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El secreto de los millones de los cursos de formación

El dato existe pero, por el momento, es el secreto mejor guardado de la Junta de Andalucía a pesar de que hay una comisión de investigación en el Parlamento y 18 juzgados distintos repartidos por toda la comunidad autónoma tratando de desenmarañar una madeja que, por lo que parece, se antoja más enredada que la de los ERE.

Los interventores de la administración autonómica han dejado meridianamente claro en sus declaraciones que cada año han enviado religiosamente al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la cantidad de fondos públicos que tenían pendiente de justificación por parte de terceros con el fin de recibir explicaciones y tener controlado este dinero público. Un dinero que procedía, en su mayor parte, de los cursos de formación para desempleados que organizaban las empresas privadas y que tenían que justificar.

Pero ni rastro de esas cuentas. Y eso a pesar de que los grupos de la oposición las han solicitado en el Parlamento y ABC también ha pedido a la Junta conocer su cuantía total. Cabría preguntarse por qué tanto secreto en la administración que presume del Portal de la Transparencia.

La juez Mercedes Alaya
La juez Mercedes Alaya- J. R. LADRÁ
La clave está en la confusión. La realidad es que los primeros datos que se atisban arrojan unas cifras más que escandalosas. Sólo con el dinero que los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo entregaron a empresas para organizar cursos de formación entre 2009 y 2011 y que está pendiente de justificar, se alcanza casi el montante total del fraude de los ERE. El interventor general cifra en 705 millones de euros estos fondos pendientes de justificar mientras que el mayor escándalo de corrupción conocido hasta la fecha, los ERE, han supuesto el desfalco de 855 millones de euros, según el auto oficial de Mercedes Alaya que es, hasta la fecha, la única que los ha cuantificado.

Pero hay un informe que la Intervención General de la Junta envió al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y que cifra en 3.015 millones de euros el dinero perdido en la formación entre los años 2005 y 2013.

Tampoco es un dato definitivo ni mucho menos. El Gobierno andaluz niega oficialmente su veracidad y se limita a los que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, hace públicos cada cierto tiempo —cuando es preguntado por los grupos de la oposición generalmente— en el Parlamento. El último dato ofrecido ha sido 632,3 millones de euros «en proceso de justificación» por las empresas que los recibieron.

Pero se refiere sólo a los años 2009, 2010 y 2011, y a la parte que está en tramitación administrativa, sin aclarar nada del resto, de la que ni siquiera se ha reclamado oficialmente. En todo caso, estos más de seiscientos millones serían sólo una parte del total de lo presuntamente defraudado.

Otro dato. El interventor provincial de Huelva ha dejado por escrito que en los expedientes que él ha analizado con detalle, —sólo 61 se han incluido en la muestra de trabajo de los más de 20.000 anuales—, hay 3,5 millones de euros que se han podido perder ya que todos los analizados presentaban irregularidades.

El exconsejero Ojeda
Ángel Ojeda
Ángel Ojeda- JUAN FLORES
Seguimos sumando. Los tribunales de Justicia consideran que el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda ha podido defraudar a las arcas públicas 33,3 millones de euros sólo entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2010. Hay que tener en cuenta que este tipo de cursos de ayudas de formación empezaron a concederse de manera sistemática en el año 2002 y se suspendieron en el año 2012 cuando Susana Díaz dio la orden ante el cúmulo de irregularidades que se estaban descubriendo.

El Gobierno andaluz y el PSOE sostienen la tesis de que no se puede hablar de fraude porque una buena parte del dinero se puede recuperar. Pero la realidad es que, hasta la fecha, no se conoce cuánto dinero se ha justificado debidamente y cuánto está pendiente de hacerlo.

Lo que sí parece ya asumido es que se ha perdido todo el dinero que se entregó para cursos de formación desde el año 2002 hasta 2009 porque la mayoría de los expedientes estarán prescritos, muchas beneficiarias han desaparecido y una buena parte se daba a consorcios públicos de la Junta (Ciomijas, Formades, CTI San Fernando, Faffe) a los que la propia administración no puede reclamar

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