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CGT exige a la Junta de Andalucía la realización de test de detección del COVID 19 a todas las personas que trabajan en Ayuda a Domicilio y la retirada del acuerdo del Consejo de Gobierno del 30 de marzo en lo referente a este colectivo

La Sección Sindical autonómica de CGT del SAD, se ha dirigido por carta al Presidente de la Junta de Andalucía y a las Consejerías de Presidencia, Salud y Políticas sociales, en la que solicita:

 1-* Realización de Test a todo el colectivo del SAD a nivel andaluz y con ello prevenir contagios, dado el volumen de personas de riesgo a los que atienden día a día, sin poder saber cuántas pueden ser portadoras del virus, con signos asintomáticos y poner en grave riesgo a la población.

2-* Modificación de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno del 30 de marzo referente a este colectivo, en cuanto a la atención de personas con sintomatología o positivos con EPI y no al resto, solicitando que los EPI fijados por el Ministerio de Sanidad sean de carácter obligatorio durante el desarrollo de este trabajo hasta el fin de la pandemia, en vista de los casos asintomáticos que pudieran tener y que pueden llegar a ser de hasta el 70%,como se recogen en distintas publicaciones.

3-* Instar a los Ayuntamientos al control riguroso a las empresas privadas concesionarias, forzando a estas a la entrega puntual de los EPI adecuados para el desempeño profesional con todas las garantías para profesionales y usuarias, fijando sanciones, en caso de incumplimiento en materia preventiva, que puedan llevar a la pérdida de las concesiones y a la no participación en concursos de licitaciones públicas.

 Para CGT es prioridad “CUIDAR A QUIENES CUIDAN”, por eso consideran una irresponsabilidad del Gobierno andaluz limitar el uso de EPI para el desarrollo del trabajo en Ayuda a Domicilio, donde se está en contacto con personas de alto riesgo, con los que no se puede mantener la distancia de seguridad establecida por el Ministerio de Sanidad, dado que la labor de aseo e higiene personal que se les debe realizar obliga a tener contacto directo y en consecuencia convierte a este colectivo, con ese tipo de decisiones, en vehículo de contagio social, tanto entre usuarios de la ayuda a domicilio, como de familiares de las auxiliares o incluso en los transportes públicos usados por las profesionales para los desplazamientos entre domicilios.

Esta maniobra del Gobierno andaluz en defensa de los intereses de las empresas del sector, para ahorrarle los gastos en EPI, es una medida que atenta directamente en el estado de pandemia actual contra la salud de toda la sociedad y vislumbra cuales son las preocupaciones reales de nuestros gobernantes, que no son otras que proteger al empresariado para que se lucre aún más con concesiones públicas de esta crisis sanitaria, y dejar en total desprotección a las auxiliares de Ayuda a Domicilio, a sus familias y a las personas dependientes y grandes dependientes a las que se les presta el servicio esencial de ayuda social presencial en sus domicilios, generando un foco de expansión del coronavirus mientras se tiene confinada a la población para intentar impedirlo.

¿Será una intención también de eliminar a un importante número de pensionistas?

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