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Bolaños archivará la causa contra 12 imputados al haber prescrito los delitos

002037068-335x335-jpg000.jpg" border="0" alt=""/>El auto de la Audiencia de Sevilla que declaró prescritos los delitos de dos ayudas de la Sierra Norte en el caso de los ERE tendrá consecuencias directas para el caso. La juez María Núñez Bolaños, que instruye la macrocausa, archivará la causa contra 12 imputados cuyos delitos han prescrito al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra estos imputados, según han confirmado fuentes judiciales. Se trata de las primeras prescripciones de delitos que afectan a 12 de los más de 270 imputados en la macrocausa.

La decisión de María Núñez Bolaños, que según las mismas fuentes estaría preparando ya el auto de sobreseimiento con respecto a estos 12 imputados, se produce tras la resolución dictada por la Sección Séptima de la Audiencia y a raíz del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, entonces dirigido por Mercedes Alaya, que se marchó a su destino en la Audiencia sin resolver la petición del Ministerio Público.

La juez Bolaños archivará ahora la causa contra estos dos imputados, pero dejará abierta la posibilidad de reclamar la responsabilidad civil de las empresas beneficiarias de las ayudas, de acuerdo con el artículo 122 del Código Penal, que permite traer a las empresas que recibieron las subvenciones como “partícipes a título lucrativo” para intentar recuperar el importe de las subvenciones. En concreto, este artículo establece que quien “por título lucrativo hubiese participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

El 18 de marzo de 2015, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez Mercedes Alaya que archivara la causa contra 12 imputados -entre ellos uno fallecido en enero de 2015- al estimar que habían prescrito los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les atribuyen. Alaya dio tres días a las acusaciones particulares para que se pronuncien sobre la posible prescripción, y mientras tanto decidió suspender las declaraciones de 35 imputados previstas, pero nunca resolvió sobre el archivo o no solicitado.

En su escrito, la Fiscalía pidió a la instructora que declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados "perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas" contenidos en el auto del pasado 6 de febrero de 2015 -en el que imputó a 35 personas relacionadas por ayudas relacionadas con la Sierra Norte-, cuyo importe fuese "claramente inferior a 450.000 euros, siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda al dictado del auto referido hayan pasado más de 10 años", decía el fiscal.

En esa situación estarían los siguientes imputados: Antonio Diana Expósito -que recibió una ayuda de 60.000 euros pagada en julio de 2004-; Antonio Florencio Suárez -60.000 euros-; José Gómez Muñoz -90.151,81 euros-; Eustaquio Reina (fallecido en enero) y José Reina Espínola, quienes percibieron 300.000 euros; José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Barranquero, por una ayuda de 390.657,87 euros; José Manuel Prieto Guerra -180.303,63 euros-; Luis García García -270.455,44 euros-; Miguel Ángel Sáez Fernández -150.252 euros-; Joaquín Llano Heredia -150.253,03-; y Beatriz Pérez Martín. Ésta última es hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla e hija de un parlamentario del PSA, y percibió para la empresa Producciones Barataria ayudas por importe de 200.354,24 euros en 2004, aunque tiene otra ayuda en 2007 que no habría prescrito.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en un auto dictado el pasado miércoles, estimó los recursos presentados por José Manuel Prieto Guerra, presidente de la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico, que fue imputado por la ayuda de 180.303,63 euros concedida en mayo de 2002; y por Luis García García, presidente de la cooperativa Virgen de Belén y secretario de organización del PSOE de Las Navas de la Concepción, por la ayuda de 270.455,44 euros concedida a dicha empresa.

Para la Audiencia, ninguna de las nueve resoluciones dictadas por Alaya -quien por cierto es ahora magistrada de esta misma Sala- presupone la realización de "actos de instrucción en persecución de los delitos (hechos punibles) imputados en el auto de 6 de febrero de 2015, sino de recopilación de información sobre las empresas beneficiarias de ayudas o subvenciones de la Junta de Andalucía en esclarecimiento de posibles irregularidades cometidas por personas que ya estaban siendo investigadas desde la perspectiva o plano de los concesionarios de aquellas".

Es en ese auto cuando "tuvo conocimiento la juez de Instrucción de la notitia criminis relativa a los hechos luego imputados a los recurrentes" porque hasta ese momento la línea de investigación de las ayudas de la Sierra Norte era "una indagación a ver qué subvención o ayuda había sido concedida ilegalmente vista la enormidad de la actuación presuntamente delictiva de terceras personas inmersas en los círculos de poder desde los que se decidía el otorgamiento de las subvenciones o ayudas y relacionadas con esa comarca o zona de la provincia de Sevilla, pero ajenas estructuralmente a esas empresas, de las que tampoco constaban en ese momento si las habían recibido o no de forma ilegal".

Los "indicios" de los delitos y la "identidad" de los presuntos autores no aparecieron hasta la llegada del atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte –en diciembre de 2014-, uno de los que la UCO entregó con mayor retraso en el juzgado. Ninguna de las resoluciones que dictó Alaya, según la Audiencia, interrumpió la prescripción, por lo que declara prescritos los delitos sobre estos dos imputados.

El fiscal recordaba en su petición que, de acuerdo con el artículo 131.5 del Código Penal, el plazo de prescripción a contar corresponde en el caso de concurso de delitos al que tenga el delito "más grave", en este caso, la malversación de caudales públicos. Y el plazo para el cómputo inicial del plazo de prescripción debe ser el del dictado del auto por el que se dio traslado a cada imputado del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto en el que "se le identificaba plenamente y se contenía una descripción suficiente de los hechos imputados" y que en este caso tiene fecha del pasado 6 de febrero de 2015.

El fiscal considera que el supuesto agravado -por el importe de la cuantía- y que elevaría el plazo de prescripción de 10 a 15 años, no debe aplicarse a aquellas ayudas inferiores a 450.000 euros, porque a partir de esta cantidad las subvenciones "debían pasar por la ratificación/aprobación del consejo Rector de IDEA".

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