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El juez cita a declarar al ex consejero Agustín Barberá en otra pieza de los ERE

El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga las seis primeras piezas piloto en las que se ha dividido la macrocausa de los ERE fraudulentos, ha citado a declarar como investigados, dentro de la pieza separada de las empresas Surcolor y Surcolor-Óptica, al ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá Salvador; a los ex directores de Administración y Finanzas de la agencia IDEA Antonio Diz-Lois Ruiz y Juan Francisco Sánchez García, y a José Hurtado Quirós, secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO Sevilla.

A Agustín Barberá Salvador y Antonio Diz-Lois el juez les ha citado para el próximo día 6 de abril, mientras que Juan Francisco Sánchez García y José Hurtado Quirós han sido llamados para el día 11 de abril. Además, dentro de la investigación de la causa que lleva el magistrado, han sido citados seis testigos y dos peritos durante el próximo mes de abril.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, incluyó inicialmente en esta pieza separada de los ERE por las ayudas concedidas a Surcolor-Surcolor Óptica a 13 imputados, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández.

En un auto dictado el pasado 26 de noviembre, la magistrada hizo un relato de los hechos y de las personas imputadas en esta nueva pieza separada en las que se incluyeron además a dos de los denominados intrusos.

Entre los 13 imputados iniciales en la pieza de Surcolor-Surcolor Óptica se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernández García, así como los tres ex directores generales de Trabajo -Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera-, y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Además figura el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, los representantes de Vitalia Antonio José Albarracín y Jesús María Bordallo, así como José Antonio Márquez Sánchez, concuñado de Antonio Rivas, entre otros.

La magistrada recuerda en el auto que a principios de 2006, José Antonio Márquez Sánchez, concuñado de Rivas, tomó conocimiento de la concesión por parte de la Junta de Andalucía de ciertas ayudas a "personas vinculadas al PSOE", comentándole su también concuñado José Acevedo López que él mismo estaba "disfrutando de tales rentas" desde noviembre de 2003, por lo que en virtud de las relaciones personales existentes entre ambos, José Antonio Márquez le pidió ayuda al encontrarse en el paro. Acevedo le remitió al entonces concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas José Antonio García Prieto, persona que desde esta localidad "organizaba la solicitud de tales ayudas", precisaba Bolaños en aquel auto.

La juez añade que "prevaliéndose de su relación personal" con el delegado de Empleo José Antonio Márquez Sánchez contactó con García Prieto, que le pidió que preparara su vida laboral y la documentación personal, al tiempo que le indicó que le concertaría una cita con el director de Trabajo Javier Guerrero.

En el mes de marzo o abril de 2006, tuvo lugar el encuentro con Guerrero entre José Antonio Márquez, José Antonio García Prieto y otro afiliado del PSOE, Juan Manuel López Espadas -también imputado en esta pieza de Surcolor-, haciendo entrega de la documentación a la salida de un bar cercano al despacho del director de Trabajo.

En el caso de Surcolor se suscribió una póliza para 26 trabajadores, relación en la que se incluyó como intrusos a José Antonio Márquez Sánchez y Juan Manuel López Espadas, quienes no habían trabajado en esta entidad. El primero cobró 6.380,65 euros en el mes de julio y a continuación estuvo cobrando una media de 1.300 euros mensuales hasta el 31 de enero de 2010, fecha de su jubilación, unas prestaciones que recibió junto al subsidio de mayores de 52 años. Por su parte, López Espadas estuvo percibiendo algo más de 1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006.

Bolaños destacó que para esta ayuda sociolaboral en la que "ilegítimamente" se incluyeron los dos intrusos y por la que la Junta comprometió el pago de 2.340.137,30 euros, "no existió indiciariamente la menor cobertura legal a dichos compromisos de pago hasta la resolución de la encomienda de ejecución de 21 de diciembre de 2009", dictada por el suceso de Guerrero, Juan Márquez, a la que luego otras tantas, algunas firmadas por Daniel Alberto Rivera, incluyendo todas ellas a los dos intrusos.

La magistrada consideró en su momento que estos hechos habrían sido "presuntamente realizados" por estos 13 imputados, pero el juez Álvaro Martín ha elevado a 17 la cifra de implicados con estas cuatro nuevas imputaciones, entre los que hay ya ocho ex altos cargos.

La pieza de Surcolor es una de las seis que forman el plan piloto diseñado por la juez Bolaños para agilizar la instrucción y acelerar el enjuiciamiento.

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