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Cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía han sido condenados a penas de cárcel de más de cinco años por crear una estructura de contratación paralela

Cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía han sido condenados a penas de cárcel de más de cinco años por crear una estructura de contratación paralela en la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo. Lo hicieron a través de la empresa Umax, a cuyo dueño, Ulpiano Cuadrado, también se le ha impuesto una condena similar. Entre los encausados se encuentra Javier Guerrero,  antiguo director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz, principal acusado en el caso de los ERE. Esta condena, impuesta por la Audiencia de Sevilla y contra la que cabe recurso de casación, es el primer fallo que implica cárcel para Guerrero, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por la macrocausa de los cursos de formación.

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Se trata también de la primera condena por corrupción que se impone en un caso que se deriva, precisamente, de la causa de los ERE, que la juez Mercedes Alaya envió a reparto. Los hechos juzgados en el conocido como caso Umax son una muestra de la sensación de permisividad y falta de control bajo las que se ampararon algunos miembros de la Administración de la Junta a principios de 2000 para lucrarse mediante actos fraudulentos. A los cinco acusados se les han impuesto penas por delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad documental.

El tribunal considera probado que en 2003 Guerrero “decidió crear en la Consejería de Empleo una estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relación de trabajo vigente […] con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público”. De acuerdo con la sentencia, entre 2003 y 2010 se llegaron a contabilizar “44 trabajadores contratados” a través de Umax. Algunos de esos empleados, mantiene el fallo, “estaban relacionados por vínculos de vecindad y amistad” con Guerrero y “de parentesco” en el caso de Juan Márquez, otro de los condenados, que también ocupó el cargo de director general de Trabajo como sucesor de Guerrero.

La constitución de esa administración paralela se “concertó verbalmente” con Cuadrado, el titular de Umax que es de quien recibe el nombre el caso cuyo fallo se ha conocido este jueves. Guerrero le indicó, de acuerdo con los hechos probados, que contratara a las personas que él le señalara para que prestaran sus servicios en exclusiva en distintas sedes de la Consejería de Empleo. Guerrero también determinó que se les abonara las mismas cantidades que el empresario pagaba a sus empleados “más las cuotas de Seguridad Social, IVA y un porcentaje que nunca sería inferior al 20% como beneficio empresarial”, unas condiciones que implicaba, señala la sentencia, “un perjuicio para la Administración pública, que no habría necesitado pagar estos últimos conceptos de haber realizado su contratación por los cauces legales”.

Arreglar el desaguisado

La Audiencia cifra las cantidades correspondientes al pago de nóminas de los trabajadores de Umax cedidos entre 2003 y 2010 a la Consejería de Empleo en 2,4 millones de euros. Los fondos para el abono provenían de “subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de Empleo”, sostiene el fallo, y para tratar de ocultar la ilegalidad de la contratación "se utilizó el sistema de simular contratación de contratos menores inexistentes" o "procedimientos de negociación sin publicidad".

En 2010, cuando Cuadrado acudió al nuevo director general de Empleo Daniel Alberto Rivera para explicarle la situación de los trabajadores de su empresa y reclamarle el pago de sus nóminas, Rivera se lo comunicó al viceconsejero de Empleo que “le indicó que arreglara el desaguisado “ y le ordenó que “los trabajadores debían abandonar ipso facto las dependencias de la consejería, lo que así se hizo”, describe la sentencia. Rivera ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Estos trabajadores, sin embargo, tras ser despedidos fueron contratados en su mayoría por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una entidad que está también en el punto de mira de los tribunales por el gasto en prostíbulos con dinero público de uno de sus exdirectivos y un presunto uso indebido de los fondos en restaurantes, bares de copas, regalos y peajes de autopista.

Todos los acusados, además, han sido condenados a indemnizar a la Junta por un total de 1.373.672,05 euros, una cantidad de la que es responsable civil subsidiaria la empresa Umax.

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