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Un juez abre la puerta a que la Junta responda por el fraude de los cursos

Un juzgado de Huelva abre la puerta a que la Junta de Andalucia tenga que responder por el dano presuntamente provocado por sus funcionarios en el fraude millonario de los cursos de formacion, que solo en esta provincia alcanza a 27 empresas con 75 imputados.En un auto fechado el pasado 22 de marzo, el magistrado del Juzgado de Instruccion 5 de Huelva, Javier Romero, niega a la Administracion autonomica capacidad para ejercer la acusacion particular y admite su personacion en el caso en calidad de responsable civil subsidiario.El juez que investiga el caso Edu en Huelva resuelve asi la peticion de la Junta, que el 21 de abril de 2015 solicito su personacion en la causa como perjudicada. El juzgado tiene a esta parte por personada desde el 30 de abril del pasado ano, pero no habia determinado hasta ahora en calidad de que a la espera de que la Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional le remitiera un atestado.La resolucion del Juzgado de Instruccion 5 de Huelva se produce despues de que el cuerpo policial que tiene encomendada la investigacion entregara un informe el pasado 10 de marzo en el que imputa delitos de prevaricacion y malversacion de caudales publicos a seis altos cargos y funcionarios de la Junta. A saber: Eduardo Manuel Munoz, antiguo director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva; Jose Angel Gil Flores, ex jefe de servicio de Formacion; Jose Martinez Iglesias, secretario general de la Delegacion de la Consejeria de Empleo en Huelva; Manuel Maria Velazquez Cabrera, jefe de departamento de Analisis y Programacion, y dos tecnicos.El instructor considera que, tras las diligencias de investigacion practicadas hasta el momento, ≪queda claro≫ que ≪existen indicios de infraccion penal en la actuacion de funcionarios publicos en el ejercicio de sus cargos≫, requisito que fija la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo para que opere la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones publicas.Lo que no detalla el juez en el auto es ante quien tendria que restituir el eventual dano la Administracion autonomica en el caso de que, en un futuro, funcionarios publicos fueran declarados penalmente responsables de los delitos que se investigan. ?La Junta respondiendo ante la propia Junta? ?O acaso ante la Union Europa, que cofinancio cursos de formacion bajo sospecha?La resolucion del magistrado Javier Romero puede abrir un camino en la instruccion de otras causas por hechos similares que se dilucidan en otros juzgados andaluces, si bien el auto no es firme y la Junta puede recurrir en apelacion ante la Audiencia de Huelva.En la causa que investiga el Juzgado de Instruccion 5 de Huelva estan imputados -entre otros- el ex consejero Angel Ojeda, por las ayudas concedidas a la Fundacion de la Formacion Profesional para el Empleo (Forpe), y el ex alcalde socialista de Punta Umbria Gonzalo Rodriguez Nevado por las subvenciones a El Paraiso de la Dehesa SL.Comision de investigacionTambien ha sido imputado por la UDEF Jose Angel Gil Flores, jefe de servicio de Formacion ya jubilado que declaro este lunes en el Parlamento ante la comision de investigacion que trata de depurar responsabilidades politicas por el fraude de la formacion profesional para el empleo.Gil Flores proclamo la honradez e imparcialidad de su gestion durante los casi 12 anos que ocupo el cargo (2001-2013), periodo en el que tuvieron lugar las graves irregularidades que llevo al interventor provincial de Huelva a proponer la emision de un informe de actuacion por posible menoscabo de fondos publicos.El funcionario trato de desacreditar algunos de los incumplimientos que el interventor puso de manifiesto en su informe especial sobre las ayudas concedidas por la direccion del SAE en Huelva entre 2009 y 2012, si bien admitio y asumio integramente la responsabilidad por no haberse dictado resoluciones de ampliacion de los plazos de ejecucion de las acciones formativas a raiz del cambio normativo en 2009.Gil Flores atribuyo este incumplimiento a razones de ≪inercia≫, por cuanto la orden que estuvo en vigor desde el ano 2000 otorgaba a las comisiones mixta esa facultad. ≪?Que es culpa mia? Lo asumo≫, reconocio el funcionario a preguntas de la diputada de IU Elena Cortes. Y alego: ≪No dana a terceros, no causa ningun tipo de inconveniente en la gestion de esa subvencion≫.El compareciente considero un ≪juicio temerario≫ que el interventor provincial de la Junta en Huelva sostenga la existencia de menoscabo de fondos publicos como consecuencia de una ≪relajacion de los controles≫, como el tecnico declaro cuando comparecio ante la comision parlamentaria el pasado 7 de marzo.≪Como se atreve el interventor provincial a asegurar que ha habido menoscabo, cuando la competencia para decir eso esta muy por encima de el, en el Tribunal de Cuentas≫, afirmo Gil Flores, convencido de que no ha prescrito un solo expediente. ≪Sin saberlo no tengo mas remedio que estar seguro≫, respondio a la parlamentaria Marta Bosquet (C’s).El funcionario llamo la atencion por el hecho de que el interventor no hubiera puesto reparos inicialmente a expedientes que en la muestra auditada si aparecian con incumplimientos.Solicitante y concedente de ayudasLa comparecencia del ex director gerente del consorcio Ciomijas Jose Gutierrez Munoz ante la comision parlamentaria de investigacion ha servido este lunes para constatar una situacion anomala y que ya detecto la Camara de Cuentas en un informe de fiscalizacion.Era el presidente del consorcio por su condicion de director general de Formacion para el Empleo el que solicitaba al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la subvencion para que estos entes participados por la Junta y algunos ayuntamientos pudieran desarrollar las acciones formativas. Nada extraordinario si no fuera por el hecho de que el SAE dependia de la Direccion General de Formacion para el Empleo y que era este el que daba por buenas las facturas justificativas de gastos que se le presentaban. Para completar la secuencia, el SAE ha abierto anos despues expedientes de reintegro -cuatro en el caso del Ciomijas por unos seis millones- por facturas injustificadas.≪?Quien se hace trampas en el solitario?≫, le pregunto el diputado del PP Miguel Angel Torrico a Jose Gutierrez. La respuesta de este fue suficientemente expresiva: ≪[Me quedo] lo mismo de pasmado que usted. Comparto su pregunta≫.En respuesta al parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yague, el compareciente habia asegurado previamente que esta circunstancia la puso de manifiesto ≪un monton de veces≫ al entender que un mismo organo ≪no podia estar en misa y repicando≫. Y lamento que la Intervencion no hubiera dicho nada.Jose Gutierrez afirmo que, tras el informe de la Camara de Cuentas, se desligo el papel y la presidencia del consorcio paso a la delegada provincial de la Consejeria de Educacion.El compareciente defendio su gestion y aseguro que no hizo ningun pago sin que estuviera fiscalizado previamente por el interventor ni autorizado por la presidencia del consorcio.

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