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Un investigador del caso ERE de Andalucía destaca la codicia de los sindicatos: «No te vas a llevar tú todo»

ANTONIO R. VEGA
@antonio_rvega

SEVILLAActualizado:24/04/2018 12:48h

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«Esto no es una idea del señor Guerrero. Nos dice que las cosas les vienen dadas de arriba». Un responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abrió este lunes las declaraciones de los testigos en el juicio del caso ERE. Este agente desarmó el cortafuegos argumental construido por los principales acusados para librarse de cualquier eventual condena.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de los seis exconsejeros que le acompañan en el banquillo de los acusados, habían asegurado ante el tribunal que les juzga que ignoraban tanto el procedimiento de concesión de las ayudas como la gestión de las mismas por parte de quien fuera director general de Trabajo de la Junta entre septiembre de 1999 y abril de 2008, Francisco Javier Guerrero, dentro de la Consejería de Empleo.

El investigador también destacó la codicia de conseguidores, bufetes de abogados, mediadoras y sindicatos que sacaron tajada de la tramitación de ayudas de prejubilación a los parados andaluces. Señala que las mediadoras Vitalia y Uniter y conseguidores como Juan Lanzas «necesitaban más ERE para ganar dinero». Buscaban a los comités de empresa para ofertarle la financiación de reajustes de plantilla. Incluso rehusaban hacer ERE si no les daban ayudas.

 

Uno de los episodios que cuenta en su declaración es el relacionados con los representantes de UGT y CC.OO. que cobraban parte de las ayudas en concepto de «gastos de movilización» o de trabajo sindical. «Una vez fueron al despacho de Uniter y le dijeron “no te vas a llevar tú todo” y se acordó pagarle lo mismo a un sindicato que a otro», relata.

 

«Algunos consejeros lo sabían y entiendo que el Gobierno andaluz lo debía saber»

 

La «bomba» de su testimonio llegó casi al final, cuando el fiscal le preguntó por el atestado entregado en abril de 2015 al juez del Tribunal Supremo ante el que declararon Chaves, Griñán y los exconsejeros de Presidencia y de Empleo, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, que entonces ocupaban escaños en las Cortes y estaban aforados. El agente ratificó todos los informes que firmó durante la instrucción, incluido el que implicaba a Zarrías en el fraude de los ERE.

En su opinión, el procedimiento irregular que se enjuicia nace de una necesidad social que el Ejecutivo «lleva en su programa de gobierno». «Detecta que hay un problema y el Gobierno toma una decisión y eso se ve refrendado a través de las modificaciones presupuestarias» que llegan al Consejo de Gobierno para ampliar partidas de los ERE «con el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos», que se limita a tramitar los expedientes para ampliar el crédito del programa 31L.

El responsable de la Guardia Civil apunta directamente a Zarrías, mano derecha de Chaves durante más de 15 años, así como a Viera. Ambos «tenían conocimiento del procedimiento y de cómo se daban esta clase de ayudas». Pero no sólo el ex número dos del Ejecutivo lo sabía.

 

El director de Trabajo les decía a las aseguradoras: ‘Oye, este dinero que te he dado para esta póliza, empléalo en esta otra cosa’»

 

Recuerda que Zarrías declaró que «el Gobierno andaluz se da cuenta de que hay un problema» con las crisis laborales surgidas por el cierre de empresas y «tiene que atajarlo de manera ágil». «Dentro de esa agilidad entra la discrecionalidad para resolver estos asuntos». Pesan, sobre todo, los reparos que la Intervención delegada de Empleo puso al primer convenio suscrito con el IFA en el año 1999 para dar una ayuda de 685.153 euros (114 millones de las antiguas pesetas) a Cárnicas Molina. «No hay convenio, pero el IFA paga». Fue la «génesis» del caso ERE.

El posterior convenio de 2001 «abrió la espita» para dar ayudas sin control. En el expediente de la fábrica de chorizos de finales de los noventa ya aparecen «todos los actores» que han llenado páginas de atestados: el exdirigente de UGT y conseguidor Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís, la mediadora Vitalia y el uso de una agencia, IFA/IDEA, como «caja pagadora».

La teoría de Chaves de limitar el fraude a la actuación de «cuatro golfos» fue desmentida por este agente con más nitidez cuando contestó a las preguntas del abogado Luis García Navarro, que ejerce la acusación popular por parte del PP andaluz. «¿El Consejo de Gobierno era conocedor de que se estaban dando ayudas y de la forma en que se daban?», le cuestionó.

Tras unos segundos de duda, el responsable de la UCO asiente después de enumerar distintos indicios: «De las ayudas era consciente. ¿Del procedimiento exacto? Se están aprobando modificaciones presupuestarias [por el Consejo de Gobierno], se está viendo que se cambian partidas con una fiscalización a otra con distinta fiscalización, se especificaban para qué eran e incluso las empresas».

Por tercera vez se pronunció sobre este asunto cuando el abogado de Griñán, José María Mohedano, le preguntó si conocían el procedimiento Chaves y su defendido. «Algunos consejeros lo sabían y entiendo que el Gobierno lo debía saber», replicó. El letrado, no conforme, le repitió la pregunta. El presidente de la sala, Juan Antonio Calle, cortó en seco. «Si habla del Gobierno, incluye al Gobierno», puntualizó el juez.

El investigador que lleva desde el verano de 2011 siguiendo del rastro de dinero público repartido por la Junta de Andalucía en ayudas sociolaborales y a empresas —un total de 855 millones entre 2000 y 2011— describió el «descontrol» reinante en la Junta de Andalucía.«No había ningún control. En el ERE del restaurante Río Grande no había expediente ni figuraba convenio, se paga con un pago cruzado. La jefa de servicio de fiscalización de la Junta de Andalucía dijo que nunca había visto nada así», rememora.

A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, este agente especializado en perseguir los delitos de corrupción aseguró que no sabía concretar los criterios de la Junta a la hora de seleccionar a los beneficiarios de fondos. «No hay norma reguladora por parte de la Administración. Eso está claro», subraya. «Es que no había nada» porque se estableció un sistema que «no sólo omitía la fiscalización crítica (previa) sino también el control posterior».

El destino de las ayudas

A la vista de las montañas de documentos que han pasado por sus manos procedentes de la Consejería de Empleo, de la agencia que pagaba las ayudas (IFA/IDEA), de los interventores de la Junta o de la Dirección General de Presupuestos, el responsable de la UCO emite un diagnóstico severo: «Hay tal descontrol que lo que ocurre es básicamente que el IFA está pagando sin un respaldo presupuestario» porque se comprometían más ayudas que dinero había reservado en las cuentas autonómicas. «Guerrero y creo que también Márquez [su sustituto en la Dirección de Trabajo] le dice a través de correos a las aseguradoras —con las que los prejubilados suscribían las pólizas—: ‘Oye, este dinero que te he mandado págaselo a otro’. Hay tal descontrol que lo que se hace es parchear».

El dinero «se derivaba» a «mil cosas», desde el pago de intrusos «que ni siquiera habían trabajado en la empresa» que presentaba el ERE financiado con fondos públicos, hasta salarios, una escultura, pagos a mediadoras, a bufetes y a sindicatos, sobres de dinero en metálico y regalos para ex altos cargos.

Un banquillo sin acusados

Las sillas que han ocupado durante los últimos cuatro meses los 22 antiguos altos cargos del Gobierno andaluz enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla se quedaron desde este lunes vacías. El tribunal acordó el pasado miércoles eximir a los acusados de la «penitencia» de tener que acudir a la sala al objeto de que puedan «compatibilizar» su vida cotidiana con el desarrollo de esta macrocausa, que se prolongará, al menos, hasta el mes de noviembre. Hay en torno a 150 testigos llamados a declarar.

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