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Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: La mordaza que se nos viene

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, ha sido ampliamente contestada desde la sociedad civil. El Informe del Consejo General del Poder Judicial apunta sobre la posible inconstitucionalidad de gran parte de los preceptos que han sido cuestionados. El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, quien denunció el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones y la impunidad policial, ha calificado esta reforma legislativa de desproporcionada y contraria al derecho de reunión y manifestación.

La nueva Ley regula materias muy diversas como el castigo a la prostitución, la celebración de espectáculos públicos, control de armas o artículos pirotécnicos, consumo o cultivo de estupefacientes, documentación e identificaciones, controles en la vía pública, cacheos policiales, videocámaras, registro de domicilio, etc. Pero su núcleo esencial afecta al ejercicio del derecho de reunión y manifestación, así como a la libertad de expresión e información, estableciendo sanciones sobre conductas estrechamente ligadas al ejercicio de estos derechos, con la clara intencionalidad de mermar su ejercicio por la ciudadanía.

La propia exposición de motivos de esta Ley la justifica en “los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador”. Resalta el binomio Libertad-Seguridad para aniquilar la primera frente a la segunda. En definitiva configura un concepto de Orden Público y Seguridad Ciudadana que lejos de constituir una garantía para el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales aboga por un orden preconstitucional de sanciones administrativas dirigido a cortar el auge de la protesta surgida contra el desmantelamiento de lo público, los recortes sociales o el clima generalizado de corrupción política en el que vivimos.

Esta Ley no viene sola, sino que le acompaña una profunda reforma del Código Penal que viene a endurecer los delitos contra la autoridad y el orden público, así como a eliminar las faltas, agravando a delitos determinadas conductas y convirtiendo en sanción administrativa otras. Las faltas que se convierten en delito pasan a tener más pena, las convertidas en sanción administrativa pasan a tener menos garantías procedimentales y sanciones mayores.

Estas son algunas de las conductas que se sancionan (1):

El art. 36 establece como conductas graves que se sancionan con 601 a 30.000 euros (2):

1. “La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, deportivos o culturales, u otras reuniones a las que asistan numerosas personas...”. Aquí podrían estar contempladas acciones como las de los preferentistas.

2. “La participación en alteraciones de la seguridad ciudadana, usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación”. El uso de caretas como las de Anonymous o de sudaderas con capuchas.

3. “La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y Parlamentos Autonómicos, aunque no estuvieran reunidos”, sin observar los requisitos de “autorización” administrativa. Rodea el Congreso.

4. “Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”. Las acciones de Stop Desahucios.

5. “La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse”.

6. “La perturbación del orden en un acto de campaña electoral… o en la votación”. Los escraches realizados durante unas elecciones.

7. “La celebración de las denominadas manifestaciones "no autorizadas", así como la negativa a disolver las manifestaciones ordenadas por la autoridad”.

8. “Las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio”. En este tipo se podría subsumir las pitadas al Rey en algún partido de fútbol.

9. “Las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana”. En clara referencia al uso de las redes sociales.

10. “Los daños o el deslucimiento grave de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, tales como señales de circulación, farolas, marquesinas, papeleras y demás mobiliario urbano”. Pintadas o pegadas de carteles.

11. “El escalamiento de edificios de organismos o instituciones públicas o de interés histórico-artístico sin la debida autorización y la precipitación o lanzamiento desde los mismos”. El tradicional despliegue de pancartas desde un edificio público o monumento.

12. “El uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” (3). Las fotos y vídeos de abusos policiales o infiltrados.

Las infracciones leves más significativas que se introducen (art. 37), sancionadas de 100 a 1.000 euros:

1. “Manifestaciones no comunicadas o prohibidas”.

2. “Incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal en una manifestación cuando supongan alteraciones menores”. ¿Ocupar un carril de tráfico no autorizado?

3. “Injurias y falta de respeto o consideración que se realicen a un policía en una reunión o concentración”.

4. “La ocupación de cualquier espacio común, público o privado, fuera de los casos permitidos por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquélla por la autoridad competente, o la permanencia en él contra la voluntad de su propietario”. Los encierros en entidades financieras por ejemplo.

5. “La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos”. Acampadas como las del 15M.

6. “La remoción de vallas, cercados, empalizadas, barreras, verjas o encintados, fijos o removibles, colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo”.

Se configuran como infracciones muy graves (art. 35), con sanciones desde 30.001 hasta 60.000 euros, las reuniones o manifestaciones en lo que se denomina infraestructuras críticas, como pueden ser el corte de autovías (recordemos las últimas movilizaciones mineras) o acciones en centrales nucleares como a las que nos viene acostumbrando alguna organización ecologista en su denuncia de la falta de seguridad de estas instalaciones.

Cabe destacar igualmente que se consagra una responsabilidad objetiva sobre las personas convocantes de las manifestaciones (art. 30), quienes las presidan o dirijan o difundan por cualquier medio estas convocatorias, hayan sido comunicadas o no, por todas aquellas infracciones de esta Ley que acontezca durante el transcurso de la protesta. También se establece la responsabilidad de los mayores de 14 años.

A su vez se establece la creación de un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, donde serán registrados los infractores de esta Ley.

En definitiva, resulta evidente el marcado objetivo de criminalizar y sancionar la disidencia de esta Ley Antiprotesta, en unos tiempos en que la protesta se ha convertido en una cuestión de supervivencia para muchos y muchas de nosotros. La mayoría de las sanciones impuestas en las movilizaciones de los últimos años están siendo anuladas por los Tribunales y es más que probable que esta Ley, en caso de llegar a ser aprobada, no se salve de una criba constitucional. Se olvidan de que cuando la represión se incrementa hasta el absurdo cae en el descrédito.

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(1) Último borrador del anteproyecto (mayo de 2014), tras un leve maquillaje ante las evidentes críticas ejercidas tanto por el Consejo Fiscal como por el Consejo General del Poder Judicial.

(2) En el primer documento de anteproyecto se contemplaba la pérdida de la residencia para los extranjeros con residencia legal y la expulsión para los que se encuentras en situación irregular. Parece que ha sido eliminada dicha potestad sancionadora.

(3) Esta medida, que ha sido fuertemente cuestionada por afectar al derecho de información, ha pasado de ser falta leve en el primer anteproyecto, noviembre 2013, a falta grave en el documento de anteproyecto de mayo de 2014.

Fuente: http://www.cgtandalucia.org/Barricada-de-Papel-no-17

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