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La Junta de Andalucía ha reconocido oficialmente que está totalmente desbordada por la gestión de los cursos de formación y que, como consecuencia de ello, no va a enviar ni un solo expediente más a la comisión de investigación del Parlamento

La Junta de Andalucía ha reconocido oficialmente que está totalmente desbordada por la gestión de los cursos de formación y que, como consecuencia de ello, no va a enviar ni un solo expediente más a la comisión de investigación del Parlamento que trata de dilucidar si ha habido responsabilidades políticas en el presunto fraude. Una documentación que han reclamado formalmente todos los grupos parlamentarios para su investigación hace cinco meses. Así lo ha explicado el director general de Formación para el Empleo en un escrito remitido al presidente de esta comisión, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz. En su argumentación, explica que se necesitarían utilizar muchos recursos para eso y que podría suponer la prescripción de expedientes que se están reclamando —es «físicamente imposible» hacerlo asegura— por lo que invita a los diputados a acudir a las sedes de la Junta a< consultar la documentación que estimen oportuna.

Resulta paradógico que esta comunicación se haya producido precisamente en esta semana, cuando están compareciendo los jefes de servicio de Formación en las diferentes provincias para dar explicaciones ante los diputados que conforman esta comisión, y su principal argumento —reiterado por todos sin excepción— es que los controles de la administración funcionan y no hay caos en los expedientes de concesión de las subvenciones para organizar los cursos.

Pero una cosa es lo que dicen los funcionarios intermedios al ser preguntados por los diputados comisionados en sede parlamentaria y otra muy diferente lo que alegan por escrito para no enviar la documentación a la comisión de investigación. Así, mientras reiteran que hay controles, que un sistema informático hace un seguimiento a las empresas (lo detallaba el pasado martes Magdalena Carril, jefa del servicio de Análisis y Planificación del Servicio Andaluz de Empleo en su comparecencia ante la comisión), y que se verificaba que los cursos se daban realmente, en el escrito enviado a la comisión, alegan todo lo contrario.

La jefa de servicio de los Programas de Empleo de la consejería alega que tiene 56 expedientes pendientes de revisar y justificar; la de Centros, Programas Formativos y Formación Contínua, que tiene 204 expedientes; y el de Programación de la Formación Profesional para el Empleo, 981 expedientes pendientes de verificar y/o justificar. Los tres jefes de servicio explican también que los juzgados les requieren expedientes, documentos y verificaciones y que atender esas peticiones les supone mucho trabajo, por lo que no pueden cumplir con los requerimientos del Parlamento.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, interpretaba esta comunicación como un «boicot de Susana Díaz a la comisión de investigación. Ha decidido que no va a recuperar el dinero y que los andaluces no sepan qué ha ocurrido».

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