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CGT convoca al Sector público andaluz a una Huelga por la estabilidad laboral, el aumento del empleo público y la recuperación de los servicios privatizados.

La convocatoria del sindicato CGT sera el proximo 28 de mayo y afectara a todos los sectores de las administraciones publicas autonomica, del Estado y locales, asi como a las empresas contratadas para ejecutar servicios publicos.
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Se viven momentos convulsos en las administraciones publicas desde hace tiempo. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) sobre los interinos, las exigencias de la Comision Europea para acabar con la alta tasa de temporalidad del empleo publico y su condicionalidad con respecto a las ayudas a Espana por la crisis pandemica, el papel que han jugado los trabajadores de lo publico durante el ultimo ano de la pandemia, estando en primera linea de la atencion ciudadana, como por ejemplo los sanitarios, los maestros, los servicios sociales y muchos mas, y, al mismo tiempo, la escasez de recursos publicos con los que han contado y la falta de personal que ha resultado mas evidente en estos momentos, sumado a que muchos servicios publicos se encuentran en manos de empresas privadas y no han dejado de un lado los beneficios economicos para prestar un mejor servicio y mayor proteccion a sus trabajadores, como ha sido el caso del Servicio de ayuda a domicilio, mas una decada de recortes en el sector publico, una mayor precarizacion del empleo, etc. han creado un caldo de cultivo para el hartazgo del personal que presta servicios publicos, que han dicho basta, se han plantado y van a ir a la huelga el proximo 28 de mayo en todas las administraciones publicas que hay en Andalucia.

CGT Andalucia ha convocado a todo el personal de la Administracion General del Estado, de la Junta de Andalucia, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Agencias Publicas, Empresas Publicas y todo el personal de las contratas y subcontratas de cualquiera de las administraciones, agencias o empresas publicas del territorio andaluz. El lema escogido para esta huelga es “Por unos Servicios Publicos dignos y estables. Por lo publico, por lo comun. Quienes estan se quedan”.

Sobran los motivos, aunque podemos concretar tres grandes razones para secundar esta huelga en defensa de lo publico: acabar con la precarizacion de las condiciones laborales en el empleo publico, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratacion, resolviendo la situacion de miles de interinos en Andalucia que estan en esta situacion con la consolidacion en sus puestos de manera permanente, por otro lado la recuperacion de las miles de plazas de empleo publico perdidas durante los ultimos anos y por ultimo, como otro gran motivo del paro convocado, la recuperacion de los Servicios Publicos privatizados y ampliacion del ambito de lo publico. Para CGT, pese a constituir reivindicaciones en su linea sindical desde hace anos, el sistema publico no puede soportarlo mas. Los gestores de lo publico, los politicos, no han cumplido con sus obligaciones de preservar y ampliar la proteccion publica a la ciudadania, segun CGT, y parece que siguen mirando para otro lado, mientras todo se desmorona, y los mas indecentes, en palabras del sindicato, se aprovechan privatizando aun mas.

Lo publico, entendido como la organizacion y distribucion institucional de servicios y prestaciones a toda la sociedad, fuera de la logica capitalista, esta en entredicho desde hace tiempo por parte de las elites politicas, empresariales y mediaticas. Elites que se aprovechan de los recursos economicos y humanos que la clase trabajadora aporta, y que se enriquece a traves de las privatizaciones. Lo que acarrea que el sector publico lleve decadas sufriendo un brutal expolio.

Sin embargo, en los ultimos tiempos, pasada la ola de la euforia neoliberal de las ultimas decadas por parte de los sectores burgueses que comandan los procesos politicos y economicos, enfrentada esta al nuevo escenario de capitalismo pandemico, y a pesar de ellos, se evidencia y se demuestra fehacientemente que los Servicios Publicos son absolutamente necesarios y carecer de ellos, o disponer de unos servicios infradotados, recortados y precarizados, deviene un drama para la vida de la gente, especialmente para la clase trabajadora y para el conjunto de las clases populares. Lo vemos con claridad cuando en situaciones de mayor necesidad, como la que estamos viviendo a raiz de la pandemia de la COVID-19, nos encontramos sin esos Servicios como sociedad o, mejor dicho, sin unos servicios dignos que puedan afrontar esta y cualquier otra situacion sin bordear el colapso. No hay mas que ver, como decimos, los ejemplos en tiempos de pandemia: la mercantilizacion y deshecho de las personas mayores en las Residencias privadas, la escasez de recursos y sobreexplotacion extrema de la Sanidad Publica, la falta de equipos de proteccion, los trabajadores sanitarios envueltos en bolsas de basura atendiendo a la poblacion, el cierre de los centros de atencion primaria, y al mismo tiempo el aumento de los conciertos sanitarios con entidades privadas y la derivacion de servicios esenciales a la misma. La privatizacion y precarizacion de servicios de primera necesidad, el sosten de la Educacion Publica sin recursos suficientes, los Servicios Sociales completamente desbordados por la avalancha de necesidades sociales, las puertas cerradas de las administraciones a la atencion personal para la ciudadania por falta de recursos y personal, la total falta de respuesta a la necesidad de una soberania energetica publica, y un largo etcetera.

Dicha situacion de precariedad laboral en el Sector Publico andaluz parece endemica, llegando a superar la temporalidad de la empresa privada y situandose alrededor de un 30 %, principalmente en la administracion autonomica y local. No parece que el grado de precariedad laboral en el Sector Publico andaluz pueda ser asumible por una Administracion que pretende ser moderna, eficiente e integrada en un entorno que, al menos formalmente, expreso hace ya veinte anos. Su deseo de poner limites al abuso en la contratacion temporal sucesiva del personal publico mediante la Directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duracion determinada. Un derecho que se concibe como “un componente primordial de la proteccion de los trabajadores”. Los tres objetivos, digamos formales, de esta directiva fueron: establecer el principio de no discriminacion entre los trabajadores fijos y temporales (clausula 4a), prevenir el abuso en la contratacion temporal (clausula 5a), tanto por empresas como administraciones, y determinar sanciones en caso de incumplimiento. Hasta hoy, las distintas Administraciones publicas y sus responsables politicos, ya sean del Gobierno de Espana, de la Junta de Andalucia, de las Diputaciones provinciales o de los Ayuntamientos, no han tenido ninguna accion efectiva para acabar con esta intolerable bolsa de temporalidad, y por tanto precariedad, que sufren miles de trabajadoras y trabajadores publicos en Andalucia. La inestabilidad en el empleo y la precarizacion de los puestos de trabajo, debilitan las estructuras de los servicios publicos. Pues existe una correlacion entre precariedad laboral y calidad del servicio prestado.

Como no se atisban soluciones a este problema que afecta tanto a las personas que se encuentran en la situacion de abuso de la temporalidad y/o fraude en la contratacion, como a los servicios publicos y la ciudadania, consideramos que ha llegado el momento de la movilizacion para conseguir el acceso al Empleo Publico con procesos especificos que reconozcan la realidad y la experiencia de este personal y/o el derecho a la fijeza para aquel personal en abuso de temporalidad.

El deterioro intencionado de los Servicios Publicos en Andalucia no se ha dado de la noche al dia. No es nada nuevo, aunque sus consecuencias resultan hoy mas evidentes y sangrantes que nunca, sino que es el producto de un largo proceso de politicas publicas de caracter neoliberal, que dura ya decadas. La finalidad de dicho deterioro es clara: “beneficios para unos pocos expoliando el dinero y los recursos publicos”. Y para ello necesitan generar y extender el discurso en la opinion publica de que los Servicios Publicos no funcionan, que son ineficientes, ineficaces e insuficientes por definicion, y asi recortarlos hasta su maxima expresion, o directamente cargarselos. Para llegar ellos posteriormente, los poderes privados, las grandes empresas que hacen negocio con las necesidades de la mayoria, a “salvarnos”, asumiendo con su actividad presuntamente eficiente, aquello que el servicio publico “no puede” asumir (ya se encarga la clase politica de que asi sea).

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Desde CGT llevamos ya lustros denunciando estas situaciones de expolio, abusos, recortes, precarizacion, corrupcion, y deterioro deliberado del servicio publico.

Lo que estamos diciendo aqui no es sustancialmente diferente a lo ya establecido en los acuerdos del VI Congreso Extraordinario de Iruna de la CGT (2016), en los cuales ya se plasmaba una valoracion similar:

“... han sido demasiados anos contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y las empresas publicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios -patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y expropiados a la mayoria.

Unas veces, directamente empresas multinacionales y, otras, los distintos gobiernos transfieren lo publico a la voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien comun”, expoliando derechos de las personas esenciales para la vida: la salud, la comunicacion, la ensenanza publica, la educacion superior, la energia, los transportes, los servicios ligados a lo municipal, etc… y, en parte, los sistemas publicos de Seguridad Social en capitulos tan esenciales como las Pensiones. Los Servicios Publicos son una forma de salario indirecto universal logrado tras enormes y continuadas luchas populares. Deben ser considerados, por tanto, Derechos Sociales Basicos para todas las personas. (…)

Al poder economico y politico le interesa que cualquier servicio esencial (sanidad, educacion, dependencia, emergencias, etc.) se convierta en mercancia y negocio con el que traficar, se mercantilice, para asi poder hacer negocio y obtener beneficios particulares a costa de la apropiacion de los recursos publicos. Esta mercantilizacion de los Servicios Publicos conlleva un empeoramiento grave de las condiciones de vida de la mayoria de la sociedad.” (pag. 1)

Al mismo tiempo, recordar los derechos revindicados en el marco de la campana confederal “Por lo Publico, Por lo Comun”, derivada del comicio de Iruna, y que estan recogidos tambien en los acuerdos del XVIII Congreso Confederal de Valencia (2018):

“…reivindicamos Derechos como:

  • Tener una Sanidad universal y de calidad.
  • Acceder a una Ensenanza publica, laica y de calidad.
  • Unas Pensiones publicas suficientes al acabar nuestro ciclo laboral.
  • Disfrutar de las Energias y recursos naturales necesarios para la vida (luz, agua, gas…)
  • Una Vivienda en condiciones dignas de habitabilidad.
  • Ser Cuidados y Cuidadas cuando nos hagamos Dependientes, por edad, enfermedades…, y tener derecho a una muerte digna.
  • Transportes publicos accesibles, seguros y confortables.
  • El acceso a la Universidad, a la Cultura y a la Investigacion de manera universal.
  • Disfrutar de unas ciudades y pueblos limpios, con parques y jardines bien cuidados y de un medio ambiente saludable.
  • Unas Comunicaciones eficientes y una Informacion veraz e independiente.
  • Un empleo estable en condiciones laborales dignas.
  • Una Renta Basica que garantice la supervivencia de las personas y termine con el trabajo asalariado como una condena y no como una opcion.” (pag. 4)

Creemos que ahora es el momento, por la innegable deriva hacia el desmantelamiento de los Servicios Publicos, pero, al mismo tiempo, por la necesidad y valoracion actual por parte de la ciudadania, que como organizacion sindical que persigue mejores condiciones de vida para la clase trabajadora, en general, demos un salto adelante en el desarrollo de todo esto y pasemos a la ofensiva en la defensa de lo comun, de lo publico expresado en nuestros Servicios Publicos.

Consideramos que la defensa de los Servicios Publicos implica al conjunto de la clase trabajadora, trabaje donde trabaje o se encuentre en desempleo, porque estos son un bien comun, y la situacion laboral de los mismos afecta de forma clara y directa a la respuesta que los servicios publicos dan ante las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, consideramos que toda actividad laboral “externalizada” o privatizada, dentro del ambito del sector publico, debe ser recuperada como servicio publico y, por lo tanto, debe ser de gestion publica directa.

Para conseguirlo, la Confederacion General del Trabajo de Andalucia, Ceuta y Melilla va a poner en marcha todas aquellas acciones necesarias para conseguirlo aunando voluntades dentro de la clase trabajadora. No es que nos defendamos, es que vamos a recuperar lo publico.

Por ello se convoca esta Huelga General en el sector publico de Andalucia y sus contratas y subcontratas para la defensa de los intereses laborales, sociales y economicos de todos los trabajadores y trabajadoras en base a los siguientes motivos:

1.??? Motivos generales:

  • Acabar con la precarizacion de las condiciones laborales en el empleo publico, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratacion. QUIENES ESTAN SE QUEDAN.
  • Recuperacion/creacion de las miles de plazas de empleo publico perdidas durante los ultimos anos.
  • Garantizar un sistema sanitario publico y de calidad para toda la ciudadania, elemento cohesionador y vertebrador de un sistema social y democratico de derecho.
  • Recuperacion de los Servicios Publicos privatizados y ampliacion del ambito de lo publico. En Defensa de lo Publico, de lo comun.
  • ? Mayor inversion publica en las necesidades sociales colectivas, con especial enfasis en las de la clase trabajadora.
  • Asegurar desde los Servicios Publicos las condiciones minimas para una vida digna de la poblacion, en una perspectiva igualitaria.
  • Recuperar para lo publico todos los servicios privatizados y externalizados en las distintas administraciones y cese inmediato de privatizacion de servicios publicos.
  • Establecimiento de sanciones severas, que deberan abonar con patrimonio privado, e inhabilitacion para el desempeno de cargo publico contra quienes como gestores del ambito publico utilicen contratacion en fraude de ley

2.??? Motivos para acabar con la precarizacion del empleo publico y conseguir la ampliacion de los Servicios Publicos:

  • Consolidacion en el Sector Publico de las personas que han sufrido abuso de temporalidad y fraude en la contratacion en sus plazas, al llevar ocupandolas mas tiempo del periodo minimo obligatorio establecido en el TREBEP, sin que la administracion haya iniciado procesos de concurso-oposicion para su cobertura, en los terminos establecidos por la Sentencia num. 33/2020, de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE), que senala el fraude de ley cometido por las administraciones. Esta es una exigencia prioritaria que enmarcamos en la “lucha contra la Precariedad Laboral” establecida como prioridad en los acuerdos de nuestro XVIII Congreso Confederal.
  • El TJUE ha dictaminado que la convocatoria de OPE no es un elemento ni sancionador ni disuasorio de la temporalidad y que castigar al que ha sufrido la contratacion fraudulenta con la perdida de su empleo no es ajustado a derecho.
  • La sancion a la contratacion en fraude de Ley y al abuso de la temporalidad es la fijeza, no el despido.
  • Exigimos la trasposicion de la Directiva Europea 1999/70 en el ambito del Sector Publico y en todo lo relativo a prevenir la precariedad laboral y a sancionarla cuando esta se produzca, incluyendo las indemnizaciones por cese de la relacion laboral.
  • Reivindicamos no incluir plazas en posible abuso de temporalidad y/o fraude en las Ofertas Publicas de Empleo mientras no se determine el grado de abuso, se sancione y se resarza a los trabajadores y trabajadoras en esta situacion.
  • Reivindicamos la creacion de nuevas plazas, eliminando las tasas de reposicion y las limitaciones establecidas desde hace anos. Se hace necesario ampliar las plazas de las administraciones publicas, que han perdido miles de puestos de trabajo durante la ultima decada, y adecuar las plantillas a las necesidades de las clases trabajadoras con respecto a los servicios publicos dignos y de calidad.
  • Acabar con las medidas de amortizaciones de plazas en los Planes de Ajuste de los municipios, que ocasionan un grave perjuicio a la clase trabajadora y al propio servicio publico, culpabilizandolo de la mala gestion que han hecho los responsables politicos.
  • Reclamamos el establecimiento de mecanismos de control en los sistemas de convocatoria, creacion y concurso de plazas, encaminados a evitar la proliferacion de interinidades de larga duracion y la cronificacion de la contratacion temporal.
  • Exigimos que se vele por el cumplimiento efectivo de los plazos y procedimientos de Ofertas Publicas de Empleo para que estas se desarrollen con el maximo de transparencia en todo su proceso, desde el numero de plazas ofertadas hasta el control de las listas o bolsas de trabajo a traves de reglamentos especificos.
  • Reivindicamos que se reconozca la estructuralidad de las plazas cubiertas de manera temporal por programas, cuando se evidencia que cubren necesidades estructurales y no temporales de los servicios publicos.
  • Acabar con los programas temporales de fomento del empleo joven y similares, que no dejan de ser programas que generan empleo publico fugaz, precario, de usar y tirar y con condiciones laborales por debajo de la norma, fuera de los Convenios, para cubrir puestos estructurales que continuaran vacios una vez acaben esos programas. Que todos los recursos publicos destinados a estos programas se reinviertan en la creacion de plazas de estructura de las Administraciones locales.
  • Regularizacion de oficio de todos los contratos en fraude, ya sea por no cumplir con los requisitos de contrataciones temporales, de obra y servicio, etc. o por cubrir puestos de estructura de las administraciones sin las mismas condiciones laborales.
  • Rechazamos todo proceso “express” de contrataciones de empleo publico que se realice sin garantias de control y sin oportunidades para la generalidad de la clase trabajadora.
  • Habilitar por ley a la Inspeccion de Trabajo para que se pueda sancionar a las administraciones publicas por incumplimientos de las normas de contratacion y normativa laboral y de prevencion de riesgos en general.

3. Motivos orientados a la recuperacion de lo privatizado y contra nuevas externalizaciones de lo publico:

  • Reivindicamos la internalizacion de las contratas y subcontratas y de recuperacion de las actividades privatizadas, (por ejemplo, mediante la remunicipalizacion, reinternalizacion…), garantizando la continuidad de los puestos de trabajo y de los derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras, en linea con la firme “defensa del empleo de calidad” en relacion a “la transformacion social de los Servicios Publicos privatizados” establecida en nuestros acuerdos Confederales de Iruna.
  • Exigimos el cumplimiento de las PNL y mociones aprobadas en el Parlamento andaluz, Diputaciones y Ayuntamientos en relacion a la recuperacion para lo publico de distintos servicios esenciales para la comunidad que actualmente se prestan a traves de contratas y subcontratas (interpretes de lengua de signos, PTIS, monitoras escolares, Gestion telefonica del 112, 061 y Salud Responde, Servicio de Ayuda a Domicilio, [email protected] de emergencias sanitarias, limpieza hospitalaria…).
  • Reconocer y acabar de oficio con la cesion ilegal de trabajadores por parte del Sector publico andaluz.
  • Vigilar y acabar los concursos publicos opacos y fraudulentos y el incumplimiento de los contratos por parte de las empresas hasta la finalizacion de los actuales contratos, tras la cual seran internalizados.
  • Mientras siga habiendo contratas y subcontratas, garantizar las subrogaciones en todas ellas del mismo personal para otorgar estabilidad.
  • Exigir unas condiciones laborales dignas equiparadas a las de las trabajadoras/es de la administracion que subcontrata y vigilar el cumplimiento de la legislacion laboral, en todas las empresas que desarrollan servicios publicos.
  • Instar a la Inspeccion de Trabajo a que actue contra las practicas fraudulentas o irregulares conforme a la legalidad vigente de las administraciones que subcontratan y de las empresas concesionarias.? ?????

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CGT ha presentado las siguientes peticiones en su convocatoria de huelga presentada a la Junta de Andalucia, a la Delegacion del Gobierno en Andalucia, a la Confederacion de Empresarios de Andalucia, CEA y a la Federacion Andaluza de Municipios y Provincias FAMP:

a.??? QUIENES ESTAN SE QUEDAN: consolidacion fija en sus puestos de trabajo de las personas que han sufrido abuso de la temporalidad y/o fraude en la contratacion.

b.??? Recuperacion/creacion de todas las plazas de empleo publico perdidas durante los ultimos anos.

c.???? Defensa de los Servicios Publicos y de lo comun con dotacion de inversiones y personal suficiente, cese de las privatizaciones e internalizacion de lo externalizado o privatizado.

d.??? Implementacion de medidas para acabar con la precarizacion del empleo publico y conseguir la ampliacion de los puestos de trabajo y Servicios Publicos para que sean universales y de calidad.

e.??? Establecimiento de sanciones severas, que deberan abonar con patrimonio privado, e inhabilitacion para el desempeno de cargo publico contra quienes como gestores del ambito publico utilicen contratacion en fraude de ley y/o contrataciones temporales para puestos estructurales.

f.???? Realizacion de OEP en todo el ambito publico para ofertar las vacantes que queden tras la consolidacion de las plazas cubiertas con interinidades o con contratos Indefinidos No fijos en abuso de temporalidad y/o fraude.

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