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El “ICETAZO” es un intento de engaño a Europa y a los miles de empleados públicos en situación de abuso de la temporalidad y fraude.

El Decreto aprobado hoy no atiende ni una sola de las reivindicaciones para sancionar el abuso de la temporalidad y reedita lo acuerdos de 2017 y 2018 que ya censuró el TJUE. CGT Huelva anima a denunciar a los y las trabajadoras.

CGT Huelva en su labor de defensa de los intereses de los y las trabajadoras, ante los ataques que desde la Administración se está llevando a cabo contra una gran mayoría de su personal, en concreto los afectados por la interinidad o con contratos en fraude, llama a las personas afectadas a que se movilicen y a que denuncien la situación, para lo que abre sus puertas a todas las personas que deseen informarse de los pasos a seguir. Se ha esperado por parte de muchos trabajadores y trabajadoras una solución que, lejos de llegar, ahonda en la situación de desamparo a las que se les ha sometido por parte del gobierno, acompañado de los sindicatos de un acuerdo que puede ser tildado sangrante para CGT Huelva.

La esperada regulación del Gobierno de España y el ministro del ramo, el señor Iceta, que debería acabar con la alta tasa de temporalidad en el empleo público, principalmente el autonómico y local, y sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación, se acordó ayer en la Mesa General de Negociación de la Función pública con la ayuda de los tres sindicatos mayoritarios, CC.OO., UGT y CSIF, pero no ha contentado a nadie. Pese a los esfuerzos comunicativos por hablar de un acuerdo histórico, el nuevo decreto no resuelve al problema de la temporalidad en las administraciones públicas a futuro, pero tampoco resuelve el problema de cientos de miles de empleados públicos que han sobrepasado los límites temporales para considerarse en situación de abuso según reconocen Europa, el Tribunal Supremo y ahora también el propio Gobierno de España.

El nuevo Decreto de Iceta, que ya se empieza a conocer como “Icetazo”, lo único que hace es envolver bonito lo mismo que ya se tenía con anterioridad y que el TJUE ha considerado insuficiente en numerosas sentencias. Si hay una cosa que ha dejado clara el Tribunal europeo ha sido que los procesos selectivos abiertos no son una sanción adecuada, ni suficiente, ni disuasoria al abuso de la temporalidad, ya que pone la carga de la responsabilidad en el trabajador y no en el ente que abusa, en este caso la Administración. Pero también, este Tribunal ha reiterado que el derecho comunitario prima sobre el derecho español, incluida la Constitución, y que no cumplir las Directivas es situarse fuera del derecho europeo y provocar una nueva judicialización de un conflicto que debería haberse solucionado hace años, pero que se insiste en no cerrar, perdiendo una oportunidad histórica con este Decreto que se quedará en papel mojado, como ya se quedaron los acuerdos anteriores con los sindicatos mayoritarios.

Pero ¿qué establece este Decreto? Para resolver la bolsa de temporalidad acumulada la última década establece procesos selectivos extraordinarios, pero en los que puede participar cualquier persona, es decir, de acceso libre. Explicita que serán concurso-oposición, cuestión esta que ya se podía dar antes del Decreto, y que en la fase del concurso, los méritos, podrían alcanzar hasta el 40 %. Esto no supone ninguna novedad, ya que ya se podía llegar hasta ese porcentaje. Además, el concurso sólo puntúa una vez superada la fase de oposición, con lo que por mucho concurso que se tenga si no superas los exámenes no se supera todo el proceso, con lo que no existe ninguna ventaja para las personas que hayan permanecido en una situación de abuso durante décadas. Lo que si introduce este Decreto son nuevos plazos, estableciendo que todas las plazas en situación temporal con más de tres años contados a partir del 31 de diciembre de 2020, deberán incluirse en una Oferta de Empleo sin tasa de reposición antes de finalizar este año. Las convocatorias de los procesos selectivos deberán estar publicadas antes de 2023 y los procesos ejecutados antes del fin de 2024. También se ha anunciado como novedad que quien no supere los procesos selectivos podrá optar a quedarse en una bolsa de trabajo, es decir, en el paro, pero con derecho a que le puedan llamar para seguir ocupando puestos temporales. Esta cuestión no necesita de ninguna regulación nueva, porque ya existe.

La novedad de establecer una indemnización para el personal funcionario interino se aplicaría a partir de la entrada en vigor del Decreto, dejando fuera a los cientos de miles de funcionarios interinos que ya se encuentran en esa situación, lo que en la práctica es saltarse las directrices europeas ya que no se sancionaría el abuso en la temporalidad ya cometido. Además, recordemos que el derecho a la indemnización ya está establecido en la legislación laboral y se están dando sentencias en este sentido en los juzgados de lo social.

Este nuevo sistema no deja de ser más de lo mismo. Establece un máximo de tres años para las interinidades o contratos temporales con la administración, pero se puede dar la circunstancia que al cabo de esos tres años se sustituyan unos trabajadores precarios por otros para continuar otros tres años en un mismo programa o una misma vacante, sin que hubiera consecuencias para los responsables públicos y políticos que ocasionaran esas situaciones de precarización de los servicios públicos y el empleo, cuestión esta que también explicitó el TJUE como necesaria para considerar transpuesta la Directiva 99/70.

Para nuestro sindicato de Administración Pública de CGT de Granada no es cierto que con este Decreto se vaya a transponer la normativa europea ya que ni sanciona el abuso de manera adecuada, suficiente y disuasoria, ni establece sanciones a los responsables e insiste en procesos selectivos abiertos a la participación de cualquier persona aunque no haya sufrido el abuso en la temporalidad, y lejos de servir a los intereses que expresan Gobierno y sindicatos mayoritarios, este Decreto puede generar mucho dolor entre el personal abusado, la pérdida de empleo público, el deterioro de la administración pública y el enquistamiento durante lustros de movilizaciones y peleas judiciales con Europa.

Está claro que Iceta ha querido engañar a Europa sorteando las exigencias de reducir la alta tasa de temporalidad en las administraciones públicas para poder recibir los fondos COVID europeos. No sabemos si “colará” en Europa, lo que si tiene claro es que no ha colado entre los miles de interinos en esta situación, ni entre los sindicatos que llevamos tiempo abogando por la estabilización y recuperación del empleo público.

 

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