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Regeneración político salarial urgente

Pocos ya se escandalizan al conocer las cantidades que cobran los altos cargos de las administraciones y empresas públicas, los alcaldes y concejales. Estas retribuciones se encuentra a una distancia escandalosa del salario medio bruto de las personas trabajadoras a jornada completa.

Según el dato aportado por el Instituto de Estadística Nacional para 2014, unos 2.132,2 euros mensuales. Comparado con los 23.000 euros mensuales (si mensuales) de Magdalena Álvarez, los 21.000 euros mensuales que el PP pagó a Barcenas hasta 2013, o los 10.000 euros mensuales de media, cobrados, ese mismo año, por toda la cúpula de Red.es (entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo), podría calificarse de descomunal. Sobre todo cuando la lista interminable, de personas que se dedican a la política y la dirección de entidades públicas, es enorme y todas ellas quintuplican el salario medio mensual de quienes trabajan en este país. Si se compara su nivel retributivo con los 650 euros del salario mínimo interprofesional lo multiplican en infinidad de casos por 20.

¿Parece esto razonable? Hay quien piensa que sí, y hay quien piensa lo contrario. Quienes están conformes con que las personas que se dedican a la política cobren esos sueldos medios, que rondan o superan los 100.000 euros anuales, más “gastos de representación”, argumentan básicamente en dos direcciones: a) que esas remuneraciones están relacionadas con el grado de responsabilidad que se asume. b) que sólo así podría contarse con personas altamente capacitadas, ya que de otra forma estarían contratadas en la empresa privada, hurtando a los entes públicos de la prestación de los servicios de estas brillantes inteligencias.

Es curioso como ambas líneas argumentales partan de proposiciones incoherentes con la realidad. No se sostiene la primera línea argumental, ya que, si el salario depende del grado de responsabilidad que se asume, ésta conllevaría mantenerla, incluso pecuniaria o patrimonial, cuando la gestión de los asuntos públicos ha generado número rojos. Cuando las empresas o administraciones publicas se han sobre-endeudado, han reducido la calidad de los servicios o se deteriora el patrimonio público, estas personas “responsables” ultra asalariadas, deberían dar la cara. Deberían ser igualmente responsables de los desaguisados que sus nefastas gestiones generan. Si ganar esos inmensos sueldos conllevara que de su bolsillo restituyeran los daños o pérdidas que su gestión genera, no podría objetarse absolutamente nada. En ese caso los super-sueldos vendrían a ser una especie de “seguro de responsabilidad”, que permitiría al patrimonio común quedar a salvo de errores o actuaciones fraudulentas. Pero eso no es así y ni ocurre.

Con respecto a la segunda línea argumental es manifiesta su incoherencia con el mensaje, repetido hasta la sociedad, de que “se está en política por una actitud de servicio al pueblo”. Aquellas personas que se sienten llamadas a dedicarse a la política no precisan de mayores retribuciones dinerarias que la enorme satisfacción de atender a su verdadera vocación de servicio a los demás. Tampoco es consistente la argumentación cuando, en la práctica, son muy raros los casos de políticos que ganan más en la vida privada que en este “negocio” de la política. Añadir otra incoherencia, mayor si cabe, ya que miles de estos políticos pertenecen a la función pública y la media del sueldo mensual en ella no supera los 2500 euros (INE 2014). El salto hasta los casi 10.000 euros mensuales es enorme y no se produce precisamente por “vocación”.

Por ello tiene mucho sentido, cuando se pretende de verdad regenerar la política, que quienes a ella se dediquen, no más de dos mandatos en cualquier caso, y siempre que sea preciso dedicarse a tiempo completo (que en miles y miles de casos no lo es), se conformen con un salario que nunca supere las tres veces el salario mínimo interprofesional, ahora no llega a 2000 euros mensuales, como hacen las gentes de PODEMOS, por ejemplo.

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