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Crisis del Covid-19: Pagamos las de a pie y los de siempre

De forma incomprensible, los hechos nos demuestran que la salud de las personas trabajadoras, se ha situado en un segundo plano desde el inicio de esta crisis. Han primado, una vez más, los intereses empresariales; es decir, los intereses de aquellos que pagan menos impuestos, ya que dos de cada tres euros recaudados,  provienen de la clase trabajadora, mientras que solo uno proviene de las empresas.

Las medidas preventivas necesarias para evitar los contagios no se han garantizado debidamente en los centros de trabajo y desgraciadamente, todavía siguen sin garantizarse. Porque no basta con promulgar reales decretos o procedimientos de actuación desde el Ministerio de Sanidad para que los servicios de prevención de las empresas implanten las medidas de seguridad adecuada; también es necesario garantizar la credibilidad y eficacia de quienes han de constatar dicho cumplimiento.

La disparidad de criterios en la Inspección de Trabajo durante esta crisis, se ha evidenciado de forma terrible, tanto durante las dos últimas semanas del mes de marzo, como durante estos primeros días de abril tras la promulgación del RD-ley 10/2020, en relación a la paralización de actividades no esenciales.

Muchas de las medidas del gobierno han llegado tarde, especialmente la mencionada anteriormente. La salud de las personas debe estar siempre por delante de los intereses económicos de unos pocos. Sin embargo, se ha tenido demasiado en cuenta la reacción de una patronal que paralelamente, se ha mostrado insumisa en multitud de ejemplos ante la aparición de las normas que se iban promulgando mientras seguían aumentando los contagios en los centros de trabajo. Y, lo que es todavía más grave, mientras se incrementaban las muertes en los hospitales o en los domicilios de las personas trabajadoras, especialmente aquéllas cuyas condiciones de trabajo son más precarias.

La reacción de la CGT el pasado lunes fue clara. Nos felicitábamos porque, al fin, se había decretado una norma para reducir la movilidad y proteger a las personas cuyas actividades no son esenciales. Una medida que llevábamos reclamando al gobierno desde hacía muchos días. Sin embargo, las empresas y la inacción de la Administración están dejando vacía de contenido la medida. Ahora toca analizar la letra pequeña de las medidas más relevantes en materia laboral.

TELETRABAJO: Se ha demostrado la incapacidad de las empresas para organizarlo; son en la mayoría de los casos las trabajadoras y trabajadores quienes deben aportar los medios para realizarlo y además se está dificultando de una manera terrible la conciliación de la vida laboral y familiar, al exigirse la misma productividad que en el propio centro de trabajo, lo que está provocando que se trabajen más horas de las debidas.

ERTE: Las personas afectadas por esta situación solo tienen garantizado el 70% de su salario. Cabe añadir que los empresarios no han de pagar nada si la empresa es de menos de 50 trabajadores, y si es de más de 50 solo pagarán el 25% seguridad social. ¿Quién paga ese 70% del salario? Se paga mediante los impuestos, de los que, como ya hemos indicado anteriormente, dos de cada tres euros son aportados por la clase trabajadora.

REDUCCIONES DE JORNADA HASTA el 100%. Aquí la clase trabajadora no cobrará por el tiempo reducido. Además, hay empresas que están dando de baja en la seguridad social a los trabajadores y las trabajadoras ilegalmente, en su mayoría mujeres, y en su mayoría pertenecientes a sectores precarios.

PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE. No se garantiza que se respeten derechos básicos de las personas trabajadoras como las vacaciones o el tiempo de descanso, y además, en caso de no alcanzarse un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, es el empresario quién decide cómo se recupera. O dicho de otro modo: después del confinamiento en casa, las personas trabajadoras van a verse confinadas en los centros de trabajo. Una medida que dejará en suspenso para todo 2020 las medidas de conciliación anteriormente existentes.

Se hace necesario, y de forma urgente, garantizar medidas que verdaderamente respalden a la gente. Una Renta Básica de las Iguales (RBis) es la única vía razonable que contemplamos para garantizar esa cobertura, y por tanto dicha renta debe ser urgente, individual, universal e incondicional.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

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