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Reforma constitucional y nuevas medidas antisociales: “Autogolpe de estado” de los políticos

LA CGT PROPONE Y LLAMA A LA REVUELTA SOCIAL

La Reforma de la Constitución para que se recoja el principio de estabilidad
presupuestaria y que pone techo al gasto público supone el fin del “estado del bienestar”

La Reforma de la Constitución que ha pactado el gobierno socialista con la oposición
conservadora, por su contenido y por su procedimiento, representa el máximo ataque que se ha
cometido desde la dictadura franquista contra la sociedad civil y el modelo de democracia que
tenemos.

Esta reforma para que la Constitución recoja el nivel máximo de déficit y de endeudamiento
público, supone la consagración y perpetuación de toda la política de reformas económicas,
antisociales y neoliberales que el gobierno, políticos, patronal, banqueros, especuladores y sindicatos
institucionales han ido aprobando sistemática y calculadamente en estos últimos años como
soluciones a la crisis sistémica del capitalismo con el único objetivo de satisfacer las ansias de los
mercaderes, de incrementar el nivel de explotación humana y de recursos en beneficio de una minoría
de ricos y poderosos.

Este Reforma constitucional significa renunciar, de hecho y de derecho, a cualquier posibilidad
del políticas económicas basadas en el reparto, en la justicia social, en el desarrollo del sector público,
de los servicios sociales y públicos, de la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos,
podría incluso conducir a no poder garantizar el pago de las pensiones públicas en el futuro, significa
renunciar a lo que conocemos como “estado del bienestar”, significa acentuar y ratificar el modelo
productivista, competitivo, consumista, crecentista que ha provocado la actual crisis económica.

El cambio constitucional no contempla pedir responsabilidades a quienes han provocado
que el Estado esté en “bancarrota” y en la ruina. Nos dicen y se exculpan con que el estado está
endeudado porque no obtiene ingresos y tiene muchos gastos, pero no nos dicen que las políticas de
los últimos años han sido quienes han provocado este endeudamiento. No hay ingresos porque se ha
legislado para que la patronal y las empresas dejen de cotizar a las arcas públicas, dejen de contribuir,
porque se han vendido las empresas públicas rentables, porque se ha pagado la deuda privada de los
bancos, porque se están privatizando todos los servicios públicos que producían beneficios...

El cambio constitucional significa una auténtica renuncia a la soberanía popular, significa un
verdadero déficit democrático y el sometimiento a los dictámenes de los países ricos de Europa. Se
produce para calmar a los mercados, en pleno ataque especulativo contra las arcas públicas, en plena
crisis, siguiendo el dictado implacable de los grandes bancos alemanes y franceses.

La reforma constitucional es una imposición a la sociedad civil de este país cuando no se le
han planteado otros países con endeudamientos y déficit público semejantes. El gobierno español ha
pactado con la oposición y resto de políticos de derechas y se han convertido en los mejores esclavos
de los mercados, haciendo de España el máximo exponente de la política neoliberal.

Por otra parte, la reforma constitucional se hace a pocas semanas de la convocatoria de las
elecciones políticas, con prisas, con un gobierno desacreditado, agotado, provisional. ¿Por qué? Todo
es una farsa. Cuando nos han vendido las enormes dificultades que suponen los cambios
constitucionales, de la necesidad de un debate público para lograrlo, ahora en un abrir y cerrar de ojos,
en pleno periodo estival, un gobierno desprestigiado y provisional nos arrastra a esta reforma.

Con este pacto de los políticos del gobierno y la oposición de derechas, ¿para qué sirven las
elecciones si este cambio constitucional ratifica toda la política económica y antisocial que se viene
haciendo? Ahora, quizás más que nunca, es intrascendente el proceso electoral, dará lo mismo quien
salga ganador en las elecciones. Esta reforma constitucional ata de pies y manos la acción social de
cualquier gobierno. Volvemos a la frase “todo atado y bien atado” y es que este país no sabe
deshacerse de “salvadores”, que en el fondo someten a sus intereses partidistas los intereses
generales.

Para la CGT es inadmisible, intolerable este “autogolpe de estado” de los políticos contra la
sociedad civil. Todas las medidas antisociales de reducir los derechos laborales, las libertades, de
reducir los salarios, de reducir las pensiones, las prestaciones sociales, de no garantizar los servicios
sociales... todas esas políticas se han hecho para reducir el déficit hasta el 3% y para controlar el nivel
de endeudamiento de las administraciones públicas.

Este gobierno ha traicionado a todo el pueblo, a toda la sociedad. Ya ha reducido el déficit,
ahora quiere plasmarlo en la Constitución imponiéndonos que ese déficit se ha reducido con el único
sacrificio de la clase trabajadora y colectivos populares.

Para la CGT, pedir un referéndum para la reforma constitucional es necesario pero, es
insuficiente. El referéndum es siempre una medida de participación directa, de democracia directa y la
CGT apoya y practica la acción directa, pero entendemos que el referéndum por si sólo es insuficiente.

Es preciso luchar y movilizar a la sociedad para no permitir esta dictadura de los políticos, que desde la
prepotencia, provocan cambios legales irreversibles y transcendentes. Los caprichos de Zapatero, sus
impulsos, su legislar a golde de decretazos, con alevosía aprovechando el verano, nos recuerda el
viejo estilo más propio del caudillismo.

La CGT llama a la movilización y la revuelta social para impedir este gravísimo atentado a
la sociedad de este país. Haremos cuantos medidas estén en nuestras manos, asambleas, debates,
movilizaciones, alianzas con el máximo consenso de todas aquellas organizaciones y movimientos
sociales que todavía no hayan entregado su dignidad para parar este autogolpe de estado“
Además de la reforma constitucional, se ha dado a conocer el pacto entre la patronal y el
sindicalismo institucional para mantener la moderación salarial pactada en 2010 hasta 2014,
perdiendo descaradamente las y los trabajadores poder adquisitivo, el gobierno ha diseñado otras
nuevas medidas anticrisis igualmente perniciosas para los intereses de las y los trabajadores y
mantener los beneficios de los poderosos y empresarios. Las medidas a que nos referimos son:

- Contratos de Formación: se podrá realizar esta forma de contratación a todos los menores de
30 años. Estos contratos están exentos de tributar los seguros sociales de las y los contratados
bajo esta modalidad.

- Rebaja del IVA en adquisición de vivienda: se baja el tipo impositivo a la mitad -del 8% al
4%- con la consecuente pérdida de ingresos a las arcas públicas.

- Reforma del FOGASA: Se permitirá que el Fogasa pague a plazos y hasta 2012, ocho días de
indemnización en los despidos justificados.

- Prorroga de los contratos temporales: a partir de ahora no será obligatorio convertir los
contratos temporales a indefinidos y se puede prorrogar indefinidamente la relación laboral
inestable hasta el 2013. Esto supone suspender el artículo 15.5 del estatuto de los
trabajadores.

Estos bandazos derechistas a golpe de decreto perpetrados por el PSOE conllevan el
mantenimiento de un empleo inestable y al arbitrio del empresario de turno; expolian las arcas públicas
mermando los ingresos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria; son un golpe a las
clases trabajadoras que pierden el empleo y ven que su indemnización la cobraran en cómodos plazos
(para el empresario y Fogasa); y se pretende reducir la tasa de paro juvenil -del 45%- con la
perpetuación de la precariedad laboral hasta los 30 años.

La CGT llama a la movilización y el referéndum para impedir la reforma de la
Constitución así como la derogación de todas las medidas económicas perpetradas contra
la clase trabajadora y colectivos sociales más desfavorecidos.

Secretariado Permanente de la CGT

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