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Equipo Movistar ¿Sin costes para el Estado, la plantilla y las contratas?

Andábamos la semana pasada analizando los magníficos avances que los sindicatos domesticados relataban sobre la negociación del TriConvenio, cuando aparece la empresa en la 11ª reunión de la Comisión Negociadora del CEV con su flamante “Programa Voluntario de Suspensión Individual de la Relación Laboral” –PSI en adelante–. Esta “sorpresa” ha producido varios efectos inmediatos: lleno absoluto en todas las asambleas donde la mayoría sindical explicaba y vendía la jugada, suspiro aliviado de quienes esperaban un anuncio de esa clase para saltar del barco ahora que vienen incendios, y aumento de la preocupación entre la plantilla destinada, por edad, convicción o situación personal, a sofocarlos como pueda y a trabajar entre las ruinas.
La fórmula de las suspensiones voluntarias –solo para quienes no tengan 53 o más años de edad se ofrecen desvinculaciones– no es un lúcido invento de la sagaz Telefónica, ni tampoco de las brillantes huestes sindicales que se han arrogado la representación total de la plantilla en esta negociación, a pesar de obtener menos del 60% de los votos en las recientes Elecciones Sindicales. La suspensión del contrato de trabajo –excedencias y ERE temporales lo son– está regulada en los artículos 45 a 48 del Estatuto de las [personas] Trabajadoras, estableciendo cauces para evitar que ante determinadas situaciones la relación laboral se rompa. Como ejemplo el de Endesa, que tiene un plan similar hasta 2018.

La suspensión consiste en que el contrato de trabajo sigue existiendo, está vigente, pero se interrumpen temporalmente las principales obligaciones del trabajador y del empresario: en principio no hay prestación de servicios ni retribución. En el planteamiento de Telefónica, la suspensión se realizará por acuerdo entre las partes –la 1ª causa del artículo 45 del ETT–, pudiendo establecerse las características de tal suspensión en el propio acuerdo –incluyendo el establecimiento de remuneración y las condiciones de cese de la suspensión.

Así, el PSI de Telefónica ofrece hasta los 65 años –a nacidas antes de 1/1/1965– mensualmente el 68% del salario regulador –1/12 de la suma por conceptos fijos anuales–, continuación en la póliza Antares Salud y Seguro Colectivo de Riesgo –incluye Supervivencia a quien lo tenga ahora–, reembolso del coste del Convenio Especial con la SS que suscriba cada cual y aportación de la parte empresarial al Plan de Pensiones. Además, como diferencial respecto a las anteriores liquidaciones masivas de personal, existe la posibilidad teórica de revertir la situación y reincorporarse al tajo. Todo estupendo, socialmente avanzado y maravilloso… si no fuese por la realidad que encierra y que detallaremos. Para menores de 53 años la oferta equivale a un despido improcedente –45 días por año trabajado, con un máximo de 3,5 anualidades.

¿Nos parece más adecuado que un ERE, ya que en esta ocasión una empresa con beneficios no está saqueando las arcas públicas al mandar al desempleo a miles de personas? Esta pregunta que ya se hacen muchas no debe llevarnos a morder el cebo de los listillos patronales: ya no podemos decir que así (con PSI en vez de ERE) se destruye empleo, porque han encontrado la fórmula para deshacerse para siempre de 7500 personas sin que consten como paradas y, por tanto, sin tener que abonar a la administración la pasta de la prestación de dos años a todas ellas.
Pero eso no es así, porque sí que hay pérdida económica por parte del estado, ingreso cesante en realidad, no pierde pero deja de ganar: la cotización a la SS será menor, la cantidad recaudada por las distintas haciendas también disminuirá notablemente (la cotización se reducirá al ser menor la base imponible, el salario, y en algunos casos la disminución de escala IRPF). Una estimación de cantidad anual poco atrevida sería no inferior a 60 millones de euros al año (suponiendo unas 7500 suspensiones totales), cantidad que se acumulará durante 12 años (de los 53 a los 65 años). Como además la aportación al Plan de Pensiones se realiza con el mismo porcentaje pero –como en el IRPF– sobre una base menor, la pérdida personal futura es segura.
Maticemos también que, aunque en teoría exista la reincorporación a voluntad tras cada periodo de tres años en suspensión, realmente ese regreso solo se producirá en los casos en los que Telefónica esté interesada, ni uno más. En la práctica es como una excedencia, no se garantiza la reserva de plaza ni en tu localidad ni en otra, y ya sabemos que salvo contadísimas excepciones no reingresa nadie. El programa asegura a Telefónica la potestad de admitir o negar tanto las suspensiones como las reincorporaciones que quiera.
Y algo que no acabamos de entender: el contrato previsto en el programa de suspensión incluye la renuncia expresa a solicitar ayuda o subsidio alguno a la administración. Tanto es así que se especifica que si lo incumples te “excomulgan y te atizan 50 latigazos” (en realidad pone que realizas renuncia expresa a tales solicitudes, especialmente a las relacionadas con la prestación de desempleo). Pero si una suspensión de esta clase elimina el derecho a percibirlas ¿para que se incluye el latiguillo específicamente? Y si no lo elimina ¿por qué debemos renunciar a ello?

En resumen, se trata de un “programa formidable”, es decir, muy temible y que infunde asombro y miedo. Sin duda, una vez más,la peor parte será para quien se queda: el previsible vaciado de departamentos y provincias supondrá un esfuerzo más para la ya menguada plantilla, aplicándose con extensión la fabulosa multifunción de la nueva clasificación, y no se descartan posibles traslados forzosos con la inestimable negociación de la representación social. El TriConvenio dice que no habrá movilidad geográfica forzosa sin acuerdo con esta y ya conocemos su responsabilidad con la empresa a la hora de posibilitar los acuerdos que necesite. Y a pesar de esta proximidad a las necesidades patronales, muy superior a la de las de la plantilla, ¿duda alguien de que “no habrá más remedio” que externalizar y subcontratar?
Ante este panorama, y mientras la mayoría sindical daba asambleas informando de tan esperado plan, se celebraba un Comité Intercentros donde esperábamos que nos explicaran su posición como sindicatos de clase ante esta nueva destrucción masiva de puestos de trabajo –porque las suspensiones para siempre son destrucciones, aquí y en toda la tierra de garbanzos. La respuesta fue la de siempre, será un plan voluntario y universal, ante lo cual CGT exige que cualquier plan de merma de plantilla debe llevar aparejado el mismo nivel de creación de empleo y en las mismas condiciones. Los 20.000 puestos de trabajo destruidos en 10 años es una factura muy grande que debe ser pagada.

También se harán evidentes las repercusiones sobre la “Plantilla B” –la marea azul de Movistar– que seguirá soportando el abuso, seguro que aumentado, de la desregulación de sus condiciones laborales, penando con más sudor y lágrimas como lo viene haciendo estos últimos años. Este PSI permite la continuidad del degenerado ciclo en el que estamos inmersos de sustitución del empleo de calidad por empleo precario, ahondando el creciente desequilibrio de nuestra sociedad, ese que convierte al estado español –el del 50% de paro juvenil– en el subcampeón europeo de la desigualdad. Mientras tanto, la casta, la clase ejecutiva, esa que lleva años incrementado su poder adquisitivo frente a esta pérdida de derechos para las de abajo, sigue entregándose sin pudor ni disimulo al servicio del sistema de puertas giratorias, cuyos últimos casos son los de Trinidad Jiménez y Yolanda Barcina.

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Fuente: sft-cgt.org

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