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061 EPES, “responsables” que sancionan por pedir medidas de protección contra el coronavirus

En el 061 en Málaga, los máximos responsables del servicio que han sido designados por el dedo divino, decidieron abrir expediente disciplinario en el que aplican el 6 en 1, nada menos que seis acusaciones de comisión de faltas graves y muy graves en un solo proceso sancionador contra el compañero Javier García, Delegado de Prevención de CGT en la EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias), su “culpa”, solicitar a los responsables de la empresa, en pleno estado de alarma con confinamiento domiciliario, que protegieran la salud de la plantilla del 061 y de Ilunion (gestores telefónicos) en la sala de coordinación de emergencias, aplicando las normas que se habían establecido para proteger a los y las trabajadoras del COVID 19. Recordamos que hablamos de personal sanitario y del primer eslabón de la cadena asistencial.

Hoy, 10 de noviembre, se ha celebrado el juicio de impugnación de esa multi-sanción de 72 días de suspensión de empleo y sueldo y en el mismo se han evidenciado las actuaciones arbitrarias, injustas e ilícitas de los latigueros/as de la EPES, incluso mintiendo descaradamente en alguna declaración, como la realizada por la Directora del Servicio Provincial de Málaga que ha aseverado que cualquier acceso a la sala de coordinación la autoriza únicamente ella porque trabaja 24h al día, siete días a la semana y 365 días al año, algo preocupante por el agotamiento que le puede suponer a esta Sra. si fuese verdad que no tiene vacaciones ni descansos…. y que está en el centro como la puntilla del almanaque. Ver para creer. Algunas de las afirmaciones que se han escuchado sonrojarían a cualquier trabajador o trabajadora conocedor de la empresa, pero al parecer a alguna de estas personajes no les importa mentir con tal de que se ratifique el injusto castigo a Javi por reclamar medidas de protección para todas y todos.

Es el segundo acto judicial que cubrimos desde Onda Barricada, queriendo traer a nuestras/os seguidores la realidad de muchas empresas e incluso organizaciones sindicales de nombre, en las que existe una tendencia a judicializar las relaciones laborales. Nos llama la atención comprobar los casos que se llevan a unos juicios rocambolescos y absurdos, pero lo que más nos llama la atención es que desde las distintas administraciones o empresas públicas, sus altos cargos los fuerzan y acuden a ellos, por más absurdos que sean, simplemente porque entre todos y todas, incluidos los afectados por los desmanes empresariales, pagamos el procedimiento, sin que a los inquisidores/as les cueste nada de su bolsillo, y tal vez sea por eso que de forma temeraria atentan contra los derechos laborales y principios básicos.

Como reflexión nos quedamos con que para evitar esta judicialización de la vida laboral y delegar las relaciones laborales en “sus Señorías”, existe una fórmula infalible que puede evitarlo, la ACCIÓN SINDICAL Y EL APOYO MUTUO.

 

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