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CGT gana el juicio que declara nulo el ERE del Ayuntamiento de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez, gobernado por la popular María José García Pelayo, anunció el 30 de marzo de 2012 un ERE para 300 trabajadores, publicando el 20 de julio el listado de afectados sin explicar los criterios de selección del personal que iba a ser despedido y sin entregar la documentación necesaria para comprobar tanto los criterios como los motivos del despido. El 12 de septiembre el Consistorio ejecuta el despido de 260 empleados, con la oposición de todos los sindicatos. CGT, mayoritaria en el Comité de Empresa, y los demás sindicatos proceden a interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que finalmente establece que los 260 despidos aprobados por el gobierno municipal “no se ajustan a derecho” y por lo tanto son improcedentes.

Como consecuencia de esta victoria judicial, el Ayuntamiento jerezano tendrá que elegir entre readmitir a los trabajadores municipales “en las mismas condiciones laborales” que tenían y “abonar los salarios de trámites, es decir, desde el despido hasta la fecha de la resolución”, o indemnizar a los afectados con 45 días por año de servicio por el tiempo de prestación del mismo, anterior al 12 de febrero de 2012, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de dicha prestación posterior a esa fecha.

La Jueza Ana María Jiménez Bada confirma lo que ya denunció CGT y advirtió por escrito la Inspección de Trabajo antes de que se formalizaran los despidos: la selección de los trabajadores afectados fue subjetiva y arbitraria.

La sentencia es tajante al afirmar que “se ha incurrido en una absoluta arbitrariedad, proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución, que contempla la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Recuerda además que para aplicar el criterio de evaluación continua “se estableció que los responsables de cada delegación, previa consulta con el personal técnico a su cargo, debían determinar qué trabajadores tenían mayor competencia técnica, formación, experiencia o polivalencia. De este modo, por exclusión, se extinguiría el contrato de los que reunieran en menor medida estos criterios”.

La cuestión, según la sentencia, “se centra en la valoración que han realizado los responsables de cada delegación, que sin pedir el correspondiente currículum a cada uno de los empleados, sin valorar el tiempo de prestación de los servicios en la delegación correspondiente o en un puesto de trabajo análogo, sin evaluar la formación académica, el ostentar un título universitario, o la formación específica para desempeñar el puesto de trabajo, elaboraron una lista de trabajadores no prescindibles”. Esto supone para el tribunal “una valoración personal, subjetiva y arbitraria, carente de la aplicación de cualquier parámetro objetivo” por lo que considera que el Ayuntamiento de Jerez “no negoció de buena fe con los representantes de los trabajadores”.

La sentencia confirma, en definitiva, que los responsables del equipo de gobierno del PP confeccionaron la lista de trabajadores y trabajadoras afectados por el ERE sin tener en cuenta criterios objetivos. En el juicio celebrado en Sevilla en marzo el gobierno municipal no pudo demostrar que la extinción de los 260 contratos fuera objetiva y miembros del gobierno, como el Primer Teniente-Alcalde, Antonio Saldaña Moreno, reconocieron en sala “que habían seleccionado a parte del personal afectado en función de las diferentes categorías, sobre quién trabajaba mejor o peor, era problemático, quejica, en base a la rumorología”.

Igualmente, Francisco Cáliz Hurtado, Concejal y Delegado de Impulso Económico, testificó que “se le pidió una relación de personas imprescindibles, la hizo y, sin embargo, algunos están en el ERE”. Así, un trabajador “que estaba como imprescindible en mi la lista, está en el ERE”.

El TSJA dice además, que tampoco hubo “buena fe” durante el periodo de consultas, pues los sindicatos carecían de criterios claros y concretos para saber en todo momento cómo se entraba o se salía de las listas del ERE.

Finalmente, ante esta sentencia adversa el Ayuntamiento ha optado por indemnizar a los trabajadores, lo que costará a las arcas públicas entre 12 y 25 millones de euros si a las indemnizaciones se suma el plan de formación, el recurso al Supremo y la factura de la consultora Deloitte, encargada de llevar a puerto el ERE, un trabajo por el que ha cobrado cerca de 100.000 euros.

Por ello CGT ha exigido públicamente la dimisión del equipo de Gobierno y la reincorporación inmediata de todos los trabajadores. “Sería amoral utilizar dinero público para hacerse cargo del montante que supondrían las indemnizaciones de despidos injustos y arbitrarios, como ha reconocido el TSJA, y además, lo que supone el desmantelamiento de los servicios públicos municipales con los despidos”. Con dinero público se ha puesto en la calle a 260 trabajadores, sumando al despilfarro municipal el sufrimiento de estos empleados, de su familia y del conjunto de la ciudad de Jerez que está desangrándose con el paro. La señora Pelayo “puede llevar a gala que ha sido parte importante de esta sangría”, aportando más parados a la ciudad.

CGT ha presentado además un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para conseguir que los despidos sean declarados nulos. “La legislación es clara: las partes tienen que negociar de buena fe para alcanzar un acuerdo”, cosa que el Ayuntamiento no ha hecho ni demostrado.

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