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El Secretario General de CGT-A y los dos vecinos a los que se pide 18 meses de prision, por la simbolica ocupacion de una parcela  en Pizarra (Málaga) en abril 2013 se reuniran con la alcaldesa de este pueblo


{EL SECRETARIO GENERAL DE CGT-A Y LOS DOS VECINOS A LOS QUE SE PIDE 18 MESES DE PRISION, POR LA SIMBOLICA OCUPACION DE UNA PARCELA EN PIZARRA (MÁLAGA) EN ABRIL 2013 SE REUNIRAN CON LA ALCALDESA DE ESTE PUEBLO EL PROXIMO DIA 9 DE SEPTIEMBRE, 12h}



Como se recordará el Juzgado de Instrucción numero 12 de Málaga comunicó a los tres miembros de CGT, a principios de verano, los escritos de acusación realizados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular por supuestos delitos de USURPACION y COACCIONES, solicitando penas de cinco meses de multa por Usurpación y 18 meses de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y costas por Coacciones. Igualmente reclaman indemnización por vía civil para los herederos del Conde de Puerto Hermoso por daños supuestamente causados.



Los hechos que motivan la acusación se produjeron, el pasado 12 de abril 2013, cuando miembros de CGT, de Sindicatos alternativos y movimientos sociales protagonizaron la ocupación simbólica de una parcela en la localidad Malagueña de Pizarra. La parcela simbólicamente ocupada coincidía con los 78 metros de anchura de la Vía Pecuaria (realenga Málaga-Sevilla) que estaba vallada arbitraria y unilateralmente por el Conde de Pizarra (herederos) y en estado de semiabandono y sin cultivar.



El gesto de protesta tenía por objeto llamar la atención de la Junta de Andalucía para que recuperase ese terreno público para instalar huertos de mantenimiento de economía social, fomentar el cooperativismo y el autoabastecimiento con productos básicos de la agricultura hortofrutícola, paliando con ello la grave situación de precariedad que sufren múltiples familias de la zona del Valle del Guadalhorce en general y de Pizarra en particular, aprovechando además para poner en valor terrenos públicos que habían sido enajenados arbitrariamente al bien común.



Desde entonces han sido múltiples las gestiones realizadas ante la Junta de Andalucía y el propio Delegado del Gobierno de la Junta en Málaga para que se devuelva el carácter público a la realenga y se use para fines con aprovechamiento social dejando de ser terreno anexado “por desidia” a la finca colindante del Conde de Pizarra, si bien aun no se ha procedido a recuperar por la Administración andaluza como públicos aquellos metros de parcela a lo largo de toda la realenga.



También el Ayto. de Pizarra aprobó una moción por la que se acordaba el uso que se pretendía dar a esa parcela, sin que hasta el momento tengamos conocimiento de que se haya dado traslado de la misma a la Junta de Andalucía, motivo por el cual, el próximo miércoles, 9 de septiembre a las 12h estamos citados con la primera edil de Pizarra, al objeto de conocer de primera mano la situación real y las intenciones del actual equipo de Gobierno.



En función de los resultados de la reunión con la alcaldesa se procederá a convocar o no concentración en Pizarra, coincidiendo con el pleno del Ayuntamiento de septiembre, en la que conforme a las intenciones se planteara una moción de apoyo a los represaliados por aquella acción de abril 2013 reclamando el uso público de una parcela que nunca debió permitirse que se la apropiaran los colindantes.



Mientras los particulares quieren vengarse del mensajero intentando enviar a prisión a quienes les han denunciado públicamente, reclamando que esos terrenos, que nunca debieron perder la condición de públicos, se destinen a huertos sociales para familias y colectivos sociales que lo están pasando muy mal y al uso y disfrute de los legítimos propietarios, LA CIUDADANIA, las Instituciones siguen mirando al tendido y demorando la recuperación para la ciudadanía de esos terrenos.



Como no puede ser de otro modo, desde CGT no podemos consentir que ningún compañero, por reclamar justicia social mediante actos públicos y legítimos de denuncia, sea juzgado por la pasividad de las Administraciones andaluzas y solicitadas penas de prisión y multa.

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