores al Salario Minimo Interprofesional fijado actualmente en 965€ por catorce mensualidades, en concreto se establece un salario base de 847.35€ en los que se incluye la prorrata de las pagas extra y de la indemnización de los 6 días por finalización del contrato (12 días por año).
  •  …

Una vez presentada la denuncia en Fiscalía, la asesoría jurídica de CGT va a proceder a iniciar por la vía social las actuaciones judiciales que se consideren más ventajosas para las personas contratadas en unos planes de empleo 2021/22 que no se aproximan en nada a los mínimos legales vigentes pese a tratarse de contratos realizados por la Administración Pública, que debieran ser claro ejemplo de cumplimiento de la legalidad y de los principios constitucionales.

La Sra. Mateos no debiera seguir ni un minuto más al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta, confiamos en que la Fiscalía actue contundentemente.

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