El pasado 3 de junio de 2011, se celebro ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional el juicio contra la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio de 2009, por la que se prorrogaba la actividad de la Central Nuclear de Santa Maria de Garona hasta el 6 de julio de 2013 y se acuerda a su vez en esa fecha el cierre definitivo de dicha Central.
El Juicio se desarrollo en dos bloques, el primero que tenia como demandantes a la empresa Nuclenor (Iberdrola y Endesa), la Junta de Castilla y Leon, el Comite de Empresa de la Central, los Sindicatos USO y UGT, y la Asociacion de Municipios Afectados por Centrales quienes pretenden una nueva prorroga hasta 2019 prorrogable a su vez hasta 2029, basada en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un organismo publico pero de marcada orientacion pronuclear. El segundo bloque las entidades que pretenden su cierre inmediato, Greenpeace, Ecologistas en Accion y la Confederacion General del Trabajo (CGT), por haberse cumplido los 40 anos de actividad de la planta, plazo de vida que se contemplo en el
diseno para su funcionamiento en condiciones de seguridad.
La promotora Nuclenor pedia a su vez que en caso de procederse al cierre en el 2013 como establece la resolucion gubernativa, ser indemnizada con mas de 900 millones de euros por el danos y lucro cesante fundado en un informe pericial firmado por quien hoy es el actual Secretario de Estado de Energias, Fabricio Hernandez.
Todos los que apostaban por la prorroga indefinida de la Central, incluida la
Comunidad Autonoma de CyL y los sindicatos USO y UGT, se sumaron
sorprendentemente a la pretension de indemnizar con fondo publicos a una
empresa privada que ha amortizado sobradamente todos sus activos, recibido cuantiosas subvenciones y que desde su privatizacion ha obtenido cuantiosos beneficios.
Desde la CGT se defendio el cierre en base a las cuestiones que fueron
planteadas en la vista:
1. La antiguedad de la Central la convierte en insegura.
2. La Central se encuentra ya sobradamente amortizada.
3. El cese de explotacion no tendria repercusion sobre la garantia del
suministro electrico a la ciudadania.
4. La central se ubica en un emplazamiento extremadamente fragil.
5. La nueva prorroga colisiona con los objetivos planteados por la Ley 2/2011
de economia sostenible de alcanzar el 20% de energias renovables para 2020.
6. La tramitacion de la autorizacion se ha realizado sin la necesaria Evaluacion de Impacto Ambiental.
7. Las condiciones de seguridad se han visto reducidas en el segundo informe
complementario, respecto al informe preceptivo del CSN.
8. A su vez, la central ya incumple 3 de las condiciones de seguridad impuestas por el CSN inicialmente y que finalmente han sido impuestas pero de una manera condicionada.
Los desgraciados y recientes acontecimientos en la central de Fukushima, nos han recordado que la energia nuclear no es tan segura, entre otras cosas por que sus sistemas de control y seguridad tanto publicos como privados no han resultado tan eficientes como nos vendia continuamente el lobby nuclear.
A los potenciales riesgos de esta fuente de energia, se une el enorme coste
para el conjunto de la ciudadania. Por poner solo un ejemplo, el actual seguro de responsabilidad de las Centrales Nucleares espanola se ha incrementado recientemente de 700 millones a 1200 millones de euros. A lo que se unen los costes fundamentalmente publicos de la gestion de los residuos nucleares. Estos enormes costes sociales y ambientales y el peligro que a corto y largo plazo entrana para la humanidad, exigen el abandono definitivo de la energia nuclear.
