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Cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía han sido condenados a penas de cárcel de más de cinco años por crear una estructura de contratación paralela

Cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucia han sido condenados a penas de carcel de mas de cinco anos por crear una estructura de contratacion paralela en la Direccion de Trabajo de la Consejeria de Empleo. Lo hicieron a traves de la empresa Umax, a cuyo dueno, Ulpiano Cuadrado, tambien se le ha impuesto una condena similar. Entre los encausados se encuentra Javier Guerrero,? antiguo director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz,?principal acusado en el?caso de los ERE.?Esta condena, impuesta por la Audiencia de Sevilla y contra la que cabe recurso de casacion, es el primer fallo que implica carcel para Guerrero, que se enfrenta a ocho anos de prision y 30 de inhabilitacion por la macrocausa de los cursos de formacion.

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Se trata tambien de la primera condena por corrupcion que se impone en un caso que se deriva, precisamente, de?la causa de los ERE, que la juez Mercedes Alaya envio a reparto. Los hechos juzgados en el conocido como?caso Umax?son una muestra de la sensacion de permisividad y falta de control bajo las que se ampararon algunos miembros de la Administracion de la Junta a principios de 2000 para lucrarse mediante actos fraudulentos. A los cinco acusados se les han impuesto penas por delitos continuados de prevaricacion, malversacion y falsedad documental.

El tribunal considera probado que en 2003 Guerrero “decidio crear en la Consejeria de Empleo una estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relacion de trabajo vigente […] con incumplimiento de la normativa de contratacion en el sector publico”. De acuerdo con la sentencia, entre 2003 y 2010 se llegaron a contabilizar “44 trabajadores contratados” a traves de Umax. Algunos de esos empleados, mantiene el fallo, “estaban relacionados por vinculos de vecindad y amistad” con Guerrero y “de parentesco” en el caso de Juan Marquez, otro de los condenados, que tambien ocupo el cargo de director general de Trabajo como sucesor de Guerrero.

La constitucion de esa administracion paralela se “concerto verbalmente” con Cuadrado, el titular de Umax que es de quien recibe el nombre el caso cuyo fallo se ha conocido este jueves. Guerrero le indico, de acuerdo con los hechos probados, que contratara a las personas que el le senalara para que prestaran sus servicios en exclusiva en distintas sedes de la Consejeria de Empleo. Guerrero tambien determino que se les abonara las mismas cantidades que el empresario pagaba a sus empleados “mas las cuotas de Seguridad Social, IVA y un porcentaje que nunca seria inferior al 20% como beneficio empresarial”, unas condiciones que implicaba, senala la sentencia, “un perjuicio para la Administracion publica, que no habria necesitado pagar estos ultimos conceptos de haber realizado su contratacion por los cauces legales”.

Arreglar el desaguisado

La Audiencia cifra las cantidades correspondientes al pago de nominas de los trabajadores de Umax?cedidos?entre 2003 y 2010 a la Consejeria de Empleo en 2,4 millones de euros. Los fondos para el abono provenian de “subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejeria de Empleo”, sostiene el fallo, y para tratar de ocultar la ilegalidad de la contratacion "se utilizo el sistema de simular contratacion de contratos menores inexistentes" o "procedimientos de negociacion sin publicidad".

En 2010, cuando Cuadrado acudio al nuevo director general de Empleo Daniel Alberto Rivera para explicarle la situacion de los trabajadores de su empresa y reclamarle el pago de sus nominas, Rivera se lo comunico al viceconsejero de Empleo que “le indico que arreglara el desaguisado “ y le ordeno que “los trabajadores debian abandonar?ipso facto?las dependencias de la consejeria, lo que asi se hizo”, describe la sentencia. Rivera ha sido condenado a siete anos de inhabilitacion especial para empleo o cargo publico.

Estos trabajadores, sin embargo, tras ser despedidos fueron contratados en su mayoria por la extinta Fundacion Andaluza Fondo de Formacion y Empleo (Faffe), una entidad que esta tambien en el punto de mira de los tribunales por?el gasto en prostibulos con dinero publico de uno de sus exdirectivos y un presunto uso indebido de los fondos en restaurantes, bares de copas, regalos y peajes de autopista.

Todos los acusados, ademas, han sido condenados a indemnizar a la Junta por un total de 1.373.672,05 euros, una cantidad de la que es responsable civil subsidiaria la empresa Umax.

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