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CGT de recurrirá los decretos Andaluces que recortan educación y salud

Una vez analizado el alcance nefasto de las normas aprobadas por el parlamento andaluz con el voto favorable del PSOE y de 10 de los 12 parlamentarios de IU, CGT recurrirá tanto las normas como los acuerdos que dimanen de su nociva aplicación.

CGT felicita por su coherencia, valor y coraje político a los dos parlamentarios de IU que se manifestaron contrarios a la aprobación de estas injustas normas, especialmente a la coordinadora de educación del grupo parlamentario Marina Segura.

CGT denuncia la incoherencia del PSOE que ataca en Madrid (con la boca chica) al PP en materia de recortes sociales y hace lo propio en Andalucía sin el menor de los rubores. Valorando como un acto de compostura política el anuncio de la demanda de inconstitucionalidad de los Reales Decretos del Gobierno Central. CGT hace meses invito al grupo parlamentario socialista del congreso de los diputados a que realizara este recurso sin que se haya producido en Madrid movimiento alguno.
CGT rechaza las medidas aplicadas a los servicios públicos y recogidas en los presupuestos tanto de los Gobiernos Central y autonómicos entendiendo que deberían de aplicarse otras que sin duda producirían un ahorro eficiente de recursos públicos.

Enumeramos alguna de ellas:

1.-Eliminación cargos de confianza. Los políticos nombran a personas (contratan) de su “confianza”, para gestionar asuntos que están encomendados a las administraciones públicas y que atienden con carácter normal empleadas y empleados públicos. Estas contrataciones son “innecesarias” y hasta cierto punto “ofensivas” al buen hacer y lealtad institucional de las personas que trabajan para la administración pública, ya que parece que se “desconfía” de ellas.

2.- Redimensión o reparto del trabajo de manera consensuada no sólo con sindicatos sino con empleadas y empleados públicos. Muchas personas que trabajan para la administración entienden y aceptan de buen grado algún sacrificio salarial siempre que se traduzca en aumento de empleo en tiempos tan críticos.

3.-Eliminación programas estrellas. Aquellos que en nada aportan a la mejora de la prestación de los servicios públicos y sí sirven para el boato y la proyección mediático-política de quienes hacen carrera política usando recursos públicos.

4.-Rescate de todos sistemas externalización (privatización) de servicios públicos haciéndolos eficientes. Todo lo que se privatiza es más caro. Un porcentaje del costo que se paga con dinero público va al bolsillo de quienes dirigen o son propietarios de las empresas privadas a las que se les permite prestar ese servicio. En muchas ocasiones políticos con intereses inconfesables premeditadamente hacen insostenible un servicio público para con esa escusa privatizarlos.

5.-Criterios de eficiencia en el gasto corriente de funcionamiento de las instituciones públicas. No existen. Se reparten partidas presupuestarias que sin criterios homologados se gastan dependiendo del criterio del político de turno. Por ejemplo la educción de gasto de papel y fotocopias sería muy fácil de acometer a cortísimo plazo con el uso generalizado de firmas digitales y digitalización de documentos y sistema de acceso público a los mismos mediante internet.

6.-Facilitar teletrabajo a un amplio número de funcionarios. Esto produce inmediatamente la reducción de costo de mantenimiento de instalaciones y reduciendo sus dimensiones. Además, mejoran el medio ambiente por reducción de desplazamientos de vehículos, mejora condiciones de circulación sobre todo en grandes ciudades y facilita la reducción del gasto particular por desplazamientos al puesto de trabajo ya que se reducen considerablemente los salarios. Esta modalidad requiere solo adaptar los sistemas de control existentes para el imprescindible control del teletrabajo.

7.-Cero gasto en campañas publicitarias de las administraciones públicas.

8.- Reducción de dietas y otros gastos a todos los cargos políticos y administrativos que no presten directamente servicios públicos

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