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CGT convoca al Sector público andaluz a una Huelga por la estabilidad laboral, el aumento del empleo público y la recuperación de los servicios privatizados.

La convocatoria del sindicato CGT será el próximo 28 de mayo y afectará a todos los sectores de las administraciones públicas autonómica, del Estado y locales, así como a las empresas contratadas para ejecutar servicios públicos.
 

Se viven momentos convulsos en las administraciones públicas desde hace tiempo. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos, las exigencias de la Comisión Europea para acabar con la alta tasa de temporalidad del empleo público y su condicionalidad con respecto a las ayudas a España por la crisis pandémica, el papel que han jugado los trabajadores de lo público durante el último año de la pandemia, estando en primera línea de la atención ciudadana, como por ejemplo los sanitarios, los maestros, los servicios sociales y muchos más, y, al mismo tiempo, la escasez de recursos públicos con los que han contado y la falta de personal que ha resultado más evidente en estos momentos, sumado a que muchos servicios públicos se encuentran en manos de empresas privadas y no han dejado de un lado los beneficios económicos para prestar un mejor servicio y mayor protección a sus trabajadores, como ha sido el caso del Servicio de ayuda a domicilio, más una década de recortes en el sector público, una mayor precarización del empleo, etc. han creado un caldo de cultivo para el hartazgo del personal que presta servicios públicos, que han dicho basta, se han plantado y van a ir a la huelga el próximo 28 de mayo en todas las administraciones públicas que hay en Andalucía.

CGT Andalucía ha convocado a todo el personal de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Agencias Públicas, Empresas Públicas y todo el personal de las contratas y subcontratas de cualquiera de las administraciones, agencias o empresas públicas del territorio andaluz. El lema escogido para esta huelga es “Por unos Servicios Públicos dignos y estables. Por lo público, por lo común. Quienes están se quedan”.

Sobran los motivos, aunque podemos concretar tres grandes razones para secundar esta huelga en defensa de lo público: acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación, resolviendo la situación de miles de interinos en Andalucía que están en esta situación con la consolidación en sus puestos de manera permanente, por otro lado la recuperación de las miles de plazas de empleo público perdidas durante los últimos años y por último, como otro gran motivo del paro convocado, la recuperación de los Servicios Públicos privatizados y ampliación del ámbito de lo público. Para CGT, pese a constituir reivindicaciones en su línea sindical desde hace años, el sistema público no puede soportarlo más. Los gestores de lo público, los políticos, no han cumplido con sus obligaciones de preservar y ampliar la protección pública a la ciudadanía, según CGT, y parece que siguen mirando para otro lado, mientras todo se desmorona, y los más indecentes, en palabras del sindicato, se aprovechan privatizando aún más.

Lo público, entendido como la organización y distribución institucional de servicios y prestaciones a toda la sociedad, fuera de la lógica capitalista, está en entredicho desde hace tiempo por parte de las élites políticas, empresariales y mediáticas. Élites que se aprovechan de los recursos económicos y humanos que la clase trabajadora aporta, y que se enriquece a través de las privatizaciones. Lo que acarrea que el sector público lleve décadas sufriendo un brutal expolio.

Sin embargo, en los últimos tiempos, pasada la ola de la euforia neoliberal de las últimas décadas por parte de los sectores burgueses que comandan los procesos políticos y económicos, enfrentada ésta al nuevo escenario de capitalismo pandémico, y a pesar de ellos, se evidencia y se demuestra fehacientemente que los Servicios Públicos son absolutamente necesarios y carecer de ellos, o disponer de unos servicios infradotados, recortados y precarizados, deviene un drama para la vida de la gente, especialmente para la clase trabajadora y para el conjunto de las clases populares. Lo vemos con claridad cuando en situaciones de mayor necesidad, como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia de la COVID-19, nos encontramos sin esos Servicios como sociedad o, mejor dicho, sin unos servicios dignos que puedan afrontar ésta y cualquier otra situación sin bordear el colapso. No hay más que ver, como decimos, los ejemplos en tiempos de pandemia: la mercantilización y deshecho de las personas mayores en las Residencias privadas, la escasez de recursos y sobreexplotación extrema de la Sanidad Pública, la falta de equipos de protección, los trabajadores sanitarios envueltos en bolsas de basura atendiendo a la población, el cierre de los centros de atención primaria, y al mismo tiempo el aumento de los conciertos sanitarios con entidades privadas y la derivación de servicios esenciales a la misma. La privatización y precarización de servicios de primera necesidad, el sostén de la Educación Pública sin recursos suficientes, los Servicios Sociales completamente desbordados por la avalancha de necesidades sociales, las puertas cerradas de las administraciones a la atención personal para la ciudadanía por falta de recursos y personal, la total falta de respuesta a la necesidad de una soberanía energética pública, y un largo etcétera.

Dicha situación de precariedad laboral en el Sector Público andaluz parece endémica, llegando a superar la temporalidad de la empresa privada y situándose alrededor de un 30 %, principalmente en la administración autonómica y local. No parece que el grado de precariedad laboral en el Sector Público andaluz pueda ser asumible por una Administración que pretende ser moderna, eficiente e integrada en un entorno que, al menos formalmente, expresó hace ya veinte años. Su deseo de poner límites al abuso en la contratación temporal sucesiva del personal público mediante la Directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada. Un derecho que se concibe como “un componente primordial de la protección de los trabajadores”. Los tres objetivos, digamos formales, de esta directiva fueron: establecer el principio de no discriminación entre los trabajadores fijos y temporales (clausula 4ª), prevenir el abuso en la contratación temporal (clausula 5ª), tanto por empresas como administraciones, y determinar sanciones en caso de incumplimiento. Hasta hoy, las distintas Administraciones públicas y sus responsables políticos, ya sean del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones provinciales o de los Ayuntamientos, no han tenido ninguna acción efectiva para acabar con esta intolerable bolsa de temporalidad, y por tanto precariedad, que sufren miles de trabajadoras y trabajadores públicos en Andalucía. La inestabilidad en el empleo y la precarización de los puestos de trabajo, debilitan las estructuras de los servicios públicos. Pues existe una correlación entre precariedad laboral y calidad del servicio prestado.

Como no se atisban soluciones a este problema que afecta tanto a las personas que se encuentran en la situación de abuso de la temporalidad y/o fraude en la contratación, como a los servicios públicos y la ciudadanía, consideramos que ha llegado el momento de la movilización para conseguir el acceso al Empleo Público con procesos específicos que reconozcan la realidad y la experiencia de este personal y/o el derecho a la fijeza para aquel personal en abuso de temporalidad.

El deterioro intencionado de los Servicios Públicos en Andalucía no se ha dado de la noche al día. No es nada nuevo, aunque sus consecuencias resultan hoy más evidentes y sangrantes que nunca, sino que es el producto de un largo proceso de políticas públicas de carácter neoliberal, que dura ya décadas. La finalidad de dicho deterioro es clara: “beneficios para unos pocos expoliando el dinero y los recursos públicos”. Y para ello necesitan generar y extender el discurso en la opinión pública de que los Servicios Públicos no funcionan, que son ineficientes, ineficaces e insuficientes por definición, y así recortarlos hasta su máxima expresión, o directamente cargárselos. Para llegar ellos posteriormente, los poderes privados, las grandes empresas que hacen negocio con las necesidades de la mayoría, a “salvarnos”, asumiendo con su actividad presuntamente eficiente, aquello que el servicio público “no puede” asumir (ya se encarga la clase política de que así sea).

 

Desde CGT llevamos ya lustros denunciando estas situaciones de expolio, abusos, recortes, precarización, corrupción, y deterioro deliberado del servicio público.

Lo que estamos diciendo aquí no es sustancialmente diferente a lo ya establecido en los acuerdos del VI Congreso Extraordinario de Iruña de la CGT (2016), en los cuales ya se plasmaba una valoración similar:

“... han sido demasiados años contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios -patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y expropiados a la mayoría.

Unas veces, directamente empresas multinacionales y, otras, los distintos gobiernos transfieren lo público a la voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”, expoliando derechos de las personas esenciales para la vida: la salud, la comunicación, la enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, los servicios ligados a lo municipal, etc… y, en parte, los sistemas públicos de Seguridad Social en capítulos tan esenciales como las Pensiones. Los Servicios Públicos son una forma de salario indirecto universal logrado tras enormes y continuadas luchas populares. Deben ser considerados, por tanto, Derechos Sociales Básicos para todas las personas. (…)

Al poder económico y político le interesa que cualquier servicio esencial (sanidad, educación, dependencia, emergencias, etc.) se convierta en mercancía y negocio con el que traficar, se mercantilice, para así poder hacer negocio y obtener beneficios particulares a costa de la apropiación de los recursos públicos. Esta mercantilización de los Servicios Públicos conlleva un empeoramiento grave de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.” (pág. 1)

Al mismo tiempo, recordar los derechos revindicados en el marco de la campaña confederal “Por lo Público, Por lo Común”, derivada del comicio de Iruña, y que están recogidos también en los acuerdos del XVIII Congreso Confederal de Valencia (2018):

“…reivindicamos Derechos como:

  • Tener una Sanidad universal y de calidad.
  • Acceder a una Enseñanza pública, laica y de calidad.
  • Unas Pensiones públicas suficientes al acabar nuestro ciclo laboral.
  • Disfrutar de las Energías y recursos naturales necesarios para la vida (luz, agua, gas…)
  • Una Vivienda en condiciones dignas de habitabilidad.
  • Ser Cuidados y Cuidadas cuando nos hagamos Dependientes, por edad, enfermedades…, y tener derecho a una muerte digna.
  • Transportes públicos accesibles, seguros y confortables.
  • El acceso a la Universidad, a la Cultura y a la Investigación de manera universal.
  • Disfrutar de unas ciudades y pueblos limpios, con parques y jardines bien cuidados y de un medio ambiente saludable.
  • Unas Comunicaciones eficientes y una Información veraz e independiente.
  • Un empleo estable en condiciones laborales dignas.
  • Una Renta Básica que garantice la supervivencia de las personas y termine con el trabajo asalariado como una condena y no como una opción.” (pág. 4)

Creemos que ahora es el momento, por la innegable deriva hacia el desmantelamiento de los Servicios Públicos, pero, al mismo tiempo, por la necesidad y valoración actual por parte de la ciudadanía, que como organización sindical que persigue mejores condiciones de vida para la clase trabajadora, en general, demos un salto adelante en el desarrollo de todo esto y pasemos a la ofensiva en la defensa de lo común, de lo público expresado en nuestros Servicios Públicos.

Consideramos que la defensa de los Servicios Públicos implica al conjunto de la clase trabajadora, trabaje donde trabaje o se encuentre en desempleo, porque éstos son un bien común, y la situación laboral de los mismos afecta de forma clara y directa a la respuesta que los servicios públicos dan ante las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, consideramos que toda actividad laboral “externalizada” o privatizada, dentro del ámbito del sector público, debe ser recuperada como servicio público y, por lo tanto, debe ser de gestión pública directa.

Para conseguirlo, la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla va a poner en marcha todas aquellas acciones necesarias para conseguirlo aunando voluntades dentro de la clase trabajadora. No es que nos defendamos, es que vamos a recuperar lo público.

Por ello se convoca esta Huelga General en el sector público de Andalucía y sus contratas y subcontratas para la defensa de los intereses laborales, sociales y económicos de todos los trabajadores y trabajadoras en base a los siguientes motivos:

1.    Motivos generales:

  • Acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación. QUIENES ESTÁN SE QUEDAN.
  • Recuperación/creación de las miles de plazas de empleo público pérdidas durante los últimos años.
  • Garantizar un sistema sanitario público y de calidad para toda la ciudadanía, elemento cohesionador y vertebrador de un sistema social y democrático de derecho.
  • Recuperación de los Servicios Públicos privatizados y ampliación del ámbito de lo público. En Defensa de lo Público, de lo común.
  •   Mayor inversión pública en las necesidades sociales colectivas, con especial énfasis en las de la clase trabajadora.
  • Asegurar desde los Servicios Públicos las condiciones mínimas para una vida digna de la población, en una perspectiva igualitaria.
  • Recuperar para lo público todos los servicios privatizados y externalizados en las distintas administraciones y cese inmediato de privatización de servicios públicos.
  • Establecimiento de sanciones severas, que deberán abonar con patrimonio privado, e inhabilitación para el desempeño de cargo público contra quienes como gestores del ámbito público utilicen contratación en fraude de ley

2.    Motivos para acabar con la precarización del empleo público y conseguir la ampliación de los Servicios Públicos:

  • Consolidación en el Sector Público de las personas que han sufrido abuso de temporalidad y fraude en la contratación en sus plazas, al llevar ocupándolas más tiempo del período mínimo obligatorio establecido en el TREBEP, sin que la administración haya iniciado procesos de concurso-oposición para su cobertura, en los términos establecidos por la Sentencia núm. 33/2020, de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala el fraude de ley cometido por las administraciones. Ésta es una exigencia prioritaria que enmarcamos en la “lucha contra la Precariedad Laboral” establecida como prioridad en los acuerdos de nuestro XVIII Congreso Confederal.
  • El TJUE ha dictaminado que la convocatoria de OPE no es un elemento ni sancionador ni disuasorio de la temporalidad y que castigar al que ha sufrido la contratación fraudulenta con la pérdida de su empleo no es ajustado a derecho.
  • La sanción a la contratación en fraude de Ley y al abuso de la temporalidad es la fijeza, no el despido.
  • Exigimos la trasposición de la Directiva Europea 1999/70 en el ámbito del Sector Público y en todo lo relativo a prevenir la precariedad laboral y a sancionarla cuando esta se produzca, incluyendo las indemnizaciones por cese de la relación laboral.
  • Reivindicamos no incluir plazas en posible abuso de temporalidad y/o fraude en las Ofertas Públicas de Empleo mientras no se determine el grado de abuso, se sancione y se resarza a los trabajadores y trabajadoras en esta situación.
  • Reivindicamos la creación de nuevas plazas, eliminando las tasas de reposición y las limitaciones establecidas desde hace años. Se hace necesario ampliar las plazas de las administraciones públicas, que han perdido miles de puestos de trabajo durante la última década, y adecuar las plantillas a las necesidades de las clases trabajadoras con respecto a los servicios públicos dignos y de calidad.
  • Acabar con las medidas de amortizaciones de plazas en los Planes de Ajuste de los municipios, que ocasionan un grave perjuicio a la clase trabajadora y al propio servicio público, culpabilizándolo de la mala gestión que han hecho los responsables políticos.
  • Reclamamos el establecimiento de mecanismos de control en los sistemas de convocatoria, creación y concurso de plazas, encaminados a evitar la proliferación de interinidades de larga duración y la cronificación de la contratación temporal.
  • Exigimos que se vele por el cumplimiento efectivo de los plazos y procedimientos de Ofertas Públicas de Empleo para que estas se desarrollen con el máximo de transparencia en todo su proceso, desde el número de plazas ofertadas hasta el control de las listas o bolsas de trabajo a través de reglamentos específicos.
  • Reivindicamos que se reconozca la estructuralidad de las plazas cubiertas de manera temporal por programas, cuando se evidencia que cubren necesidades estructurales y no temporales de los servicios públicos.
  • Acabar con los programas temporales de fomento del empleo joven y similares, que no dejan de ser programas que generan empleo público fugaz, precario, de usar y tirar y con condiciones laborales por debajo de la norma, fuera de los Convenios, para cubrir puestos estructurales que continuarán vacíos una vez acaben esos programas. Que todos los recursos públicos destinados a estos programas se reinviertan en la creación de plazas de estructura de las Administraciones locales.
  • Regularización de oficio de todos los contratos en fraude, ya sea por no cumplir con los requisitos de contrataciones temporales, de obra y servicio, etc. o por cubrir puestos de estructura de las administraciones sin las mismas condiciones laborales.
  • Rechazamos todo proceso “express” de contrataciones de empleo público que se realice sin garantías de control y sin oportunidades para la generalidad de la clase trabajadora.
  • Habilitar por ley a la Inspección de Trabajo para que se pueda sancionar a las administraciones públicas por incumplimientos de las normas de contratación y normativa laboral y de prevención de riesgos en general.

3. Motivos orientados a la recuperación de lo privatizado y contra nuevas externalizaciones de lo público:

  • Reivindicamos la internalización de las contratas y subcontratas y de recuperación de las actividades privatizadas, (por ejemplo, mediante la remunicipalización, reinternalización…), garantizando la continuidad de los puestos de trabajo y de los derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras, en línea con la firme “defensa del empleo de calidad” en relación a “la transformación social de los Servicios Públicos privatizados” establecida en nuestros acuerdos Confederales de Iruña.
  • Exigimos el cumplimiento de las PNL y mociones aprobadas en el Parlamento andaluz, Diputaciones y Ayuntamientos en relación a la recuperación para lo público de distintos servicios esenciales para la comunidad que actualmente se prestan a través de contratas y subcontratas (intérpretes de lengua de signos, PTIS, monitoras escolares, Gestión telefónica del 112, 061 y Salud Responde, Servicio de Ayuda a Domicilio, Té[email protected] de emergencias sanitarias, limpieza hospitalaria…).
  • Reconocer y acabar de oficio con la cesión ilegal de trabajadores por parte del Sector público andaluz.
  • Vigilar y acabar los concursos públicos opacos y fraudulentos y el incumplimiento de los contratos por parte de las empresas hasta la finalización de los actuales contratos, tras la cual serán internalizados.
  • Mientras siga habiendo contratas y subcontratas, garantizar las subrogaciones en todas ellas del mismo personal para otorgar estabilidad.
  • Exigir unas condiciones laborales dignas equiparadas a las de las trabajadoras/es de la administración que subcontrata y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, en todas las empresas que desarrollan servicios públicos.
  • Instar a la Inspección de Trabajo a que actúe contra las prácticas fraudulentas o irregulares conforme a la legalidad vigente de las administraciones que subcontratan y de las empresas concesionarias.       

        

CGT ha presentado las siguientes peticiones en su convocatoria de huelga presentada a la Junta de Andalucía, a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias FAMP:

a.    QUIENES ESTÁN SE QUEDAN: consolidación fija en sus puestos de trabajo de las personas que han sufrido abuso de la temporalidad y/o fraude en la contratación.

b.    Recuperación/creación de todas las plazas de empleo público pérdidas durante los últimos años.

c.     Defensa de los Servicios Públicos y de lo común con dotación de inversiones y personal suficiente, cese de las privatizaciones e internalización de lo externalizado o privatizado.

d.    Implementación de medidas para acabar con la precarización del empleo público y conseguir la ampliación de los puestos de trabajo y Servicios Públicos para que sean universales y de calidad.

e.    Establecimiento de sanciones severas, que deberán abonar con patrimonio privado, e inhabilitación para el desempeño de cargo público contra quienes como gestores del ámbito público utilicen contratación en fraude de ley y/o contrataciones temporales para puestos estructurales.

f.     Realización de OEP en todo el ámbito público para ofertar las vacantes que queden tras la consolidación de las plazas cubiertas con interinidades o con contratos Indefinidos No fijos en abuso de temporalidad y/o fraude.

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