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Procesados de Puerto Real en los procedimientos sumarísimos de urgencia iniciados en 1937

ueron un total de 88 vecinos y naturales de Puerto Real los que fueron sumariados en
ocho procedimientos sumarísimos de urgencia que se vieron en consejos de guerra en
el propio Puerto Real, Cádiz y San Fernando. De ellos casi un 60 % fueron absueltos o
vieron sus expedientes sobreseídos. Del 40 % restante, fue condenado un 4,59 % a 30 años de
prisión, un 5,75 a 20, un 3,4 % a 14 años y un 23 % a 12. Finalmente hubo un 5,75 que lo
fueron a 6 años.

En su gran mayoría fueron hombres, 74, de los diversos oficios que comprenden todos
los sectores económicos y sociales de la población. En su gran mayoría, más del 95 %, de
sectores obreros, tanto industriales como campesinos. Hay que señalar que casi un 22 % se
declararon jornaleros. Es decir, que trabajaban en diversos oficios a jornal. Hay un grupo de
trabajadores relacionados con el dique de Matagorda: ajustadores, barrenadores, caldereros,
carpinteros, fundidores, herreros y mecánicos. Las mujeres trabajaban mayoritariamente en
el servicio doméstico. También hubo dos miembros de las fuerzas del orden público y otros
dos comerciantes.

Como en las demás poblaciones de la provincia, fueron puertorrealeños de todas las
edades los que se vieron afectados. Entre ellos 7 menores de 21 años. Uno de ellos tenía 15 en
el momento de los hechos. Uno tenía más de 65 años. Los restantes se distribuían entre todos
los tramos de edad, predominando los que tenían entre 21 y 50 años: 60.

Un 33,7 % no estaban, o lo desconocemos, afiliados a ningún partido o sindicato. Del
66 % restante, más del 84 % eran miembros de los diversos sindicatos y sociedades de la CNT.

El 15 % restante se lo repartían quienes eran socialistas, del PSOE o de la UGT, y de Izquierda
Republicana.

Hay un PSU, el 272, que destaca por varias cuestiones. La primera porque fue el que
tuvo mayor numero de procesados de los abiertos en 1937: casi 80, entre ellos trece mujeres.

En segundo lugar, porque es un ejemplo completo de la finalidad represiva de la Justicia del
Terror. El fiscal pidió más de 1.137 años de prisión además de cuatro penas de muerte para
castigar supuestos delitos de rebelión militar que en realidad eran acciones de resistencia al
golpe y de militancia política y social. Finalmente, la sentencia dictó menos de la mitad de
penas de prisión, ninguna a muerte y sobreseyó las acusaciones a más de la mitad de los
procesados. En tercer lugar fueron acusadas personas que habían permanecido en la
población, que, en algunos casos, habían sido detenidas y puestas en libertad. También lo
fueron quienes se habían escondido temiendo las represalias y fueron localizados. Finalmente
las hubo que habían pasado a zona gubernamental y regresaron tras la ocupación de Málaga.

De otro lado es un procedimiento en
el que las acusaciones son, también, un
completo abanico de las preocupaciones
represivas de los golpistas. De un lado la
militancia política y sindical, de otro su
participación en las acciones directamente
relacionadas con la oposición al triunfo del
golpe en la localidad como los cortes de
carretera, las patrullas armadas, la
incautación de armamento a derechistas y
la ruptura de controles sociales como el
debido respeto a las «altas» clases sociales
y a la iglesia. Fueron objeto de una detenida
investigación la participación de los
acusados en el grupo que acudió al cuartel
de la Guardia Civil en demanda de armas,
tal como había ordenado el Gobernador
Civil a los alcaldes; si habían estado en las
barricadas levantadas en los accesos a la
población y si habían participado en el
asalto e incendio de diversas iglesias y la
casa del cura y la posterior «procesión»
anticlerical.

Pero también el PSU 272 nos proporciona informaciones sobre el funcionamiento
interno de la Justicia del Terror: quiénes la formaban y los métodos que utilizaban para
conseguir informaciones y confesiones. Destaca el papel del secretario de la instrucción:

Ramón Mellado Hernández, que no solo fue acusado de amenazar a procesados y testigos sino
que en 1938 fue condenado a 8 años de prisión por haberse apoderado de los fondos que
entregaban los comerciantes en la Comandancia Militar de la que era, también, secretario.

Otro PSU de gran interés, que completa el anterior, es el 420, abierto contra Manuel
León Silva y Pedro Sánchez García Vázquez, brigada de la Guardia Civil y alférez de
carabineros, respectivamente, destinados en Puerto Real y de quienes se dudaba sobre su
conducta los días 18 y 19 de julio de 1936.

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