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La consejera de Empleo, Rocío Blanco, cuando era directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, dejó sin efecto en 2018 una sanción de 1,4 millones a la Universidad Internacional de Andalucía por no dar de alta a 2.000 becarios

En su día señaló al Servicio Andaluz de Empleo como posible responsable del alta de los jóvenes. Ahora será su Consejería la que tenga que asumir las cuotas de la Seguridad Social. Lo denuncia en 2019 el sindicato CGT, que recibe contestación de Trabajo a finales de noviembre pasado

Miguel Montenegro, secretario general de CGT-A: “La UNIA es la que no dio de alta en su momento y es la que sale de rositas porque lo vamos a pagar con nuestros impuestos entre todos los andaluces

 

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) va a pagar las cuotas de la Seguridad Social de 2.000 becarios que hicieron prácticas en empresas durante los años 2014 y 2015. Estas prácticas estaban dentro de un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Banco Santander, ejecutado por el SAE a través de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Ni estas entidades ni las empresas dieron de alta a los becarios en la Seguridad Social. En 2018 la entonces directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, la actual consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, puso fin a la vía administrativa del expediente sancionador abierto contra la UNIA, dejando sin efecto el pago de las liquidaciones de cuotas y una sanción de 1,4 millones de euros. Ahora será su consejería la que se tenga que hacer cargo de las cuotas.

Miguel Montenegro, secretario general del sindicato CGT-A, resume el caso: “Hay unos becarios que realizan unas prácticas no laborables en empresas en los años 2014 y 2015. La inspección de trabajo en Málaga actúa. La actual consejera de Empleo siendo directora de la seguridad social en Málaga archiva la resolución de la inspección, desoyendo el requerimiento de la inspección de trabajo de Málaga. Hubo trabajadores que se pusieron en contacto con la CGT por esa situación, nosotros denunciamos y como era algo que afectaba a todo el territorio andaluz lo llevamos a la dirección territorial andaluza y desde ahí ha llegado ahora, a finales de noviembre, esta resolución que obliga a que se regularice esa situación. Mas vale tarde que nunca y vamos a ver como esas dos mil personas por fin regularizan su situación”.



Montenegro sigue explicando a EL OBSERVADOR: “La UNIA es la que no dio de alta en su momento y es la que sale de rositas porque lo vamos a pagar con nuestros impuestos entre todos los andaluces. La persistencia al final tiene su recompensa, el trabajo serio y riguroso que hemos venido haciendo ahí está. Aunque desgraciadamente al final vamos a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas andaluces, porque la propia consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, fue la que, siendo directora de la Seguridad Social en Málaga, instó a que era la Consejería de Empleo la que tenía que responsabilizarse del asunto, y ahora siendo ella la máxima responsable de la Consejería pues se lo ha tenido que comer”.


Entrando más en detalle y tal y como explica Javier Ramajo en un artículo para elDiario.es (AQUÍ), en enero de 2014 la Junta de Andalucía y el Banco Santander firmaron el primero de dos convenios de 1.000 becas anuales para la realización de prácticas en empresas. Estas prácticas son ejecutadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y tanto la universidad como el SAE se desentendieron de dar a los becarios de alta en la Seguridad Social y de pagar las correspondientes cotizaciones. La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en Málaga se da cuenta que los becarios no han sido dados de alta y eleva una consulta a la Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social que entiende que no es posible extender acta de infracción por "imposibilidad de interpretación analógica de las normas sancionadoras". Unos meses más tarde, a principios de 2015, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social concluye que el hecho de no dar de alta a los becarios si es sancionable. En octubre de 2015 la subdirectora general de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social llega a la conclusión que, aunque la financiación de las becas correspondía al SAE, es la UNIA la encargada del alta de los becarios en el Régimen de la Seguridad Social. Así, la Inspección de Trabajo en Málaga extendió en agosto de 2016 acta de infracción grave, por importe de 1.458.279 euros (a razón de 4.689 euros por cada uno de los 311 afectados en la provincia de Málaga) y acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social (por importe de 99.917 euros) por la falta de alta y cotización.

En este punto llegamos a la actuación de la actual consejera de Empleo, Rocío Blanco, que en febrero de 2018 y siendo directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, puso fin a la vía administrativa del expediente sancionador abierto contra la UNIA, dejando sin efecto el pago de las liquidaciones de cuotas y una sanción de 1,4 millones. Blanco argumentó que era el SAE, "cofinanciador y pagador de las becas", quien "ostentaría el carácter de sujeto responsable" de dar de alta a los becarios. Sin embargo, no era el SAE quien abonaba las becas, lo hacían la UNIA, 300 euros al mes a cada becario, y las empresas, 150 euros a cada uno. Tras la resolución de Blanco, la Inspección de Trabajo de Málaga volvió a solicitar en abril de 2018 el criterio de la Dirección General de la Inspección de Trabajo para determinar quién debía dar de alta a los becarios, para levantar nuevas actas de infracción y de liquidación tras el fallido intento que inició en agosto de 2016. Así, el entonces subdirector de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica de la Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, Gonzalo Giménez, consideró que debía ser el SAE el sujeto responsable pero reconociendo por primera vez en todo el proceso que "podría haberse dado la misma irregularidad" de los 311 afectados en Málaga a las otras provincias andaluzas durante los años 2014 y 2015 en las prácticas dirigidas a 2.000 desempleados.


En 2019 la CGT presentó un escrito en la Consejería de Empleo reclamando que el SAE procediera a "la inmediata cotización de los periodos en que los 311 becarios prestaron trabajo efectivo en Málaga y no fueron dados de alta en la Seguridad Social". Según han indicado desde la Consejería, llevan dos años negociando la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, y aseguran que el SAE "realizará los pagos conforme las distintas direcciones provinciales de la Seguridad Social vayan realizando las altas con carácter retroactivo y soliciten las liquidaciones de las cuotas pendientes" y "se cumplirán todas y cada una de las indicaciones que les hagan los organismos de Inspección y de la Seguridad Social".

 


Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

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