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CGT denuncia los recortes en personal que prepara el Ayuntamiento de Granada para su servicio de limpieza.

El informe base para el nuevo contrato de la limpieza en Granada recorta más de 1,6 millones de euros en personal

El sindicato CGT advierte del cálculo a la baja en los gastos de personal y del número de trabajadores que componen la plantilla -194 menos- y reclama que se anule la estructura de costes aprobada para incluir los datos reales.

La estructura de costes del servicio de limpieza y recogida de residuos de la capital que servirá de base para la licitación del nuevo contrato, una vez que la concesión a Inagra ha finalizado, presenta una desviación, a la baja, tanto en el cálculo de los costes laborales como en el del número de trabajadores que integra la plantilla. 

Lo ha advertido el sindicato CGT, que acaba de presentar alegaciones solicitando la nulidad de dicho informe, aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado 26 de febrero. 

En el escrito presentado por el Sindicato Provincial de Limpieza y Mantenimiento de Granada - CGT- y la Sección Sindical en la empresa Inagra, se solicita la anulación de ese documento para completarlo y aclarar, entre otros datos, el coste de la masa salarial o el convenio colectivo de aplicación -en especial el de la propia empresa-. 

Según exponen en sus alegaciones los representantes de la plantilla, el coste laboral total anual "no se ajusta a la realidad". Se arrastra, como explica el sindicato, desde otro documento anterior, la llamada memoria justificativa, que pasó por pleno.

En concreto, se da la cifra de 22,9 millones de euros. CGT recuerda que el coste laboral en 2019 fue de 24,5 millones de euros, lo que supone una diferencia, de 1,6 millones de euros. En 2020, agrega el escrito de alegaciones, las cuentas de Inagra reflejan un coste de personal de 24,8 millones, cantidad incluso ligeramente superior. Y ello a pesar de que 2020 ha sido, por la pandemia, un año "totalmente inusual" en el que determinados servicios no se han prestado, como la limpieza en Semana Santa, Corpus o Navidad. 

"Estaríamos ante una merma de mano de obra de 194 trabajadores, situación ésta que debe ser corregida, ya que estaríamos ante la pérdida de muchos puestos de trabajo de manera totalmente injustificada".

Preocupa a CGT, y así lo detalla en las alegaciones, el número de trabajadores utilizado primero en la memoria y arrastrado a la estructura de costes. En los cuadros incluidos en la documentación se reflejan 436 trabajadores, cuando la plantilla de la concesionaria la componen 630 trabajadores. "Estaríamos ante una merma de mano de obra de 194 trabajadores, situación ésta que debe ser corregida, ya que estaríamos ante la pérdida de muchos puestos de trabajo de manera totalmente injustificada".

Ya lo advirtió en diciembre, como se ha indicado, cuando la memoria pasó por pleno. "Entendemos que los estudios realizados en la memoria justificativa carecen de todos los datos reales, faltando por tanto la inclusión de la masa salarial real, el número exacto de los trabajadores que componen la plantilla de Inagra SA, y faltando además la relación nominal de todos los trabajadores donde se reflejen todas sus condiciones laborales (nombre, salarios, antigüedad, categoría profesional etc)". 

Con esos datos y "la forma incompleta, con falta de datos y desglose de concepto necesarios, se está diseñando un servicio de Limpieza con recortes de plantilla o salarios, razón por la cual el informe Técnico ha incurrido en distintas omisiones, que mediante un desglose y detalle, obligado por la norma, llevaría a la evidencia de oferta de un servicio que se pretende se preste por un coste inferior a costa de los trabajadores y sus derechos".

CGT cita para argumentar sus alegaciones resoluciones de Tribunales de Contratación y una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

"Entendemos que por tanto el Informe de Estructura de Costes debe anularse y procederse a la suspensión del proceso, ya que el valor estimado y el posible presupuesto de base de licitación que surja de este proceso, ni en un caso ni en el otro, por un lado, aparece desglosado, el coste real de personal del servicio que se pretende sacar a licitación siendo este insuficiente para su prestación, no pudiendo la eventual empresa adjudicataria cumplir sus obligaciones sociales y/o laborales respecto de las personas trabajadoras que participen en la ejecución del contrato y que debe subrogar".

En su escrito añade que "el presupuesto base de licitación ni indica los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, ni los costes salariales estimados de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, no habiéndose tenido en cuenta lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, tanto en lo salarial como en los derechos que harían de hecho imposible una reducción de plantilla por despidos que acabarían en una obligada readmisión, por lo que sí o sí deben ser tenidos en cuenta todos los trabajadores a subrogar, y por otro lado, que en el valor estimado del contrato no se acredita, específica o desglosa por qué el precio estimado y el licitado es el resultado de la aplicación del convenio colectivo, ya sea el de empresa, el marco estatal".

Tampoco se detalla "si se ha tenido en cuenta para su cálculo, entre otras circunstancias, los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, los derivados de la ejecución material de los servicios". Y, al tratarse de un contrato de servicios en el que es "relevante" la mano de obra, "no se detalla si se han tenido en cuenta especialmente los costes laborales derivados de los convenios colectivos de aplicación".

CGT pide anular el informe, suspender plazos, añadir información y aclarar gastos de personal a subrogar

Por todo ello, como se ha indicado, CGT solicita que "se proceda a anular el citado informe", suspendiendo los plazos, al entender que "la información y datos que resultan del mismo no son suficientes o requieren aclaración en cuanto a los gastos de personal a subrogar", conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Sector Público, "debiéndose solicitar cuanta información complementaria sea necesaria a la actual concesionaria, respecto al coste de la masa salarial, el convenio colectivo de aplicación, en especial el de la empresa, y en especial las cláusulas recogidas en el mismo respecto a opciones de readmisión en caso de procederse a despidos o reducción de la plantilla, al alterar y modificar estos aspectos la cuantía y estructura de costes establecidos en el informe al que formulamos alegaciones, faltando casi dos millones de euros correspondientes a gastos actuales de personal y obligaciones laborales de  la posible concesionaria".

 


Secretaría de Comunicación
CGT - Federación Provincial de Granada

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