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CGT propone la unidad de acción para desenmascarar a la Consejería de Educación y al Gobierno andaluz

La CGT se ha dirigido a todos los sindicatos y colectivos presentes en el ámbito de la educación pública andaluza para proponerles la denuncia y el rechazo públicos de la política que el Gobierno andaluz está aplicando desde hace años en educación. Asimismo, les ha propuesto el abandono de “la mascarada en que el Consejero de Educación ha convertido la negociación colectiva” hasta que no se recuperen algunos derechos básicos suprimidos por dicho Gobierno

La CGT ha trasladado esta propuesta porque considera que “la Consejería de Educación ha convertido la negociación colectiva en una auténtica pantomima”. Asimismo, esta organización sindical denuncia que el Gobierno andaluz está aplicando gravísimos recortes a las condiciones laborales del profesorado y a los recursos de los centros, que está implantando la LOMCE en Andalucía con un celo digno de mejor causa o que utiliza el Cuerpo de Inspección como instrumento coercitivo y no orientador o de apoyo al profesorado.

La CGT denuncia asimismo lo que considera una manifiesta actitud de desprecio por parte del titular de Educación, Luciano Alonso, hacia el profesorado y hacia las organizaciones sindicales del sector educativo.

Ante tal actitud, la CGT ha propuesto a todos los sindicatos representativos del sector, así como a diversos colectivos que luchan por la mejora de la educación publica andaluza, que se denuncie la política educativa del Gobierno andaluz, expresándose asimismo la negativa a seguir participando en “la mascarada en que ha convertido el Sr. Alonso la negociación colectiva” hasta que no se restituyan derechos sustraídos como los siguientes:

El pago de oficio de los 44 días de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012 y que van a ser cobrados por los empleados públicos de la administración central y de muchas comunidades autónomas.

La absorción de las dos horas incrementadas en el horario lectivo de secundaria por el horario de guardia, permitiendo así la recuperación de parte del empleo destruido en la educación pública andaluza y el descenso de la ratio.

La readmisión de los 4.502 docentes interinos despedidos y la estabilidad de este colectivo, lo que implica también el reconocimiento de las mismas condiciones laborales que las existentes para el resto de docentes andaluces.

La cobertura de todas las bajas, poniéndose fin a los perversos cupos impuestos a los centros.

El incremento de los presupuestos destinados a educación, paliando así el recorte en las dotaciones a los centros.

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