El testigo clave del caso aseguró que Faffe acogió a antiguos cargos del PSOE, concejales y familiares El testigo clave del caso aseguró que Faffe acogió a antiguos cargos del PSOE, concejales y familiares
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La Junta bloquea seis investigaciones sobre el fraude de la formación

Reza el tópico que «una Justicia lenta no es justicia». Pero, ¿qué sucede cuándo un juez se topa con una Administración lenta? Cambien juez por María Núñez Bolaños y Administración por Junta de Andalucía y el resultado es justamente lo que ha sucedido con las investigaciones que lleva a cabo el juzgado de instrucción 6 de Sevilla sobre el fraude masivo de las subvenciones (en torno a 3.000 millones de euros) concedidas a empresas y entidades para financiar cursos de formación.

Según informaron fuentes judiciales a ABC, seis de las nueve piezas en que se han dividido estas diligencias incoadas por Mercedes Alaya en 2014 han sido archivadas provisionalmente por su sustituta al frente del juzgado. El motivo es que la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta no ha remitido al juzgado los informes sobre expedientes de subvenciones que permitirían avanzar en las pesquisas.

El parón afecta a las dos piezas que analizan el uso de los fondos públicos por parte de los entramados empresariales vinculados al exnúmero dos del PSOE andaluz Rafael Velasco Sierra y a José María Pérez González. También han sido aparcadas las diligencias que indagan sobre la financiación de tres consorcios escuela controlados por la Junta como son Ciomijas, Forman y el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI).

El testigo clave del caso aseguró que Faffe acogió a antiguos cargos del PSOE, concejales y familiares
Por último, mediante un auto dictado el día 10 y hecho público ayer por el PP, Núñez ha archivado a la espera de informes la causa abierta contra la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), absorbida por la actual agencia del Servicio Andaluz de Empleo en 2011 con la polémica ley de reordenación del sector público. Según la documentación remitida a la comisión de investigación del Parlamento Andaluz que, en paralelo a la instrucción judicial, trata de depurar las responsabilidades políticas derivadas del cúmulo de irregularidades, la Faffe recibió durante tres años consecutivos 134,3 millones en subvenciones excepcionales para impartir cursos.

El que fuera jefe del departamento de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, testigo clave en el caso, declaró ante Alaya que esta fundación «acogió a antiguos cargos del PSOE, concejales, alcaldes y familiares directos».

Solicitud de la Fiscalía
En todos los casos, el archivo se efectúa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y con la falta de documentación como denominador común. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía argumentan que no se trata de un archivo por falta de pruebas sino de una medida provisional estipulada en la ley con el objetivo de que no corra el plazo de 18 meses (el máximo que permite la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para causas complejas) hasta que la institución remita los informes. En el citado auto del día 10, Núñez declara compleja la causa de la Faffe, ampliando así el periodo de seis meses de investigación, al tiempo que decreta su sobreseimiento provisional, como propone el Ministerio Público, «en tanto se contesta al despacho librado a la Dirección General de Formación para el Empleo».

El PP, que está personado como acusación en la causa, discrepó de esta medida en el caso de Velasco y planteó a la juez que mandara a la Guardia Civil a la sede de la Dirección General para requisar los expedientes que no envía al juzgado. Mediante un auto dictado el 10 de abril de 2015, Alaya —que se marchó a la Audiencia de Sevilla— emplazó a la Consejería a designar funcionarios para «el estudio y posterior emisión de los informes de los expedientes de los que se les hará entrega».

A finales de 2015, la Guardia Civil reclamó a la Tesorería General de la Seguridad Social documentación para averiguar «la existencia de una bolsa de fraude a través de pagos de salarios a personas que no realizarían ningún tipo de actividad laboral» en la Faffe. Se da la paradoja de que la Junta puso a algunos trabajadores de la antigua fundación a revisar expedientes de formación», como relataron en la comisión de investigación los jefes del servicio de formación de Granada y Cádiz.

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