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Protestas por la situación de la justicia el 13 de octubre ante las sedes judiciales andaluzas

Si la justicia no es rápida, no es justicia, si no se cumple la ley por quien tiene obligación legal de impartirla se deja a la clase trabajadora sin el derecho a la tutela judicial efectiva, por ello desde CGT Andalucía el próximo miércoles 13 de octubre se realizarán distintas protestas ante sedes de órganos judiciales en nuestra Comunidad Autónoma, dando  continuidad a las que ya realizamos el pasado mes de abril.

 La situación de indefensión para las trabajadoras/es es absoluta ante el colapso de los juzgados de lo Social, de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la sala IV del Tribunal Supremo. Las demandas por los abusos laborales del empresariado han encontrado en la parálisis de la justicia a un gran aliado, no podemos seguir consintiendo que se siga incumpliendo la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en todos los plazos que se establecen tanto en las fechas para citación a juicio como en los dictados de sentencias u otros trámites. ¿Cómo se puede permitir que el juicio por un despido se señale para 2026? Pues esto está sucediendo y desde CGT consideramos que no es más que una nueva herramienta del sistema contra las trabajadoras/es y de protección de la clase empresarial incumplidora con la legalidad vigente.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y sobre todo, que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público esencial del que muy poco se habla.

Hoy, esa acción sindical de calle se hace más necesaria que nunca. Las más de cincuenta reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. A esto hemos de sumar que la eficacia de la justicia social se va apagando cada día un poquito más. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de demandas a años vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.

En Andalucía, los Juzgados de lo Social no están al borde del colapso, están colapsados. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024, 2025 o 2026 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social. Esta es la situación que padecemos y que no genera ninguna alarma relevante para sus máximos gestores. La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro, Juan Carlos Campo no es ninguna excepción. Todos  sus predecesores y él mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces  de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc.

Está claro, que hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.

Observamos cómo surgen ya para posicionarse en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –todas ellas bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. El mejor exponente de esto en Andalucía resulta ser el SERCLA, donde la invasión de competencias -antes públicas- es la tónica dominante de los últimos años junto a la financiación de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales  de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO.

Los señalamientos a años vista empujan además en esa misma dirección. Se obliga de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales que dejan ser útiles y no surten efecto. Se impone por la vía de hecho el abandono de debates jurídicos que adolecerán de “pérdida sobrevenida de objeto”. De esta manera se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de las/os trabajadores, que ya vienen arrastrando importantes cargas desde la Reforma Laboral de 2012. A fecha de hoy, este Reforma sigue plenamente vigente (reducción de indemnizaciones en caso de despido, desaparición de salarios de tramitación ante despidos improcedentes, mayor flexibilidad, reducción de prestaciones por desempleo y pensiones, etc.) y no ha sido siquiera modulada en sus aspectos más lesivos. Su derogación además, no parece nada próxima pese a lo que reitera el gobierno “de progreso”.

Así mismo, con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. Quienes incumplen se benefician así de retrasos que los favorecen precisamente por no cumplir con las normas. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito, sobre el que la patronal –la más incumplidora atendiendo a las estadísticas judiciales- mantiene un indisimulado silencio. La dilación en el tiempo de las condenas es otro favor a su favor.

Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:

  • Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía
  • Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
  • Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.

 Por todo esto, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla hace un llamamiento al pueblo andaluz para exigir una JUSTICIA JUSTA como servicio público y universal para los ciudadanos/as e iniciar un debate en torno a este angustioso problema de la clase trabajadora, con objeto de preparar una movilización general que pueda ser el comienzo de una lucha colectiva por la reconquista de los derechos laborales y sociales perdidos y para avanzar en justicia social.

 

 

 

 

 

 

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