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Los funcionarios temen que la Junta cuele a los 30.000 trabajadores externos que tiene en el limbo legal

La puesta en practica de la Ley de Reordenacion de la Administracion andaluza, conocida tambien como ≪ley del en chufismo≫, que data de 2011, permitio que alrededor de 30.000 trabajadores de la Junta, pertenecientes a diferentes empresas y fundaciones, entraran a forma parte de una nueva estructura formada por agencias. Los empleados de la antigua Empresa de Gestion Medioambiental (Egmasa), se integraron en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua: los de la Fundacion Faffe en la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y asi sucesivamente. Son gran parte de los trabajadores de la denominada administracion paralela, que teoricamente ni disponian ni disponen de potestades publicas para realizar tareas propias de los funcionarios, por lo que muchos de ellos se encuentran en una especie de laberinto legal, sin ocupacion determinada.

Ahora, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), segun sus responsables y su servicio juridico con los que ha hablado ABC, teme que la Junta, que anteriormente sorteaba las normas con encomiendas de gestion al personal externo, (recurridas pero sin consecuencias practicas), utilice la tramitacion de la modificacion de una ley en el Parlamento para sentar las bases de unas futuras oposiciones a la carta, el concurso-oposicion, que beneficie de forma preferente a este colectivo de empleados y convertirlos oficial y legalmente en funcionarios.

El SAF dispone de motivos fundados para sostener que la Junta tiene trazado un plan para que el personal procedente de la administracion paralela sustituya progresivamente a la plantilla de funcionarios en las consejerias con todas las atribuciones.

Fuentes de esta organizacion sindical recuerdan los sucesivos intentos de la Junta por incluir como valor en los concursos de traslado y de promocion interna de los funcionarios el tiempo que hayan permanecido como interinos. En una primera instancia las bases de los examenes (rebaremacion) fueron tumbadas por los tribunales de justicia a raiz de los recursos del SAF. Con posterioridad, el pasado verano el Gobierno andaluz elaboro un decreto que tuvo la virtud de convertirse en el primero que no convalida el Parlamento. Y mas recientemente no es la Junta, sino el Grupo Parlamentario Socialista, el que ha presentado una proposicion de ley que viene a ser casi un calco exacto del mencionado decreto.

Se trata de la proposicion por la que se modifican determinados articulos de la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenacion de la Funcion Publica de la Junta de Andalucia. El texto se encuentra en proceso de tramitacion parlamentaria, y es a traves de las enmiendas de los diferentes grupos politicos cuando se puede producir el cambio que teme el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Segun el SAF, tanto el PSOE como IU estarian a favor de la modificacion por las ≪presiones≫ de los sindicatos UGT y CC.OO., firmes defensores de la ≪ley del enchufismo≫.

≪La modificacion de la ley permitiria crear el marco para que las convocatorias de oferta de empleo publico vuelvan a tener como sistema preferente el concurso oposicion≫, afirma un portavoz del SAF. Y en ese concurso oposicion, anade, ≪si se permite que la valoracion de la antiguedad sea en cualquier condicion previa a la de funcionario ?laboral, interino o contratado administrativo?, automaticamente todo ese personal que ha prestado servicio en el sector publico se lo llevara de calle porque tendra mas puntos≫.

Se confirme o no este temor, la Junta de Andalucia sigue dando pasos para buscar el encaje del personal externo en las nuevas Agencias, proceso en el que nuevamente vuelve a encontrarse con el rechazo del Sindicato Andaluz de Funcionarios.

Asi ha ocurrido con la integracion de los trabajadores de la antigua Faffe en el SAE en diferentes provincias. La organizacion sindical esta utilizando en principio la via administrativa y una vez agotada esta preve recurrir a los tribunales.

Las objeciones del SAF son dos. Por un lado, denuncia que el Servicio Andaluz de Empleo, a nivel provincial, elabore una relacion de puestos de trabajo con unas condiciones que debe establecer el Consejo de Gobierno de la Junta y la presidencia del SAE. Y por otra parte, se impugnan las atribuciones que se le dan a ese personal, usurpando supuestamente el trabajo de los funcionarios.

La conclusion que ≪han metido a 30.000 personas en la Administracion y ahora tienen que darles trabajo y para ello excluyen a una plantilla de funcionarios que se ha ido mermando. Y es que se se pretende suplantar por estos nuevos empleados. La tesitura en la que se encuentra la Junta es que o les dan los trabajos que tienen que realizar los funcionarios o los tienen cruzados de brazos y cobrando≫.

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