Pocos ya se escandalizan al conocer las cantidades que cobran los altos cargos de las administraciones y empresas publicas, los alcaldes y concejales. Estas retribuciones se encuentra a una distancia escandalosa del salario medio bruto de las personas trabajadoras a jornada completa.
Segun el dato aportado por el Instituto de Estadistica Nacional para 2014, unos 2.132,2 euros mensuales. Comparado con los 23.000 euros mensuales (si mensuales) de Magdalena Alvarez, los 21.000 euros mensuales que el PP pago a Barcenas hasta 2013, o los 10.000 euros mensuales de media, cobrados, ese mismo ano, por toda la cupula de Red.es (entidad publica empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energia y Turismo), podria calificarse de descomunal. Sobre todo cuando la lista interminable, de personas que se dedican a la politica y la direccion de entidades publicas, es enorme y todas ellas quintuplican el salario medio mensual de quienes trabajan en este pais. Si se compara su nivel retributivo con los 650 euros del salario minimo interprofesional lo multiplican en infinidad de casos por 20.
?Parece esto razonable? Hay quien piensa que si, y hay quien piensa lo contrario. Quienes estan conformes con que las personas que se dedican a la politica cobren esos sueldos medios, que rondan o superan los 100.000 euros anuales, mas ?ggastos de representacion?h, argumentan basicamente en dos direcciones: a) que esas remuneraciones estan relacionadas con el grado de responsabilidad que se asume. b) que solo asi podria contarse con personas altamente capacitadas, ya que de otra forma estarian contratadas en la empresa privada, hurtando a los entes publicos de la prestacion de los servicios de estas brillantes inteligencias.
Es curioso como ambas lineas argumentales partan de proposiciones incoherentes con la realidad. No se sostiene la primera linea argumental, ya que, si el salario depende del grado de responsabilidad que se asume, esta conllevaria mantenerla, incluso pecuniaria o patrimonial, cuando la gestion de los asuntos publicos ha generado numero rojos. Cuando las empresas o administraciones publicas se han sobre-endeudado, han reducido la calidad de los servicios o se deteriora el patrimonio publico, estas personas ?gresponsables?h ultra asalariadas, deberian dar la cara. Deberian ser igualmente responsables de los desaguisados que sus nefastas gestiones generan. Si ganar esos inmensos sueldos conllevara que de su bolsillo restituyeran los danos o perdidas que su gestion genera, no podria objetarse absolutamente nada. En ese caso los super-sueldos vendrian a ser una especie de ?gseguro de responsabilidad?h, que permitiria al patrimonio comun quedar a salvo de errores o actuaciones fraudulentas. Pero eso no es asi y ni ocurre.
Con respecto a la segunda linea argumental es manifiesta su incoherencia con el mensaje, repetido hasta la sociedad, de que ?gse esta en politica por una actitud de servicio al pueblo?h. Aquellas personas que se sienten llamadas a dedicarse a la politica no precisan de mayores retribuciones dinerarias que la enorme satisfaccion de atender a su verdadera vocacion de servicio a los demas. Tampoco es consistente la argumentacion cuando, en la practica, son muy raros los casos de politicos que ganan mas en la vida privada que en este ?gnegocio?h de la politica. Anadir otra incoherencia, mayor si cabe, ya que miles de estos politicos pertenecen a la funcion publica y la media del sueldo mensual en ella no supera los 2500 euros (INE 2014). El salto hasta los casi 10.000 euros mensuales es enorme y no se produce precisamente por ?gvocacion?h.
Por ello tiene mucho sentido, cuando se pretende de verdad regenerar la politica, que quienes a ella se dediquen, no mas de dos mandatos en cualquier caso, y siempre que sea preciso dedicarse a tiempo completo (que en miles y miles de casos no lo es), se conformen con un salario que nunca supere las tres veces el salario minimo interprofesional, ahora no llega a 2000 euros mensuales, como hacen las gentes de PODEMOS, por ejemplo.
