El juez cita a declarar al ex consejero Agustín Barberá en otra pieza de los ERE

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El juez de refuerzo Alvaro Martin, que investiga las seis primeras piezas piloto en las que se ha dividido la macrocausa de los ERE fraudulentos, ha citado a declarar como investigados, dentro de la pieza separada de las empresas Surcolor y Surcolor-Optica, al ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucia Agustin Barbera Salvador; a los ex directores de Administracion y Finanzas de la agencia IDEA Antonio Diz-Lois Ruiz y Juan Francisco Sanchez Garcia, y a Jose Hurtado Quiros, secretario general de la Federacion de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines (Fiteqa) de CCOO Sevilla.

A Agustin Barbera Salvador y Antonio Diz-Lois el juez les ha citado para el proximo dia 6 de abril, mientras que Juan Francisco Sanchez Garcia y Jose Hurtado Quiros han sido llamados para el dia 11 de abril. Ademas, dentro de la investigacion de la causa que lleva el magistrado, han sido citados seis testigos y dos peritos durante el proximo mes de abril.

La titular del juzgado de Instruccion numero 6 de Sevilla, Maria Nunez Bolanos, incluyo inicialmente en esta pieza separada de los ERE por las ayudas concedidas a Surcolor-Surcolor Optica a 13 imputados, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernandez.

En un auto dictado el pasado 26 de noviembre, la magistrada hizo un relato de los hechos y de las personas imputadas en esta nueva pieza separada en las que se incluyeron ademas a dos de los denominados intrusos.

Entre los 13 imputados iniciales en la pieza de Surcolor-Surcolor Optica se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernandez Garcia, asi como los tres ex directores generales de Trabajo -Javier Guerrero, Juan Marquez y Daniel Alberto Rivera-, y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Ademas figura el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas Fernandez, los representantes de Vitalia Antonio Jose Albarracin y Jesus Maria Bordallo, asi como Jose Antonio Marquez Sanchez, concunado de Antonio Rivas, entre otros.

La magistrada recuerda en el auto que a principios de 2006, Jose Antonio Marquez Sanchez, concunado de Rivas, tomo conocimiento de la concesion por parte de la Junta de Andalucia de ciertas ayudas a “personas vinculadas al PSOE”, comentandole su tambien concunado Jose Acevedo Lopez que el mismo estaba “disfrutando de tales rentas” desde noviembre de 2003, por lo que en virtud de las relaciones personales existentes entre ambos, Jose Antonio Marquez le pidio ayuda al encontrarse en el paro. Acevedo le remitio al entonces concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas Jose Antonio Garcia Prieto, persona que desde esta localidad “organizaba la solicitud de tales ayudas”, precisaba Bolanos en aquel auto.

La juez anade que “prevaliendose de su relacion personal” con el delegado de Empleo Jose Antonio Marquez Sanchez contacto con Garcia Prieto, que le pidio que preparara su vida laboral y la documentacion personal, al tiempo que le indico que le concertaria una cita con el director de Trabajo Javier Guerrero.

En el mes de marzo o abril de 2006, tuvo lugar el encuentro con Guerrero entre Jose Antonio Marquez, Jose Antonio Garcia Prieto y otro afiliado del PSOE, Juan Manuel Lopez Espadas -tambien imputado en esta pieza de Surcolor-, haciendo entrega de la documentacion a la salida de un bar cercano al despacho del director de Trabajo.

En el caso de Surcolor se suscribio una poliza para 26 trabajadores, relacion en la que se incluyo como intrusos a Jose Antonio Marquez Sanchez y Juan Manuel Lopez Espadas, quienes no habian trabajado en esta entidad. El primero cobro 6.380,65 euros en el mes de julio y a continuacion estuvo cobrando una media de 1.300 euros mensuales hasta el 31 de enero de 2010, fecha de su jubilacion, unas prestaciones que recibio junto al subsidio de mayores de 52 anos. Por su parte, Lopez Espadas estuvo percibiendo algo mas de 1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006.

Bolanos destaco que para esta ayuda sociolaboral en la que “ilegitimamente” se incluyeron los dos intrusos y por la que la Junta comprometio el pago de 2.340.137,30 euros, “no existio indiciariamente la menor cobertura legal a dichos compromisos de pago hasta la resolucion de la encomienda de ejecucion de 21 de diciembre de 2009”, dictada por el suceso de Guerrero, Juan Marquez, a la que luego otras tantas, algunas firmadas por Daniel Alberto Rivera, incluyendo todas ellas a los dos intrusos.

La magistrada considero en su momento que estos hechos habrian sido “presuntamente realizados” por estos 13 imputados, pero el juez Alvaro Martin ha elevado a 17 la cifra de implicados con estas cuatro nuevas imputaciones, entre los que hay ya ocho ex altos cargos.

La pieza de Surcolor es una de las seis que forman el plan piloto disenado por la juez Bolanos para agilizar la instruccion y acelerar el enjuiciamiento.

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