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El comité de empresa de Salud Responde exige a la Junta de Andalucía la anulación de la próxima licitación privada del servicio


-* En Diciembre el parlamento andaluz exigió al gobierno la dignificación de las condiciones de trabajo de las contratas de EPES y su integración en las empresas públicas
-* La actual concesionaria no quiere seguir prestando el servicio

El pleno del comité de empresa de Salud Responde ha decidido dirigirse a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública de Emergencias (EPES), exigiendo la inmediata retirada de la oferta de concesión por subcontrata de este servicio, en base a diferentes consideraciones. Así, este comité ha señalado que en diciembre del 2015 el parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley (PNL) por la que se exigía al gobierno la dignificación de las condiciones de trabajo de las contratas de EPES, así como su integración en la empresa pública, cual es el caso de Salud Responde, cuya concesión ahora se pretende licitar de nuevo para que el servicio siga estando atendido por una empresa privada (en estos momentos, Arvato Qualytel).

Para este comité de empresa el atropello que se quiere perpetrar con este nuevo concurso es más grave aún, al conocer que la actual concesionaria no quiere seguir haciendo negocio a costa de las condiciones sociolaborales de la plantilla de Salud Responde, por lo que se entiende que EPES ha ofertado unas condiciones que van en dirección opuesta a la de dignificar y mejorar las circunstancias de trabajo y el mantenimiento del mismo, cual fue el mandato del Parlamento Andaluz.

Por todo lo cual el comité ha vuelto a manifestar su rechazo a la licitación de Salud Responde a través de empresa privada comisionista, exigiendo que se dé cumplimiento a lo acordado en la sede de la soberanía del pueblo andaluz y solicitando que el personal que atiende el servicio pase a formar parte de la plantilla de EPES a partir de la terminación de la actual subcontrata.

El comité de empresa ha señalado en su escrito, finalmente, que el dinero público debe destinarse a la generación de empleo estable y de calidad, tendiendo a la eliminación de empresas interpuestas que, sin exponer nada, se vienen beneficiando históricamente del patrimonio de todos los andaluces a costa de la calidad del servicio y de las condiciones laborales y económicas que soportan los trabajadores que lo atienden.

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