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El desmantelamiento de los servicios municipales

El Gobierno del PP aguarda que se pasen las elecciones europeas para entrar a saco en el desmantelamiento de las administraciones locales y sus servicios basicos ensenanza, sanidad, y servicios sociales, asi como los de cultura, deportes y atencion a los consumidores y, por otra parte, privatizar aquellos servicios considerados esenciales, transporte publico, agua, y retirada y tratamiento de residuos.

Las medidas que entraron en vigor con la publicacion en el BOE el 31 de diciembre con el sarcastico nombre de Ley de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administracion Local, van a provocar una nueva oleada de despidos, no renovacion de contratos, privatizaciones de los sectores basicos y supresion de servicios comunitarios.

Este plan piensan llevarlo a cabo con tiempo suficiente para que no influya en las elecciones municipales previstas para abril de 2015, preveyendose una intensificacion de las privatizaciones, la supresion de servicios y los despidos a partir de las elecciones europeas y antes de fin de ano.

El sistema empleado ha consistido en privar de competencias propias a los ayuntamientos y asi, en el ambito de la sanidad desaparece la participacion en la gestion de la atencion primaria, en el de la ensenanza se suprime la creacion de centros escolares y la construccion de los mismos, quedando limitada la actividad a la cooperacion, un vocablo vacio, en la obtencion de terrenos, un nuevo ataque a la ensenanza pubica anadiendo dificultades para la creacion de nuevos centros. En el ambito cultural y deportivo se suprimen las actividades directas y se sustituyen por una mera informacion y promocion de las mismas, abriendo la via a la colaboracion mediante subvenciones de los centros privados deportivos escolares, y al igual que en el ambito de la cultura a la cesion de los centros y teatros, al no poder realizar actividades de forma directa.

El ataque mas importante cuantitativamente se da en los servicios sociales. La prestacion de los mismos se suprime y se le atribuyen a las Comunidades Autonomas quedando los ayuntamientos exclusivamente con las competencias de atencion inmediata a las personas en situacion de riesgo de exclusion social, para lo cual han de contar con mas de 20.000 habitantes.

Estos cambios se estiman solo para la provincia de Sevilla en una supresion de mas de 6.500 empleos indirectos y a la supresion del servicio de 145.000 usuarios. La ayuda a domicilio, las drogodependencias, la atencion a las mujeres maltratadas y el resto de servicios sociales pasan a ser de competencia autonomica pero sin presupuesto transferido del estado y sin que el personal que actualmente lo lleva a cabo sea transferido.

Las actividades que hasta ahora podian ser compartidas entre ayuntamiento y estado o comunidad autonoma, se las limita imponiendo que su coste total sea asumido integramente por aquellos, condicion imposible cuando el convenio del personal laboral tiene salarios superiores a los del estado o comunidad, no permitiendose ademas que se asuman costes asociados, agua, luz, material, etc., quedando condenados a la supresion o a ser derivados a empresas privadas u ONG que asuman las condiciones impuestas sin coste adicional para el ayuntamiento.

Para los servicios basicos que quedan como competencias municipales se empuja a la privatizacion de los mismos, mediante exigencias draconianas y asi se exige un equilibrio entre ingresos y gastos en el transporte publico, la recogida de residuos y las empresas publicas del agua, ademas de todas aquellas que desarrollen actividades economicas, equilibrio que solo puede conseguirse mediante el incremento de precios, tasas y tarifas.

Se impide aportar capital en caso de perdidas, salvo que se haya cumplido con el compromiso de deuda y estabilidad presupuestaria y ademas el pago a proveedores no pase de 30 dias de promedio, una exigencia en estos tiempos de crisis imposible de cumplir. Con esta medida se suprimiran empresas municipales, organismos, fundaciones, consorcios, etc.

Puestas las condiciones para la privatizacion y el cierre a continuacion se fijan y se senalan los plazos. El 31 de diciembre de este mismo ano para todas las empresas municipales con desequilibrio financiero, para la disolucion voluntaria y en caso contrario la automatica segun el tipo de servicios, seis meses despues para todas, excepto para abastecimiento y depuracion de aguas, recogida y tratamiento de residuos y transporte publico para los cuales se fija un ano mas hasta el 31 de diciembre de 2015 en fase voluntaria y el mismo dia de 2016 obligatoriamente si no lo decreto el Ayuntamiento.

Para los ayuntamientos mas pequenos se imponen medidas adicionales tendentes a la concentracion de servicios en la diputacion provincial, que se refuerza en detrimento de la cercania de los servicios municipales pero a la cual tambien se le suprimen las competencias en ensenanza, sanidad y servicios sociales. Con estas medidas los ayuntamientos pequenos quedan sin competencias propias para atender a sus ciudadanos y estos tendran que acudir para la prestacion de los servicios que queden a desplazamientos a otras localidades y padeceran la supresion de los pocos empleos publicos que aun conservan y en consecuencia el despoblamiento.

En definitiva, el objetivo de esta ley es suprimir los servicios que tienen relacion con la sanidad, la educacion, los servicios sociales y tambien la cultura y el deporte. Suprimir servicios y puestos de trabajo de los ayuntamientos quedando limitado estos a los indispensables, comprendidos en el Estatuto Basico del Empleado Publico reservados a los funcionarios y siendo marginal el personal laboral tanto fijo como contratado, suprimiendo fundaciones, empresas publicas, consorcios, etc. y privatizando los servicios que son indispensables. Solo los servicios que supongan ejercicio de autoridad estan excluidos de la externalizacion o supresion.

La ley sienta las bases para futuras medidas coercitivas tendentes a disminuir las transferencias a aquellos ayuntamientos que se resistan a las privatizaciones y eliminacion de servicios, aun en el caso de cumplir con todos los requisitos para conservarlos. Se preve en la misma una bateria de normas de la Hacienda Publica estatal, que obliga a la valoracion del coste de cada servicio, coste que publicara el estado. Iniciado este camino el proximo paso es la consideracion de costes medios por servicio, que iran a la baja como consecuencia de las privatizaciones y a continuacion establecer las transferencias del estado en funcion de dichos costes medios asfixiando a aquellos municipios que mantengan un nivel aceptable de retribucion de sus empleados y se hayan negado a las privatizaciones.

Para llevar a cabo este expolio no se paran ni en las formas. Se han adoptado cambios legales que posibilitan la adopcion de acuerdos de las corporaciones locales con la eliminacion de la necesidad de la aprobacion por mayoria en los casos de todas las atribuciones comprendidas en esta Ley, transferiendose a la Junta de Gobierno Local, o sea el Alcalde y los concejales con cargos en la corporacion nombrados por este. Entre otras medidas podran tomar las siguientes; los planes de saneamiento y reduccion de deudas, los planes economicos financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste y el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente. Lo cual implica la aprobacion de la venta de propiedades municipales, privatizaciones de servicios, etc.

En definitiva, se cambia el sistema de mayorias por un sistema autoritario con capacidad de aprobar las medidas esenciales, aun con la mayoria de concejales en contra, trasladando las decisiones a la Junta de Gobierno.

Frente a estas medidas aprobadas y cuya aplicacion va a comenzar en breve se observa una pasividad alarmante tanto en la ciudadania como en las organizaciones sindicales, por lo que se hace necesario que desde CGT se impulsen charlas, debates, coloquios y, al menos, unas jornadas de todo el sector publico local que comprenda personal funcionario, laboral, interino y contratados, no solo de las corporaciones locales sino de todo el sector publico local, empresas de aguas, transporte publico, residuos, conservacion de jardines, areas de cultura, fundaciones, etc. que debatan sobre las consecuencias de la ley y, por otra, un debate general que nos afecta a todas y todos.

Fuente: http://www.cgtandalucia.org/Barricada-de-Papel-no-16

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