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'Después de que la raparan y le dieran aceite de ricino, la callaron para siempre'

Se llamaba Ana Rodríguez Bolaños. En la foto se la ve en la puerta de su casa en Zalamea la Real, en la cuenca minera de Huelva, rodeada por su marido y sus cinco hijos. Reina la República y ella aún es joven. Tiene una expresión tranquila y su pelo largo recogido en un moño al aire. Hay que imaginársela, muy poco después, en 1937, con la cabeza cubierta con un pañuelo para ocultar la infamia. Durante la represión desatada en la retaguardia franquista, se la llevaron un día de su casa para darle un escarmiento.

Como a miles de mujeres en España, le raparon el pelo y le hicieron tragar aceite de ricino para que se le descompusiera el vientre. «'Toma, que te has cagado delante de la gente'; lo que se trataba era de humillarlas». Sus nietos Juana y Manuel Ramírez Domínguez cuentan que ese episodio traumatizó a su abuela y marcó a la familia, que emigró a Sevilla, donde aún residen.

Su abuela Ana no pertenecía a ningún partido o sindicato de izquierdas, pero se rebelaba en la vida cotidiana. Como cuando fue al colegio de sus hijas y le dijo a la maestra «menos rezar y más darles de leer, que es lo que hace falta», o cuando se negó a que su hija Encarna (madre de Juana y Manuel) trabajara de criada en la casa de un «señorito» local y prefirió que se colocara con los ingenieros ingleses de las Minas de Riotinto. Bastó ese «hacerle un feo» para «señalarse».

«Después de eso, la callaron para siempre. Se quedó traumatizada para toda su vida», dice Juana. Ana sufrió depresiones hasta su muerte en 1979, con 85 u 86 años.

El decreto por el que la Junta de Andalucía indemnizará con 1.800 euros a las mujeres aún vivas que sufrieron el rapado, el ricino, el escarnio público u otro tipo de vejación, llega tarde para todas las que, como Ana Rodríguez Bolaños, ya han muerto, pero todavía a tiempo para unas pocas supervivientes.

El plazo de tres meses para reclamar acaba el 14 de enero. En las dos primeras semanas, la Consejería de Gobernación había recibido 16 solicitudes. El 14 de octubre el Parlamento aprobó a propuesta del PSOE una moción no de ley para instar a la Junta a que establezca además «una Declaración de reparación y reconocimiento personal, de carácer público, que se extienda a todas ellas y las familias de las ya fallecidas», para incluir casos como éste.


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