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3 de septiembre. Manifestación por la educación pública

Un curso más, los centros educativos andaluces abrirán sus puertas con menos docentes de los necesarios, ratios excesivas, sustituciones sin cubrir, profesorado de apoyo dedicado a otras funciones, horarios arbitrarios al margen de la normativa, dotaciones insuficientes, sumisa implantación de la LOMCE, insuficiente oferta en FP y Enseñanzas artísticas...

 

El Gobierno andaluz mantiene su errática política, sin planificación, actuando con medidas de finalidad propagandística y de dudoso impacto en la mejora de la calidad del sistema educativo y aumentando los recortes y la precariedad.

 

El deterioro de la Educación Pública Andaluza es un hecho innegable que repercute de lleno en el empleo y las condiciones laborales. Cuestiones como la supresión de mil puestos docentes, especialmente en las especialidades de Primaria, Infantil y Educación Física, la precipitada implantación de la segunda lengua extranjera en Primaria, la eliminación de las horas adicionales en los centros bilingües o la arbitrariedad en los horarios de Secundaria y Formación Profesional, no son sino los penúltimos capítulos de la política de desmantelamiento, abandono y menoscabo de una Escuela Pública que mantiene su calidad gracias al esfuerzo diario de los y las profesionales que trabajan en ella.

 

 La comunidad educativa traslada al Gobierno andaluz la urgente necesidad de acabar con los recortes. La reversión de la política educativa en Andalucía es una urgencia inaplazable. Como medidas inmediatas exigimos la bajada generalizada de las ratios, la cobertura de todas las vacantes y bajas desde el primer día, la supresión del sistema de cupos para sustituciones, el respeto a las funciones del profesorado de apoyo y refuerzo y una solución real a las irregularidades en los horarios del profesorado.

 

Asimismo, consideramos ineludible abordar tanto una oferta de empleo pública amplia como un acuerdo de garantías para la estabilidad del profesorado interino.

 

Finalmente, exigimos la revisión de los conciertos educativos priorizando la oferta pública.

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