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La CGT se persona en el proceso de los ERE falsos

La Confederación se ha personado como acusación, ejercitando la acción popular, en las diligencias previas del caso de los ERE de Andalucía.

CGT se personó en el caso presentando el escrito correspondiente en el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla “contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como frente a los ya denunciados y/o querellados en el procedimiento”. De esta forma se materializaba la decisión tomada el pasado 11 de abril en la Plenaria del Comité Confederal de CGT que ratificaba un acuerdo anterior de la Plenaria andaluza.

El sindicato se presenta como acusación en defensa de los derechos económicos, laborales y sociales de las personas trabajadoras ya que considera que el caso atenta directamente a esos derechos por afectar a fondos públicos presupuestados para la promoción de empleo, la formación profesional, la negociación colectiva y a la estabilidad en el empleo. Han sido centenares las trabajadoras y los trabajadores afectados por la negociación de los distintos ERE en los que han aparecido falsos prejubilados y altísimas comisiones pagadas a los intermediarios que requieren una verdadera depuración de responsabilidades.

El cobro de comisiones por los sindicatos negociadores de los ERE, con independencia de que sea legal o no, requiere aclaración y afecta directamente a la imagen del sindicalismo, manchando también la proyección pública de los sindicatos combativos que siempre nos hemos negado a negociar el despido en masa de trabajadores y que, por supuesto, nunca aceptaríamos pago alguno por la gestión del despido de nuestros compañeros y compañeras.

Por su representatividad, la propia CGT ha estado presente los principales procesos de movilizaciones contra la deslocalización industrial de Andalucía (Delphi, Santana, etc.) y nuestro proceder en absoluto puede confundirse con las prácticas clientelares del sindicalismo pactista y, hoy, supuestamente corrupto. A CGT corresponde su parte de responsabilidad en el fracaso colectivo al no haber podido o sabido liberar al amplio colectivo afectado de la dependencia respecto a las estructuras sindicales y políticas que nos han llevado a esta situación.

CGT se propone la defensa de los intereses tanto de los trabajadores perjudicados directamente por los cierres patronales, ERE y deslocalizaciones como de la ciudadanía afectada indirectamente por la malversación de caudales públicos. La negligencia que supone facilitar, crear las condiciones o dejar hacer, en casos de saqueo del erario público, no debe ser solo política, sino también penal.

Ahora bien, el papel de la CGT en este proceso tiene que ser independiente y diferenciado del de otras partes personadas. El sindicato no comparte la intención de quienes, acogiéndose a la mala utilización de los fondos públicos, promueven soluciones liberales de reducción de la intervención pública aun en casos de emergencia social.

Menos aún se pueden apoyar posiciones que piden que, si determinada gestión arbitraria de recursos públicos fuera declarada ilegal, se pueda reclamar la devolución de cantidades pagadas en concepto de prejubilación, confundiendo estas cantidades con las percibidas por los beneficiarios de la corrupción.

Tampoco puede ser la posición de CGT la del mero reproche penal de los casos puntuales o generalizados de saqueo de fondos públicos como si estos fueran una simple deformación de un sistema defendible e ignorando que dicho sistema ha constituido el medio propicio para el surgimiento y generalización de estos casos.

El descrédito de lo público y la asimilación de las políticas de inversión pública al despilfarro y la corrupción es el peor resultado de este proceso, junto con la ausencia de soluciones concretas para los trabajadores afectados, condenados al paro, a la precariedad o a la emigración.

Como CGT no podemos limitarnos a presumir de no haber participado en corruptelas, ni haberlas permitido por omisión o silencio, o haberlas denunciado. No basta con diferenciarnos con otros sindicatos en cuanto a limpieza y honradez. Es preciso hacer un mayor esfuerzo en explicar nuestro concepto de lo público, cuya mayor diferencia con otros modelos no es la honradez, sino la introducción del concepto de autogestión. Es la suma de mayor propiedad pública más la mayor participación social en la gestión de todo lo común. Nuestra postura es de crítica teórica y práctica del monopolio de la gestión, sea directamente por el capital o sea compartida, como en este caso, por políticos que gestionan el sistema.

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