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Los acuerdos de concertación social: la estrategia de “desconcertación”

El pasado 7 de enero, la Presidenta de la Junta de Andalucía y los Secretarios Generales de la CEA, CC.OO. y UGT firmaron el último gran acuerdo social de la comisión de seguimiento del SERCLA (Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía). La dinámica ha sido la misma que en otras ocasiones: no se ha hecho público ningún borrador del acuerdo, no se ha producido ningún debate social y no se ha evaluado la situación. Eso sí, no han faltado fotografías y presencia en medios de comunicación con grandilocuentes titulares. Sin embargo, se echan de menos la ausencia del análisis de los contenidos y procedimientos empleados.

En concreto el SERCLA fue creado en 1996, tiene sede en todas las provincias andaluzas y supone un mecanismo de gestión participada del conflicto en aras a alcanzar la denominada “paz social”. Machaconamente nos reiteran el número de horas de huelga evitadas, el porcentajes de avenencias y cuán grande resulta ser la plantilla de mediadores integrados en el sistema. Ahora bien, nadie habla de los costes de dichos mediadores (todos nombrados por CEA, CC.OO. y UGT), del perverso sistema de bonificaciones económicas cuando se alcanzan avenencias o del número de horas de reunión mantenidas en sus sesiones.

El sistema de concertación social y de gestión integrada capitalista donde estado y mercado se dan continuamente la mano ante las cámaras parece no tener ninguna sombra. Al menos en su versión oficial. En las últimas décadas son ya siete los Acuerdos de Concertación Social en Andalucía. 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005 y 2010 han sido los hitos históricos de este proceso de entendimiento pleno y sin fisuras entre Administración autonómica, patronal (CEA) y centrales sindicales de concertación (CC.OO. y UGT). Esta práctica del “capitalismo dialogado” se ha implantado con perfecto acomodo en Andalucía.

El último Acuerdo —firmado en noviembre de 2010— tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Nos vendieron que esta vez incluía nada menos que 351 medidas, más que nunca. Ese fue entonces el discurso oficial. Ha transcurrido todo 2014 sin que los andaluces podamos disfrutar de las bondades actualizadas de la Concertación Social. Y por cierto, ¿alguien —más allá de los firmantes— las ha echado en falta? Éste es quizás el elemento central que justifica por qué tal práctica sociolaboral es a la vez inútil e indecorosa.

Inútil porque nadie en su sano juicio se ha parado a pensar que para superar la crisis sea necesario actualizar los Acuerdos de Concertación Social y nadie plantea que ésta sea una herramienta válida para la creación de empleo, el reparto de la riqueza o la dinamización socioeconómica. Los datos hablan por sí solos y la evaluación de los más de veinte años de concertación resulta evidente a la vista de la situación actual. Más desempleo, más precariedad, más siniestralidad, una negociación colectiva moribunda, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, corrupción institucionalizada, ausencia total de dinamismo empresarial, tejido productivo en recesión y un largo etcétera de factores que analizados a fondo completan un panorama desolador.

E indecorosa porque a la vista de sus resultados los Acuerdos de Concertación Social sirven para muchas cosas menos para este tipo de asuntos relacionados con el empleo o el desarrollo. Recurrentemente, las partes firmantes han reiterado que la Concertación Social se ha convertido en una “seña de identidad de nuestra Comunidad Autónoma” y en una “garantía para el crecimiento de nuestra economía y el bienestar de los andaluces”. Pues bien, cuando más se les necesitaba, es decir, en la fase más aguda de la crisis —2014— nos quedamos sin Acuerdo de Concertación Social, sin ningún avance en ese sentido y con una falta absoluta de perspectivas al respecto, porque ahora el debate público se reduce a la convocatoria electoral. ¿No eran tan importantes y el desarrollo dependía de esto? ¿No eran la pieza central sobre la que gravitaba nuestro bienestar y nuestra identidad (sic)? ¿Nos hemos quedado sin seña de identidad?

Volviendo al hilo anterior, ¿de verdad era tan importante? Algunas claves quizá puedan ayudar a entender el porqué de esta situación. El último gran acuerdo de la serie fue suscrito por el presidente de entonces —imputado ahora por su gestión en materia de empleo— y las cabezas visibles de los agentes sociales —también salpicados en diversas causas judiciales— el 20 de marzo de 2013 con todo boato. De hecho, el VII Acuerdo declaraba como primer objetivo que “Junta de Andalucía, CC.OO., UGT y CEA tienen la firme voluntad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico y social de Andalucía, mediante la negociación y la concertación de actuaciones y medidas a tal fin”. Parece mejor no preguntar por el resultado: desempleo creciente e indicadores sociolaborales en decidido retroceso: temporalidad frente a estabilidad, crecimiento de la siniestralidad, cotizaciones a Seguridad Social menguantes o mayor desigualdad social.

Ahora bien, la oficialidad sindical y patronal no pierde el tiempo. Basta acudir a los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2015. Se recoge el cumplimiento íntegro de los acuerdos —dotados para cuatro años con la nada desdeñable cantidad de 19.825 millones de euros—, prorrogables y ultractivos. En 2015, y con cargo a la partida de Concertación Social, la Consejería de Empleo —sí, la misma en la que estamos pensando— destinará por este concepto 1.267.500 euros a UGT, 1.072.500 euros a CC.OO. y 1.400.000 euros a la CEA. Esto sí que funciona a la perfección.

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