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Celebrado el juicio contra la prórroga de la central nuclear de Garoña

El pasado 3 de junio de 2011, se celebró ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional el juicio contra la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio de 2009, por la que se prorrogaba la actividad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña hasta el 6 de julio de 2013 y se acuerda a su vez en esa fecha el cierre definitivo de dicha Central.

El Juicio se desarrolló en dos bloques, el primero que tenía como demandantes a la empresa Nuclenor (Iberdrola y Endesa), la Junta de Castilla y León, el Comité de Empresa de la Central, los Sindicatos USO y UGT, y la Asociación de Municipios Afectados por Centrales quienes pretenden una nueva prorroga hasta 2019 prorrogable a su vez hasta 2029, basada en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un organismo público pero de marcada orientación pronuclear. El segundo bloque las entidades que pretenden su cierre inmediato, Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Confederación General del Trabajo (CGT), por haberse cumplido los 40 años de actividad de la planta, plazo de vida que se contempló en el
diseño para su funcionamiento en condiciones de seguridad.

La promotora Nuclenor pedía a su vez que en caso de procederse al cierre en el 2013 como establece la resolución gubernativa, ser indemnizada con más de 900 millones de euros por el daños y lucro cesante fundado en un informe pericial firmado por quien hoy es el actual Secretario de Estado de Energías, Fabricio Hernández.

Todos los que apostaban por la prorroga indefinida de la Central, incluida la
Comunidad Autónoma de CyL y los sindicatos USO y UGT, se sumaron
sorprendentemente a la pretensión de indemnizar con fondo públicos a una
empresa privada que ha amortizado sobradamente todos sus activos, recibido cuantiosas subvenciones y que desde su privatización ha obtenido cuantiosos beneficios.

Desde la CGT se defendió el cierre en base a las cuestiones que fueron
planteadas en la vista:

1. La antigüedad de la Central la convierte en insegura.

2. La Central se encuentra ya sobradamente amortizada.

3. El cese de explotación no tendría repercusión sobre la garantía del
suministro eléctrico a la ciudadanía.

4. La central se ubica en un emplazamiento extremadamente frágil.

5. La nueva prórroga colisiona con los objetivos planteados por la Ley 2/2011
de economía sostenible de alcanzar el 20% de energías renovables para 2020.

6. La tramitación de la autorización se ha realizado sin la necesaria Evaluación de Impacto Ambiental.

7. Las condiciones de seguridad se han visto reducidas en el segundo informe
complementario, respecto al informe preceptivo del CSN.

8. A su vez, la central ya incumple 3 de las condiciones de seguridad impuestas por el CSN inicialmente y que finalmente han sido impuestas pero de una manera condicionada.

Los desgraciados y recientes acontecimientos en la central de Fukushima, nos han recordado que la energía nuclear no es tan segura, entre otras cosas por que sus sistemas de control y seguridad tanto públicos como privados no han resultado tan eficientes como nos vendía continuamente el lobby nuclear.

A los potenciales riesgos de esta fuente de energía, se une el enorme coste
para el conjunto de la ciudadanía. Por poner sólo un ejemplo, el actual seguro de responsabilidad de las Centrales Nucleares española se ha incrementado recientemente de 700 millones a 1200 millones de euros. A lo que se unen los costes fundamentalmente públicos de la gestión de los residuos nucleares. Estos enormes costes sociales y ambientales y el peligro que a corto y largo plazo entraña para la humanidad, exigen el abandono definitivo de la energía nuclear.

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