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CGT lamenta la falta de respeto de la patronal a los servicios mínimos establecidos por decreto de las administraciones para la Huelga General del 8M en Andalucía.

Tras las primeras  horas de la huelga general podemos comprobar por las calles de pueblos y ciudades andaluzas que las empresas y las propias administraciones públicas están incumplimiento los servicios mínimos decretados  y con ello demuestran la falta de sensibilidad hacía los motivos de la huelga en los que clamamos por la igualdad real entre hombres y mujeres, contra las violencias de todo tipo hacía nuestras compañeras, amigas, hermanas, madres, hijas…y por la adopción de medidas reales que lleven al cese definitivo de unas prácticas que sitúan a la mujer, en general, como trabajadoras o ciudadanas de segunda.
 

Estos hechos latentes vienen a demostrar que la patronal andaluza, pese a sus manifestaciones públicas, no quieren acabar con las discriminaciones hacia las mujeres por el hecho de serlo y que necesitan de esa mano de obra precaria y sometida, que les lleve a seguir obteniendo pingües beneficios sin importarle las personas, en el caso contrario no estarían violando los servicios mínimos impuestos.

Por otra parte, las Administraciones públicas, gestionadas por políticos/as de todos los colores, aun cuando llenan sus bocas de palabras en defensa de la igualdad y el cese de tratos diferenciados a las mujeres en el trabajo y se dan codazos por aparecer públicamente en concentraciones y manifestaciones, con sus actos demuestran que no es lo mismo hablar que hacer, remitiéndonos, por ejemplo, a los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía donde se vuelve a impedir el libre ejercicio del derecho a la huelga que conmemora el día internacional de la Mujer Trabajadora, cuando se implantan por decreto el 100% de los servicios públicos a prestar durante la jornada de huelga de este domingo 8 de marzo en muchos de los trabajos encargados a empresas públicas, agencias, subcontratas, etc.

Desde CGT vamos a adoptar medidas legales contra las empresas incumplidoras de los servicios mínimos impuestos por decreto administrativo y contra la propia administración que ha establecido en muchos casos el 100% de mínimos impidiendo de facto el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, despreciando las sentencias firmes de años anteriores por las que se los declaraban ilegales por abusivos.

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