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28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

“Sus crisis nos enferman aún más: ¡no tragues con lo que sea, en el puesto de trabajo!”

La declaración de los Derechos Universales de NNUU de 1948, proclama el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna, como derechos fundamentales o inalienables de todos los seres humanos.

La primera pregunta que planteamos es que no existe esa igualdad proclamada constitucionalmente, y la desigualdad de trato, para las personas asalariadas (la mayoría de la sociedad), se convierte en norma en estos tiempos de estafa social, denominada por los poderosos y empresarios, crisis económica o recesión.

Los seres humanos no tenemos un tratamiento igualatorio para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a todos y todas. Por el contrario, los seres humanos ni nacemos iguales, ni todos somos portadores de los mismos derechos, a pesar de que el mundo del derecho formal insista una y otra vez (que lo hace) en proclamar lo contrario.

La salida a la “crisis económica” se está haciendo sobre una mayor precarización de las condiciones de empleo y, a la vez, sobre las condiciones de vida al desproteger a la clase trabajadora de servicios públicos esenciales para una buena salud: prestaciones de desempleo, rentas básicas que aseguren un mínimo vital, vivienda y habitat accesible con elementos esenciales (agua, energía eléctrica, etc.), acceso a cuidados y sanidad suficiente y eficiente, a la vez que educación libre, y claro, los costes en términos de salud son y serán elevados.

Un trabajador, una trabajadora precarios, donde la temporalidad de su contrato es una característica, y el contrato a tiempo completo y fijo se ha convertido en una anomalía, es un trabajador o trabajadora más vulnerable, que ocupa con mayor frecuencia un puesto de trabajo con peores condiciones de trabajo, y que “con tal de trabajar” se ve impelido a “tragar con lo que sea”. Su capacidad para ejercer su derecho de protección a la salud, se ve disminuida, cuando no anulada.

La cadena de consecuencias, tanto por la frágil seguridad jurídica del contrato, como por la absoluta libertad de desprenderse del mismo, no sólo disciplina al trabajador y a la trabajadora, sino que le crea una conciencia donde el trabajar en cualquier condición: accidentabilidad, ansiedad, disociación, siniestralidad, agresiones a su salud mental social y biológica, considera que lo importante es trabajar y su seguridad física, su salud, pasa al plano de la "causalidad", a ver si hay suerte y no me toca a mí.

Los colectivos más vulnerables a los efectos de la crisis son los trabajadores y trabajadoras jóvenes nacidos en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, que nunca han sufrido una coyuntura económica como la actual.

No están acostumbrados a vivir bajo presión y muy sensibles a la conciliación de la vida laboral, social y familiar, se ven inmersos en la perplejidad de un “sin futuro y sin dinero”. Disociaciones, agresividad, ansiedad, depresiones…

Los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes, generalmente en puestos de baja cualificación profesional, con contratos temporales o simplemente sin contrato, en paro fundamentalmente y con “rechazo latente”. Carecen de una red familiar y social, al estar lejos de su país, que les aporte apoyo emocional, ayuda y asistencia tanto en lo emocional como en lo no emocional. Y negado su derecho fundamental a la libre circulación y a la asistencia sanitaria, sus niveles de salud se degradan integralmente.

Los trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años, y en especial los que están cerca de la jubilación. La posibilidad de perder el empleo y la certeza de no volver a ingresar al mercado de trabajo, si se pierde el empleo, hace aparecer consecuencias derivadas de esta pérdida, salud mental, ansiedad, depresiones, disociación, etc. y a la vez, las consecuencias derivadas en un descenso en las cotizaciones sociales y por tanto en la consiguiente pensión. Perciben y viven la realidad como una amenaza, paralizando su voluntad.

La desigualdad de trato ha empeorado dramáticamente en el Estado Español con las políticas de los gobiernos y los poderosos “anti-crisis”. Las personas pobres: asalariados y asalariadas, excluidas, pensionistas, jóvenes, mujeres…, somos cada vez más pobres y las personas ricas y poderosas, menos del 10% de la población del estado español, no han notado “sus crisis” y, han trasladado a la mayoría de la población una peor salud laboral, social y mental.

Una buena salud es terminar con este sistema, el Capitalismo. ¡Nos va la Vida!

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Cartel:



Díptico:

Diptico Salud Laboral 2014

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