El trabajo del primer presidente del Consorcio del Doce queda bajo sospecha al firmar subvenciones sin control El trabajo del primer presidente del Consorcio del Doce queda bajo sospecha al firmar subvenciones sin control
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El Tribunal de Cuentas detecta anomalías en la gestión de Zarrías en el Bicentenario

La celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, más conocida como La Pepa, marcó un antes y un después para la capital de la provincia. A mediados de 2005 fue el Ayuntamiento de Cádiz, presidido entonces por la popular Teófila Martínez, quien impulsó la necesidad de conmemorar en 2012 los 200 años de aquella Carta Magna que plasmó el origen de nuestras libertades. La iniciativa municipal, a la que luego se sumaron los agentes sociales y políticos de la provincia, tuvo un largo recorrido hasta que el Gobierno de la Nación movió ficha en favor de un evento de talla internacional. Fue entonces cuando en febrero de 2006 el Ejecutivo dio luz verde a la puesta en marcha de una Comisión Nacional para asumir la gestión del evento. Al frente la misma colocó ala vicepresidenta del Gobierno, la socialista Teresa Fernández de la Vega.

El descontrol queda de manifiesto al repartir ayudas sin trámite previo y sin especificar cuantía
Poco a poco se pusieron las primeras piedras para un acontecimiento mundial.Así, en marzo de 2007, se aprobó la creación de Consorcio del Bicentenario, un ente formado por todas las administraciones públicas para desarrollar el proyecto. De esta forma, el principal órgano de dirección y gestión del evento quedaba capitaneado por representantes del Gobierno de España, así como los primeros espadas de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando y la Diputación. Meses después se nombró a su presidente, que recayó en Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia de la Junta.

Zarrías, brazo armado del presidente de la Junta, Manuel Chaves, fue el encargado de poner en marcha el aparato y de repartir las primeras subvenciones para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, la transparencia ha brillado por su ausencia a tenor del informe de fiscalización que acaba de publicar el Tribual de Cuentas de España. El Tribunal analiza la gestión de la Comisión del Bicentenario entre los años 2008 y 2009, que coinciden con la presidencia de Zarrías y, posteriormente, con la de Luis Pizarro. Las conclusiones del informe son demoledoras. ElTribunal señala que no hubo control del gasto y que el reparto del dinero se hizo sin pasar los filtros legales.

El Tribunal no encuentra documentación sobre las comisiones encargadas de evaluar el reparto del dinero
El Tribunal de Cuentas ha denunciado numerosas irregularidades, deficiencias e incumplimientos en materia de subvenciones y gastos y falta de control interno o descoordinación en la labor del Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812.

El capítulo de subvenciones es uno de los más llamativos en cuanto a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, que comienza advirtiendo de que el presidente del Consorcio -el consejero Gaspar Zarrías- convocó subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en los ejercicios 2008 y 2009 pese a que no está acreditado que tuviera competencia para ello. De acuerdo a los estatutos del Consorcio, esa competencia correspondía a la Junta de Gobierno y «no hay constancia de la delegación a favor del presidente».

El Tribunal de Cuentas alerta de que la convocatoria de 2008 no determinó la cuantía máxima de las subvenciones convocadas, en contra de lo establecido reglamentariamente; tampoco la cuantía individualizada de cada una de ellas o los criterios para su determinación. De la misma forma, no consta que se tramitara de forma previa a la convocatoria el expediente de gasto exigido.

Ese año se concedieron 14 subvenciones a 13 beneficiarios por importe total de 186.000 euros pero no consta, siempre según el Tribunal de Cuentas, por qué se desestimó al resto ni el detalle de las actividades subvencionadas. De la misma forma, no hay documentación sobre la constitución de la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas, cuyo número se desconoce, al igual que los criterios aplicados para la valoración de las beneficiarias.

Cuentas ha analizado, de forma aleatoria, cuatro de esas 14 subvenciones y todas ellas tienen irregularidades. El Centro de día de mayores de San Fernando, por ejemplo, ni siquiera «reunía los requisitos exigidos en las bases reguladoras para ser beneficiario» y «tampoco hay constancia de la documentación que el beneficiario debía presentar como justificante de la subvención» ni consta si el Consorcio consideró o no justificada esta subvención ni si fue finalmente pagada.

Fuera de plazo
Las otras tres subvenciones analizadas y correspondientes a 2008 -a la Asociación de la Prensa de Cádiz, la Asociación Qultura y la Asociación de empresas de publicidad y diseño- fueron solicitadas fuera de plazo, lo que ya de por sí debió determinar su no admisión a trámite. La Asociación de la Prensa renunció posteriormente a la subvención pero Cuentas señala que en el expediente no hay información posterior a esa renuncia.

La Asociación Qultura, por su lado, recibió 32.000 euros pero el tribunal fiscalizador considera que «la subvención no esta justificada, por lo que debió exigirse su reintegro»; mientras que sobre la recibida por la asociación de empresas de publicidad, el órgano ve tal «desorden de expediente, duplicidades de documentos, mezcla de originales y fotocopias y ausencia de relaciones completas y clasificadas de los gastos» que es imposible «verificar» su justificación.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas también salpica en una pequeña parte a la etapa de gestión del actual parlamentario y exconsejero de Presidencia, Luis Pizarro, que estuvo al frente del consorcio entre 2009 y 2011.

En 2009 se modificaron las bases reguladores de las subvenciones de concurrencia pública limitando las nuevas a actividades de carácter cultural relacionadas con la época y valores de la Constitución de 1812 pero las irregularidades continuaron al no constar tampoco documentación previa sobre la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas y desconocerse los criterios de valoración o las razones para la concesión.

Las conclusiones también salpican en parte a la gestión de Luis Pizarro al frente del Consorcio
De ese ejercicio, Cuentas examinó la concedida a la Unión de Comerciantes de Cádiz, con una cuantía de 18.000 euros para la celebración de un mercado conmemorativo. Además de exponer que el coste total ascendió a casi 54.000 euros, casi el 40% fue para medios propios del beneficiario, como carteles, folletos o programas, sin que haya información de cómo se evaluó ese coste. La mayor parte de las facturas presentadas fueron abonadas a los correspondientes proveedores fuera del plazo establecido para la justificación de la subvención «por lo que no se deberían haber considerado gastos subvencionables».

Las subvenciones directas concedidas no parecen mucho mejor justificadas que las anteriores y Cuentas ve que no se puede acreditar razón de interés público, social o humanitario para su concesión extraordinaria. De la misma manera, detecta deficiencias en el procedimiento establecido al haber sido concedidas por el presidente cuando no tenía competencias. En las tres referentes a The Soloist of London incluso concluye que «los gastos no debieron ser subvencionables» y no descarta «exceso de financiación».

Sin programación plurianual
Las deficiencias recogidas en el informe de fiscalización, de un centenar de páginas y que ha sido registrado en el Congreso de los Diputados a primeros de este mes de abril, también hacen referencia a la planificación y al seguimiento de las actividades que se realizaron con motivo del Bicentenario. De ese modo, Cuentas dice no tener constancia de que existiera programación plurianual para los años de funcionamiento del consorcio ni de programas anuales de actividades para los años 2007, 2008 y 2009.

Tampoco se han facilitado las memorias anuales de las actividades realizadas que debía elaborar la Comisión Ejecutiva, según lo establecido en los estatutos del Consorcio, denuncia Cuentas, que también apunta a que, al margen del Consorcio, varias Administraciones públicas realizaron sis propias actuaciones de conmemoración faltando una «adecuada coordinación», lo que ha «dificultado» verificar su los gastos realizados por el Consorcio se adecuaban a la finalidad para la que se constituyó.

El Tribunal recomienda la liquidación del Consorcio y la devolución de las cantidades no justificadas
A la vista de las deficiencias, el Tribunal de Cuentas comienza recomendando al Gobierno las medidas necesarias para proceder «a la mayor brevedad posible» a la liquidación definitiva del Consorcio y a su consiguiente disolución. Además, le pide que para futuros supuestos de colaboración de distintas administraciones o entes públicos en torno a una misma actividad o conmemoración adopte las medidas que aseguren la coordinación entre todos ellos y evite así la «superposición de competencias y actividades».

Del mismo modo, entre sus recomendaciones hay una dirigida a que se establezca «un sistema de control interno suficiente» que garantice el seguimiento de las actividades programadas.

Gaspar Zarrías abandonó la política en julio de 2015 después de 30 años. La confirmación del Tribunal Supremo de su imputación en el caso de los ERE lo llevó a dimitir como diputado.

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