-* Varios expertos y activistas de memoria historica analizan las recomendaciones de Naciones Unidas al Estado espanol en torno a la investigacion de los crimenes del franquismo.
-* La obligacion que traza el Comite de Desapariciones Forzadas no es vinculante, de ahi el debate entre el “avance” que supone y las dudas de que el Gobierno la aplique.
La ONU se ha pronunciado y exige investigar los crimenes franquistas. Lanza a Espana varias recomendaciones: no sirve ampararse en la Ley de Amnistia de 1977 e incumplir la legislacion internacional de derechos humanos, las desapariciones involuntarias son delitos que no prescriben o que el Estado debe establecer garantias legislativas y judiciales de que asi cumplira.
Pero, ?que opina el movimiento de memoria historica de este examen del Comite de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas? eldiario.es/andalucia recoge la valoracion de varios activistas, participes de la lucha por recuperar la memoria de las victimas del alzamiento golpista, la guerra civil y la dictadura.
{Primeros casos de desaparecidos ante la ONU, en 2002}
Emilio Silva, presidente de la Asociacion para la Recuperacion de la Memoria Historica (ARMH), viajo en agosto de 2002 hasta Ginebra (Suiza). Entrego a la ONU “los 64 primeros casos de desaparecidos”. Desde entonces, la represion franquista “aparece en su informe anual”. La recomendacion, recuerda, “no es vinculante” pero si convenciones que Espana ratifico y obligan a la busqueda de personas aun “sin identificar en fosas comunes”.
Se deben articular “todos los medios posibles” para investigar estos delitos, colaborar con “procesos judiciales como el abierto en Argentina” y reparar “el dano generado por violaciones de derechos humanos”. Espana, concluye Silva, “no puede omitir sus deberes ni seguir maltratando con el abandono a las victimas del terrorismo de Estado franquista”.
Amaya Olivas, magistrada, defensora de los derechos humanos y miembro de Jueces para la Democracia: Es una “llamada de atencion”, una “noticia muy importante” que el Gobierno “debe acatar sin mayores dilaciones ni excusas”. Se muestra esceptica, no obstante, “despues de tantos anos de incumplimiento flagrante”.
Los convenios internacionales son “parte del derecho interno”, del que estan “por encima” y no pueden incumplirse por “una ley de amnistia”. “Las desapariciones forzadas son crimenes contra la humanidad, delitos permanentes hasta que no sean halladas las victimas”, subraya.
{“Juzgue, senores, juzguen”}
La abogada Ana Messuti, de la plataforma que desarrolla la Querella Argentina contra los crimenes franquistas, apuntala esta idea: Espana ratifico “la casi totalidad de los instrumentos fundamentales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas” pero “no los cumple”. Prescinde asi “de lo que se ha comprometido a hacer”, omite una “obligacion” de investigar “de oficio” que el sistema judicial no asume “siquiera cuando los particulares victimizados interponen denuncias”.
Esto demuestra la “enorme distancia” entre lo que se pide y la “situacion imperante”. Para Messuti, una conclusion “preocupante” en la que, “muy claramente”, el Comite dice: “terminen con los obstaculos juridicos de orden interno, como la amnistia y juzguen, senores, juzguen”.
Segun Carlos Slepoy, tambien letrado en la causa argentina, la resolucion “constata lo obvio: la absoluta denegacion de justicia que existe en Espana en relacion con uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX”. Medidas similares no lograron “revertir politicas de olvido e impunidad” si bien vislumbra “un contexto diferente” propiciado por “los vergonzosos pronunciamientos de la justicia espanola”.
Esto, junto a la “universalizacion de la denuncia” al franquismo o el pronunciamiento de diversas instituciones, “horadan el muro de impunidad” para el que llegara “el momento ?cercano, ratifica Slepoy?, en que jueces y fiscales, dignos y valientes, se decidan a poner fin”.
{“Ridiculo y verguenza internacional desde 1979”}
Para el historiador Jose Luis Gutierrez Molina la recomendacion, “que no obligacion”, facilita al Estado no aumentar “el ridiculo y la verguenza internacional que origina la actitud mantenida desde 1979”. Sin “muchas esperanzas” en que fructifique ante la inexistencia de “una voluntad politica general”, llama a la “sociedad civil” a continuar “haciendo sentir su aliento a las administraciones”.
Las exigencias memorialistas, argumente, no son “un asunto electoral sino una obligacion para una sociedad enferma de muchas cosas, entre otras de abrir definitivamente el armario de la represion franquista”.
No mucho mas optimista es el tambien investigador y escritor Jose Maria Garcia Marquez. Hasta ahora, sostiene, Espana ha demostrado “que si algunas victimas debian ser reconocidas y reparadas eran las de ETA o el GRAPO, pero las victimas del gran terror, las de los crimenes franquistas, siguen esperando”.
Califica de “vergonzante” que la ONU recuerde “lo obvio” y ponga “sobre el tapete”, apostilla, “que el partido que gobierna desciende directamente de Alianza Popular, heredera del franquismo, y no hay interes alguno en dignificar la historia de este pais”.
{El informe de la ONU, “un avance muy importante”}
Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia de CGT, apuesta que no vera “a ningun juez mandando exhumar una fosa acogiendose a estas recomendaciones de la ONU”. Pone enfasis en el “bajisimo nivel de la Ley de Memoria Historica” y la “nula aplicacion del poder judicial de la nueva ley de Registros Civiles que puede hacer aflorar y legalizar la situacion de miles de fusilados”.
Clama a “otras” instituciones (como ayuntamientos, diputaciones o comunidades autonomas) a llevar “a la practica” las exigencias “y facturar” al Estado “la parte correspondiente de los gastos efectuados”. En este sentido, la vicepresidenta de la Asociacion Andaluza Memoria Historica y Justicia (AMHyJA), Paqui Maqueda, ve en el informe de la ONU “un avance muy importante”.
Toca “muchos de los aspectos” denunciados “desde hace una decada”: “inoperancia” de la ley memorialista, “nulo papel del Gobierno en la aportacion de recursos” para buscar desaparecidos, “inconvenientes” de la Ley de Amnistia o “conveniencia de una Comision de la Verdad”. Aun asi, concluye, “recorreremos el camino de verdad, justicia y reparacion hasta el final”.
Fuente: http://www.eldiario.es/rn
