Foto arton5932
Sin comentarios 145 veces visto

Un juez abre la puerta a que la Junta responda por el fraude de los cursos

Un juzgado de Huelva abre la puerta a que la Junta de Andalucía tenga que responder por el daño presuntamente provocado por sus funcionarios en el fraude millonario de los cursos de formación, que sólo en esta provincia alcanza a 27 empresas con 75 imputados.En un auto fechado el pasado 22 de marzo, el magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, niega a la Administración autonómica capacidad para ejercer la acusación particular y admite su personación en el caso en calidad de responsable civil subsidiario.El juez que investiga el caso Edu en Huelva resuelve así la petición de la Junta, que el 21 de abril de 2015 solicitó su personación en la causa como perjudicada. El juzgado tiene a esta parte por personada desde el 30 de abril del pasado año, pero no había determinado hasta ahora en calidad de qué a la espera de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícia Nacional le remitiera un atestado.La resolución del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva se produce después de que el cuerpo policial que tiene encomendada la investigación entregara un informe el pasado 10 de marzo en el que imputa delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a seis altos cargos y funcionarios de la Junta. A saber: Eduardo Manuel Muñoz, antiguo director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva; José Ángel Gil Flores, ex jefe de servicio de Formación; José Martínez Iglesias, secretario general de la Delegación de la Consejería de Empleo en Huelva; Manuel María Velázquez Cabrera, jefe de departamento de Análisis y Programación, y dos técnicos.El instructor considera que, tras las diligencias de investigación practicadas hasta el momento, «queda claro» que «existen indicios de infracción penal en la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos», requisito que fija la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo para que opere la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones públicas.Lo que no detalla el juez en el auto es ante quién tendría que restituir el eventual daño la Administración autonómica en el caso de que, en un futuro, funcionarios públicos fueran declarados penalmente responsables de los delitos que se investigan. ¿La Junta respondiendo ante la propia Junta? ¿O acaso ante la Unión Europa, que cofinanció cursos de formación bajo sospecha?La resolución del magistrado Javier Romero puede abrir un camino en la instrucción de otras causas por hechos similares que se dilucidan en otros juzgados andaluces, si bien el auto no es firme y la Junta puede recurrir en apelación ante la Audiencia de Huelva.En la causa que investiga el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva están imputados -entre otros- el ex consejero Ángel Ojeda, por las ayudas concedidas a la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe), y el ex alcalde socialista de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado por las subvenciones a El Paraíso de la Dehesa SL.Comisión de investigaciónTambién ha sido imputado por la UDEF José Ángel Gil Flores, jefe de servicio de Formación ya jubilado que declaró este lunes en el Parlamento ante la comisión de investigación que trata de depurar responsabilidades políticas por el fraude de la formación profesional para el empleo.Gil Flores proclamó la honradez e imparcialidad de su gestión durante los casi 12 años que ocupó el cargo (2001-2013), periodo en el que tuvieron lugar las graves irregularidades que llevó al interventor provincial de Huelva a proponer la emisión de un informe de actuación por posible menoscabo de fondos públicos.El funcionario trató de desacreditar algunos de los incumplimientos que el interventor puso de manifiesto en su informe especial sobre las ayudas concedidas por la dirección del SAE en Huelva entre 2009 y 2012, si bien admitió y asumió íntegramente la responsabilidad por no haberse dictado resoluciones de ampliación de los plazos de ejecución de las acciones formativas a raíz del cambio normativo en 2009.Gil Flores atribuyó este incumplimiento a razones de «inercia», por cuanto la orden que estuvo en vigor desde el año 2000 otorgaba a las comisiones mixta esa facultad. «¿Que es culpa mía? Lo asumo», reconoció el funcionario a preguntas de la diputada de IU Elena Cortés. Y alegó: «No daña a terceros, no causa ningún tipo de inconveniente en la gestión de esa subvención».El compareciente consideró un «juicio temerario» que el interventor provincial de la Junta en Huelva sostenga la existencia de menoscabo de fondos públicos como consecuencia de una «relajación de los controles», como el técnico declaró cuando compareció ante la comisión parlamentaria el pasado 7 de marzo.«Cómo se atreve el interventor provincial a asegurar que ha habido menoscabo, cuando la competencia para decir eso está muy por encima de él, en el Tribunal de Cuentas», afirmó Gil Flores, convencido de que no ha prescrito un solo expediente. «Sin saberlo no tengo más remedio que estar seguro», respondió a la parlamentaria Marta Bosquet (C’s).El funcionario llamó la atención por el hecho de que el interventor no hubiera puesto reparos inicialmente a expedientes que en la muestra auditada sí aparecían con incumplimientos.Solicitante y concedente de ayudasLa comparecencia del ex director gerente del consorcio Ciomijas José Gutiérrez Muñoz ante la comisión parlamentaria de investigación ha servido este lunes para constatar una situación anómala y que ya detectó la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización.Era el presidente del consorcio por su condición de director general de Formación para el Empleo el que solicitaba al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la subvención para que estos entes participados por la Junta y algunos ayuntamientos pudieran desarrollar las acciones formativas. Nada extraordinario si no fuera por el hecho de que el SAE dependía de la Dirección General de Formación para el Empleo y que era éste el que daba por buenas las facturas justificativas de gastos que se le presentaban. Para completar la secuencia, el SAE ha abierto años después expedientes de reintegro -cuatro en el caso del Ciomijas por unos seis millones- por facturas injustificadas.«¿Quién se hace trampas en el solitario?», le preguntó el diputado del PP Miguel Ángel Torrico a José Gutiérrez. La respuesta de éste fue suficientemente expresiva: «[Me quedo] lo mismo de pasmado que usted. Comparto su pregunta».En respuesta al parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, el compareciente había asegurado previamente que esta circunstancia la puso de manifiesto «un montón de veces» al entender que un mismo órgano «no podía estar en misa y repicando». Y lamentó que la Intervención no hubiera dicho nada.José Gutiérrez afirmó que, tras el informe de la Cámara de Cuentas, se desligó el papel y la presidencia del consorcio pasó a la delegada provincial de la Consejería de Educación.El compareciente defendió su gestión y aseguró que no hizo ningún pago sin que estuviera fiscalizado previamente por el interventor ni autorizado por la presidencia del consorcio.

Galeria

Recomendados

CGT critica trato discriminatorio en la parada del mes de septiembre en la refinería Cepsa Campo de Gibraltar

Desde CGT nos anticipamos en dar la información ante la forma de contratación que se va a llevar a cabo por parte de la [...]

Ex de Delphi se reúnen con Podemos para impulsar el empleo en Cádiz

Podemos-En Comú Podem y En Marea han registrado una solicitud de información en la Cámara Baja para que todas las formac [...]

Quinta semana de paros parciales de tres horas de Correos de Algeciras

Esta mañana se ha iniciado la quinta semana de paros parciales de tres horas, de 11:00 a 14:00, llevadas a cabo por la p [...]

0 comentarios

Aún sin comentarios

Puedes ser el primero en comentar esta noticia!

Deja tu Comentario

Tu email no será publicado. Los campos obligatorios estan marcados con el simbolo *

¿ Cuanto es uno + ocho ?