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Comunicado del IX Encuentro Anual de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones

Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.

El 5 de diciembre de 2020 tuvo lugar en modo virtual el noveno encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.

Las principales reivindicaciones del movimiento son la liberación inmediata de todas las personas internas en los CIE y CATE del Estado español y su cierre definitivo, el fin de las deportaciones por cualquier vía y un cambio radical en la gestión migratoria.

El 5 de diciembre de 2020 tuvo lugar en modo virtual el noveno encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.

Participaron Stop Deportación, Tanquem els CIE, Migra Studium, CIEs No Valencia, CIEs No Madrid, Mundo en Movimiento, Convivir sin Racismo, Coordinadora CIEs de Cadiz, CIES No Granada, CIEs No Motril, EFS Motril, APDHA y Algeciras Acoge.

Los CIE (centros de internamiento de extranjeros) son un agujero negro en el Estado de Derecho. En ellos se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una mera falta administrativa: no tener regularizada su residencia en el Estado español. Las personas encerradas en los CIE, nuestras vecinas, llegan hasta aquí expulsadas de lugares y situaciones adversas, en los que ningún motivo es vano o menos merecedor de protección.

2020 está siendo un año atípico también para el dispositivo deportador del Estado español. La pandemia trajo consigo la declaración del estado de alarma, las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras. Por primera vez en sus 35 años de historia, los centros de internamiento de extranjeros fueron totalmente vaciados y todos los CIE del territorio nacional permanecieron cerrados durante 142 días, desde el 6 de mayo (cuando se produjo la liberación de las últimas personas internas en el CIE de Algeciras) hasta el 25 de septiembre (momento en que se volvió a encerrar a las primeras personas en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria). 142 días que evidenciaron que la injusta privación de libertad de personas extranjeras en estas cárceles racistas es absolutamente prescindible y que el Estado español sea un territorio libre de CIE es únicamente una cuestión de voluntad política: o se hace el juego a la industria del control migratorio o se sitúa a las personas en el centro.

La prevención de la expansión de la COVID-19 también motivó el cese momentáneo de las deportaciones muy a pesar del gobierno que, en un alarde de irresponsabilidad en su función de garante de los derechos fundamentales y mostrando un absoluto desprecio hacia la salud pública, siguió deportando con las fronteras cerradas y ha trabajado duro para activarlas a través de nuevos acuerdos de la vergüenza que tratan de normalizar la expulsión de personas a países que ni siquiera son los suyos.

Lejos de situar a las personas en el centro, el gobierno está deshumanizando aún más la gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento, resistiéndose a su regularización y, en definitiva, poniendo obstáculos al normal desarrollo de la sociedad diversa que ya somos.

En este sentido, las entidades reunidas en torno a la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, han constatado:

El agravamiento en la vulneración de los derechos humanos en los CIE que ha supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria, el bloqueo en el acceso a asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de traductores, o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional.

Las anómalas circunstancias en las que se realizan las deportaciones: falta de notificación, nocturnidad y violencia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas, que pueden ser deportadas ilegalmente sin un proceso de apelación o recurso y llevadas de vuelta a los peligros de los que habían huido.

El internamiento sistemático y deliberado de personas vulnerables, como menores de edad o enfermas graves, o con arraigo, y la puesta en libertad de personas sin derivación a recursos humanitarios o seguimiento sanitario.

Varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia sanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE.

La situación irregular de los módulos de mujeres y el internamiento de una única mujer en el CIE de Aluche, imponiendo forzosamente su aislamiento.

El incumplimiento de los compromisos recogidos en el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y Cruz Roja española para programas de asistencia social, cultural y humanitaria en los CIE.

La inexistencia de servicios de orientación jurídica (SOJ) para personas extranjeras en todos los CIE, que les permita estar informadas de su situación administrativa y formular los recursos legalmente previstos.

La continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios, y la falta de investigación de estos comportamientos, consolidando su impunidad.

La impunidad en que se mueve la Administración tras dificultar incluso negar la entrada a las entidades acreditadas para realizar visitas y la ausencia de respuesta por parte de los juzgados de control a múltiples quejas planteadas.

La situación de vulneración de derechos que sigue teniendo lugar en los CATE, en los que no se garantiza la atención jurídica individualizada ni la traducción y en los que se han producido cuarentenas “voluntarias”, a pesar de que no cuentan con instalaciones apropiadas.

Por todo ello, desde la Campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones exigimos:

La liberación inmediata de todas las personas internas en los CIE y CATE del Estado español y su cierre definitivo. En tanto que se produce el cierre concluyente, reclamamos con carácter urgente: El cese de la actitud pasiva de jueces y juezas de control y su intervención activa para garantizar los derechos humanos de las personas actualmente privadas de libertad en CIE.

Que se definan y apliquen protocolos eficaces para garantizar el derecho a la salud de las personas internas en CIE y CATE y para evitar la propagación de la COVID-19, con especial énfasis en la distribución de material de protección preciso, tanto en número como frecuencia, para todas las personas internas.

Que se fijen y cumplan protocolos que aseguren las visitas de las ONG, familiares y asistencia letrada de las personas internas en CIE.

El fin de las deportaciones por cualquier vía, ya sea terrestre, aérea o marítima, y, particularmente el cese de las deportaciones de personas a países de los que no son nacionales, como a Marruecos, Mauritania o Argelia.

Desistir de la construcción del nuevo macro-CIE de Algeciras y de la reforma de los CIE actuales y reasignar sus partidas presupuestarias a la acogida e inclusión de las personas migrantes.

No dejar a nadie atrás facilitando la regularización de todas las personas migrantes que se encuentran en el Estado español.

Un cambio radical en la gestión migratoria que garantice eficazmente los DDHH de las personas en movimiento en la Frontera Sur, especialmente en las ciudades autónomas y en las islas Canarias.

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