Foto arton5048
Sin comentarios 140 veces visto

El desmantelamiento de los servicios municipales

El Gobierno del PP aguarda que se pasen las elecciones europeas para entrar a saco en el desmantelamiento de las administraciones locales y sus servicios básicos enseñanza, sanidad, y servicios sociales, así como los de cultura, deportes y atención a los consumidores y, por otra parte, privatizar aquellos servicios considerados esenciales, transporte público, agua, y retirada y tratamiento de residuos.

Las medidas que entraron en vigor con la publicación en el BOE el 31 de diciembre con el sarcástico nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, van a provocar una nueva oleada de despidos, no renovación de contratos, privatizaciones de los sectores básicos y supresión de servicios comunitarios.

Este plan piensan llevarlo a cabo con tiempo suficiente para que no influya en las elecciones municipales previstas para abril de 2015, preveyéndose una intensificación de las privatizaciones, la supresión de servicios y los despidos a partir de las elecciones europeas y antes de fin de año.

El sistema empleado ha consistido en privar de competencias propias a los ayuntamientos y así, en el ámbito de la sanidad desaparece la participación en la gestión de la atención primaria, en el de la enseñanza se suprime la creación de centros escolares y la construcción de los mismos, quedando limitada la actividad a la cooperación, un vocablo vacío, en la obtención de terrenos, un nuevo ataque a la enseñanza púbica añadiendo dificultades para la creación de nuevos centros. En el ámbito cultural y deportivo se suprimen las actividades directas y se sustituyen por una mera información y promoción de las mismas, abriendo la vía a la colaboración mediante subvenciones de los centros privados deportivos escolares, y al igual que en el ámbito de la cultura a la cesión de los centros y teatros, al no poder realizar actividades de forma directa.

El ataque más importante cuantitativamente se da en los servicios sociales. La prestación de los mismos se suprime y se le atribuyen a las Comunidades Autónomas quedando los ayuntamientos exclusivamente con las competencias de atención inmediata a las personas en situación de riesgo de exclusión social, para lo cual han de contar con más de 20.000 habitantes.

Estos cambios se estiman solo para la provincia de Sevilla en una supresión de mas de 6.500 empleos indirectos y a la supresión del servicio de 145.000 usuarios. La ayuda a domicilio, las drogodependencias, la atención a las mujeres maltratadas y el resto de servicios sociales pasan a ser de competencia autonómica pero sin presupuesto transferido del estado y sin que el personal que actualmente lo lleva a cabo sea transferido.

Las actividades que hasta ahora podían ser compartidas entre ayuntamiento y estado o comunidad autónoma, se las limita imponiendo que su coste total sea asumido íntegramente por aquellos, condición imposible cuando el convenio del personal laboral tiene salarios superiores a los del estado o comunidad, no permitiéndose ademas que se asuman costes asociados, agua, luz, material, etc., quedando condenados a la supresión o a ser derivados a empresas privadas u ONG que asuman las condiciones impuestas sin coste adicional para el ayuntamiento.

Para los servicios básicos que quedan como competencias municipales se empuja a la privatización de los mismos, mediante exigencias draconianas y así se exige un equilibrio entre ingresos y gastos en el transporte público, la recogida de residuos y las empresas públicas del agua, además de todas aquellas que desarrollen actividades económicas, equilibrio que solo puede conseguirse mediante el incremento de precios, tasas y tarifas.

Se impide aportar capital en caso de pérdidas, salvo que se haya cumplido con el compromiso de deuda y estabilidad presupuestaria y además el pago a proveedores no pase de 30 días de promedio, una exigencia en estos tiempos de crisis imposible de cumplir. Con esta medida se suprimirán empresas municipales, organismos, fundaciones, consorcios, etc.

Puestas las condiciones para la privatización y el cierre a continuación se fijan y se señalan los plazos. El 31 de diciembre de este mismo año para todas las empresas municipales con desequilibrio financiero, para la disolución voluntaria y en caso contrario la automática según el tipo de servicios, seis meses después para todas, excepto para abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos y transporte público para los cuales se fija un año más hasta el 31 de diciembre de 2015 en fase voluntaria y el mismo día de 2016 obligatoriamente si no lo decretó el Ayuntamiento.

Para los ayuntamientos mas pequeños se imponen medidas adicionales tendentes a la concentración de servicios en la diputación provincial, que se refuerza en detrimento de la cercanía de los servicios municipales pero a la cual también se le suprimen las competencias en enseñanza, sanidad y servicios sociales. Con estas medidas los ayuntamientos pequeños quedan sin competencias propias para atender a sus ciudadanos y estos tendrán que acudir para la prestación de los servicios que queden a desplazamientos a otras localidades y padecerán la supresión de los pocos empleos públicos que aún conservan y en consecuencia el despoblamiento.

En definitiva, el objetivo de esta ley es suprimir los servicios que tienen relación con la sanidad, la educación, los servicios sociales y tambien la cultura y el deporte. Suprimir servicios y puestos de trabajo de los ayuntamientos quedando limitado estos a los indispensables, comprendidos en el Estatuto Básico del Empleado Publico reservados a los funcionarios y siendo marginal el personal laboral tanto fijo como contratado, suprimiendo fundaciones, empresas públicas, consorcios, etc. y privatizando los servicios que son indispensables. Solo los servicios que supongan ejercicio de autoridad están excluidos de la externalización o supresión.

La ley sienta las bases para futuras medidas coercitivas tendentes a disminuir las transferencias a aquellos ayuntamientos que se resistan a las privatizaciones y eliminación de servicios, aún en el caso de cumplir con todos los requisitos para conservarlos. Se prevé en la misma una batería de normas de la Hacienda Publica estatal, que obliga a la valoración del coste de cada servicio, coste que publicará el estado. Iniciado este camino el próximo paso es la consideración de costes medios por servicio, que irán a la baja como consecuencia de las privatizaciones y a continuación establecer las transferencias del estado en función de dichos costes medios asfixiando a aquellos municipios que mantengan un nivel aceptable de retribución de sus empleados y se hayan negado a las privatizaciones.

Para llevar a cabo este expolio no se paran ni en las formas. Se han adoptado cambios legales que posibilitan la adopción de acuerdos de las corporaciones locales con la eliminación de la necesidad de la aprobación por mayoría en los casos de todas las atribuciones comprendidas en esta Ley, transferiendose a la Junta de Gobierno Local, o sea el Alcalde y los concejales con cargos en la corporación nombrados por este. Entre otras medidas podrán tomar las siguientes; los planes de saneamiento y reducción de deudas, los planes económicos financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste y el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente. Lo cual implica la aprobación de la venta de propiedades municipales, privatizaciones de servicios, etc.

En definitiva, se cambia el sistema de mayorías por un sistema autoritario con capacidad de aprobar las medidas esenciales, aún con la mayoría de concejales en contra, trasladando las decisiones a la Junta de Gobierno.

Frente a estas medidas aprobadas y cuya aplicación va a comenzar en breve se observa una pasividad alarmante tanto en la ciudadanía como en las organizaciones sindicales, por lo que se hace necesario que desde CGT se impulsen charlas, debates, coloquios y, al menos, unas jornadas de todo el sector público local que comprenda personal funcionario, laboral, interino y contratados, no solo de las corporaciones locales sino de todo el sector público local, empresas de aguas, transporte público, residuos, conservación de jardines, áreas de cultura, fundaciones, etc. que debatan sobre las consecuencias de la ley y, por otra, un debate general que nos afecta a todas y todos.

Fuente: http://www.cgtandalucia.org/Barricada-de-Papel-no-16

Recomendados

CGT convoca en toda la enseñanza andaluza paros para recuperar las 18 horas y el resto de derechos perdidos.

RECUPEREMOS TODOS LOS DERECHOS. RECUPEREMOS LAS 18 HORAS LECTIVAS. Desde la entrada en vigor del Decreto Ley 14/2012 [...]

CGT llama a participar en la caravana a la valla de ceuta el 6 de octubre

En recuerdo del 8º aniversario de los acontecimientos ocurridos en las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta en 2005, do [...]

CGT agradece el apoyo a una trabajadora de una contrata de ACERINOX

CGT quiere agradecer públicamente los esfuerzos realizados por todos los participantes en la justa reivindicación de la [...]

0 comentarios

Aún sin comentarios

Puedes ser el primero en comentar esta noticia!

Deja tu Comentario

Tu email no será publicado. Los campos obligatorios estan marcados con el simbolo *

¿ Cuanto es nueve + nueve ?