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La olvidada reforma fiscal de las SICAV

¿En qué ha quedado la reforma fiscal de las SICAV, tan demandada desde la
ciudadanía? En nada. Ni el informe elaborado por la Comisión de Expertos para la
Reforma del Sistema Tributario Español ni el Proyecto de Ley de reforma de la Ley del
IRPF y otras normas tributarias prevén ninguna modificación en el régimen fiscal de
estas sociedades, más allá de un par de aspectos técnicos respecto a la tributación de
las ganancias de patrimonio y reducciones de patrimonio en el IRPF de los socios.
Parece que su tributación es perfecta... para las grandes fortunas y los mercados.
Como se lee en el citado informe, no hay que crear “serios conflictos con los mercados,
que han asimilado y se encuentran cómodos con la fórmula impositiva actual y que
vigilan muy de cerca nuestra política fiscal”, lo que equivale a reconocer que vivimos
en una democracia tutelada por las élites minoritarias que gobiernan esos mercados
financieros.

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, conocidas coloquialmente como
SICAV y que hace unos meses abrieron las portadas de los periódicos con motivo de la
financiación de los planes de pensiones de los eurodiputados, constituyen un
instrumento de inversión idóneo para las grandes fortunas porque tributan, tan sólo, al
tipo nominal del 1%, mientras no repartan beneficios, frente al 30% al que lo hacen las
grandes empresas —que bajará al 25% con la futura reforma—.

El argumento que se ofrece para justificar esta fiscalidad privilegiada es que son
unas sociedades de inversión colectiva, de tipo abierto, libertad de acceso, con un
capital inicial mínimo de 2,4 millones de euros y un número mínimo de socios de 100,
donde el inversor pierde el control, que pasa a manos especializadas. Se afirma que,
cuando luego venda o reciba dividendos, es cuando tributará en el Impuesto sobre
Sociedades o en el IRPF. En definitiva, el tipo de gravamen del 1% respondería al
principio de neutralidad fiscal mediante el desplazamiento de la tributación de la
sociedad al socio. No obstante, resulta curioso que se justifique la diferente tributación
de estas rentas por el socio —a un gravamen máximo del 24% que bajará al 23% en
2016— en lugar de a la tarifa progresiva general —actualmente superior al 50%, que
bajará al 47% en 2015 y al 45% en 2016—, precisamente por la previa tributación de
los beneficios por la sociedad, cuando, como hemos indicado, las SICAV prácticamente
no tributan, al tener un tipo nominal del 1%.

El fraude de ley de las SICAV

Por otro lado, la “trampa” de estas entidades reside en el hecho de que la
mayoría de las acciones pertenecen a un solo titular o a un grupo familiar, que posee
el 99% de las acciones, mientras que el resto de socios, hasta 100, los llamados
mariachis por la canción “con dinero o sin dinero” poseen el otro 1%. De hecho, la
normativa permite que sólo 20 accionistas puedan constituir compartimentos
independientes dentro de la SICAV. De esta forma ya no hay que buscar 99 “mariachis”
para “burlar” la ley. Basta con encontrar 19 para constituir una “minisicav”, con
independencia absoluta en cuanto a responsabilidad, política de inversión o emisión
de acciones dentro de la SICAV.

Por otro lado, en lugar de sociedades de inversión, muchas actúan como
“remansadoras” de rentas y de efectivo, permitiendo un diferimiento de la tributación
mientras no se repartan beneficios, respecto de lo que no hay obligación.

Los datos publicados sobre las SICAV en España revelan que son las principales
entidades financieras las que gestionan este tipo de sociedades (BBVA, Santander,
etc.), en las que invierten o han invertido empresarios de la talla de Juan Abelló, Ram
Bhavnani, Alicia Kopolowitz, la familia del Pino o Amancio Ortega, además de otros
famosos del mundo del deporte o el espectáculo. Hasta instituciones del ámbito
religioso han tenido aquí parte de sus ahorros. En definitiva, la crem de la crem de la
sociedad española. El número de este tipo de sociedades se sitúa en 3.138, y en lo que
va de año se han creado 140 nuevas, de acuerdo a los registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una cifra récord en términos históricos.

¿Quién controla las SICAV?

Lo más escandaloso de todo este tema es que cuando en 2004 la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) inició más de 200 inspecciones a estas entidades
por considerar que debían haber tributado al 35%, considerando que la mayor parte
de los inversores eran ficticios, le “quitaron” la competencia del control del
cumplimiento de estos requisitos a la Administración Tributaria mediante una
enmienda legislativa propuesta de CiU, con el voto favorable de todos los grupos, salvo
IU. Debido a esta cuestión y a una resolución del TEAC de 2007 (órgano administrativo
integrado en la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos) considerando que la
citada modificación tenía un carácter interpretativo, ninguna de las inspecciones
llegaron a buen puerto.

¿A quién le dieron la competencia para controlar tales requisitos? A la CNMV,
cuyo vicepresidente, según se ha publicado, tenía una SICAV (Togomago), con el
99,25% de las acciones.

No se puede negar que cualquier iniciativa que proponga un aumento en la
tributación de este tipo de sociedades conlleva un riesgo de huida de los capitales
invertidos a zonas de menor tributación, por ejemplo a Luxemburgo, donde tiene su
domicilio precisamente la SICAV que gestiona los planes de pensiones privados de los
eurodiputados. Sin embargo, tal posibilidad no debe justificar que en un Estado de
Derecho los beneficios tributarios se consigan en fraude de ley, contratando mariachis,
ni que el único beneficio tributario que no fiscalice la Inspección tributaria sea
precisamente el tipo del 1% de la SICAV. Además, conviene precisar varias cuestiones:

1ª. El hecho de que las SICAV tengan su domicilio en España no constituye
ninguna garantía de que la inversión se mantenga en nuestro país. De hecho, desde el
año 2008, buena parte de la cartera patrimonial interior —especialmente la
correspondiente a valores representativos de deuda pública española— se ha
cambiado por inversiones en el exterior, que ya suponen el 52,2% del total, según la
CNMV.

2ª. La pérdida de recaudación tributaria en caso de que realmente emigraran
dichos capitales sería mínima para las arcas públicas españolas. Estaríamos hablando
de unos 12 millones de euros anuales, en comparación, por ejemplo, con el crédito
extraordinario y los suplementos de créditos para el Ministerio de Defensa de más de
900 millones de euros que ha aprobado un año más el Gobierno, con nocturnidad y
alevosía, el 1 de agosto, mediante el Real Decreto-ley 10/2014, aprovechando las
vacaciones.

3ª. Las inversiones de este tipo de sociedades no se destinan mayoritariamente a
la financiación de la economía real, sino que se materializan en el ámbito especulativo
financiero.

4ª. La supuesta huida podría paliarse exigiendo a los contribuyentes con
sociedades de inversión en el extranjero que imputaran esas rentas conforme al
régimen de transparencia fiscal internacional, lo que implicaría una tributación
superior a la de las SICAV españolas.

Propuesta de reforma

En todo caso, lo que sí es cierto es que un aumento de la tributación de estas
sociedades en la inminente reforma fiscal, manteniendo no obstante una situación
beneficiosa aunque no simbólica y escandalosa, coadyuvaría a reforzar la conciencia
fiscal de la mayoría de los ciudadanos —que piensan que los impuestos son injustos,
que los ricos pagan poco y que existe mucho fraude fiscal, según las últimas encuestas
del CIS y del Instituto de Estudios Fiscales—.

Del mismo modo, debería reconducirse el control de este tipo de sociedades a la
AEAT, establecer un límite máximo personal en el accionariado, por ejemplo, de 5%, y
apostar decididamente por aumentar su tributación en el marco de los países de la
OCDE, además de establecer un plazo máximo de permanencia de las plusvalías.

Desgraciadamente, ésta no parece ser la voluntad del actual Gobierno, plasmada
en el Proyecto de Ley de reforma del IRPF y otras normas tributarias. De hecho, hace
dos veranos el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Reglamento de desarrollo la Ley
de Instituciones de Inversión Colectiva, manteniendo intactos los requisitos esenciales
del régimen jurídico-privado de esta figura.

Llegados a este punto, en aras de la coherencia, tanto el informe de expertos
como la reforma planteada por el ejecutivo debería haber incorporado una propuesta
para reformar el artículo 31 de la Constitución Española en los siguientes términos:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema
tributario basado preferentemente en los impuestos indirectos y en las tasas. Se regirá
por el principio de fomento de competitividad fiscal a la baja, para atraer a España
empresas y capitales, beneficiando las inversiones, el ahorro y las instituciones
financieras y los mercados. El principio de progresividad sólo será predicable de la
tributación de las rentas del trabajo en el IRPF.

La comprobación e investigación desarrollada en la aplicación de este sistema se
centrará en los contribuyentes personas físicas con rentas medias y bajas y en las
pequeñas y medianas empresas, en lugar de en las entidades financieras, las grandes
corporaciones y las relevantes fortunas, para evitar la deslocalización empresarial, la
huida de capitales y los conflictos con los mercados.”

{Víctor A. Luque de Haro es Licenciado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas y Máster en
Economía Internacional y Desarrollo}

{Miguel Ángel Luque Mateo es Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de
Almería}

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