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El asalto final del caso ERE

El paseíllo de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el pasado miércoles, marca una frontera sin retorno en las diligencias previas 174/2011, más conocidas como el caso ERE. Después de cinco años de autos bomba, detenciones, atestados policiales, ultimátum al Gobierno andaluz por no facilitar expedientes y «baile» de jueces, la investigación que puso en peligro 35 años de hegemonía del PSOE en Andalucía ha cruzado el Rubicón. El sumario de la trama política, una de las seis piezas en que la juez María Núñez ha troceado la macrocausa, está a punto de cerrarse. Éstos son los pasos que restan:

Últimas declaraciones
El día 30 se sentarán ante Álvaro Martín, el juez auxiliar que instruye el denominado procedimiento específico de reparto de las ayudas, tres exconsejeros investigados que ya declararon ante el Tribunal Superior de Justicia Andalucía y el Supremo cuando estaban aforados por el Parlamento andaluz (Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila) o por el Congreso (Gaspar Zarrías).

No se prevén sorpresas. Se espera que se ratifiquen en lo ya manifestado, siguiendo la senda marcada por los expresidentes, que enmudecieron ante el juez, el fiscal y la acusación que ejerce el PP. A lo largo de abril, desfilarán ante el juez otros ex altos cargos que rehusaron en su día declarar ante Mercedes Alaya, en la convicción de que responder a sus incisivos interrogatorios solo contribuiría a incriminarlos.

Apartada la incombustible magistrada que destapó el caso -desde junio ocupa una plaza en la Audiencia de Sevilla-, la «ley del silencio» ha terminado. El exconsejero Martín Soler ya se ha apresurado a solicitar su citación. Otros ex cargos políticos harán lo mismo.

320 ayudas sin investigar
Tras agotar la ronda declarativa, Martín puede entregarse en mayo a elaborar el llamado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que concluirá con la apertura de juicio oral. Fuentes judiciales estiman que la llamada fase intermedia del proceso puede cerrarse a lo largo de junio. En su resolución, el juez volcará toda la munición acusatoria contra los 51 ex cargos del Gobierno andaluz investigados en esta pieza o, por el contrario, decretará el archivo.

Se trata de averiguar si prevaricaron y/o malversaron quienes diseñaron y mantuvieron durante diez años un sistema clientelar y opaco de reparto de 855 millones de euros destinados a los parados. Dinero que acabó, en parte, en las cuentas corrientes de 196 intrusos (que cobraron prejubilaciones por sociedades donde nunca trabajaron), comisionistas, abogados, sindicatos, empresarios próximos al PSOE y altos cargos, sin que ningún responsable político tomara medidas a tiempo para atajar la gangrena de la corrupción.

El desenlace de estas diligencias marcará el devenir del resto de piezas. La instrucción más retrasada, que ha asumido Núñez, se centra en los 519 expedientes de ayudas a empresas y ayuntamientos. En torno al 60% de estas subvenciones (más de 320) aún no se han investigado y sus beneficiarios no están imputados, lo que puede dar pie a prescripciones masivas.

Auto de banquillo
Redactado el auto de transformación, el más trascendental de la investigación, donde Álvaro Martín narrará los supuestos hechos delictivos de los ex cargos, dará diez o veinte días a las partes del proceso para que éstos formulen sus escritos de defensa, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Junta, el PP andaluz y Manos Limpias expondrán sus acusaciones. Una vez que la Audiencia resuelva los recursos, solo resta dictar el auto que puede acabar sentando en el banquillo a los anteriores presidentes de la Junta de Andalucía.

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