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Bolaños archivará la causa contra 12 imputados al haber prescrito los delitos

002037068-335x335-jpg000.jpg" border="0" alt=""/>El auto de la Audiencia de Sevilla que declaro prescritos los delitos de dos ayudas de la Sierra Norte en el caso de los ERE tendra consecuencias directas para el caso. La juez Maria Nunez Bolanos, que instruye la macrocausa, archivara la causa contra 12 imputados cuyos delitos han prescrito al haber transcurrido mas de diez anos desde que se concedieron las ayudas y se dirigio la causa contra estos imputados, segun han confirmado fuentes judiciales. Se trata de las primeras prescripciones de delitos que afectan a 12 de los mas de 270 imputados en la macrocausa.

La decision de Maria Nunez Bolanos, que segun las mismas fuentes estaria preparando ya el auto de sobreseimiento con respecto a estos 12 imputados, se produce tras la resolucion dictada por la Seccion Septima de la Audiencia y a raiz del escrito remitido por la Fiscalia Anticorrupcion en marzo de 2015 al juzgado de Instruccion numero 6 de Sevilla, entonces dirigido por Mercedes Alaya, que se marcho a su destino en la Audiencia sin resolver la peticion del Ministerio Publico.

La juez Bolanos archivara ahora la causa contra estos dos imputados, pero dejara abierta la posibilidad de reclamar la responsabilidad civil de las empresas beneficiarias de las ayudas, de acuerdo con el articulo 122 del Codigo Penal, que permite traer a las empresas que recibieron las subvenciones como “participes a titulo lucrativo” para intentar recuperar el importe de las subvenciones. En concreto, este articulo establece que quien “por titulo lucrativo hubiese participado de los efectos de un delito, esta obligado a la restitucion de la cosa o al resarcimiento del dano hasta la cuantia de su participacion”.

El 18 de marzo de 2015, la Fiscalia Anticorrupcion solicito a la juez Mercedes Alaya que archivara la causa contra 12 imputados -entre ellos uno fallecido en enero de 2015- al estimar que habian prescrito los delitos de prevaricacion y malversacion de caudales publicos que se les atribuyen. Alaya dio tres dias a las acusaciones particulares para que se pronuncien sobre la posible prescripcion, y mientras tanto decidio suspender las declaraciones de 35 imputados previstas, pero nunca resolvio sobre el archivo o no solicitado.

En su escrito, la Fiscalia pidio a la instructora que declare la prescripcion de las conductas de aquellos imputados "perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas juridicas" contenidos en el auto del pasado 6 de febrero de 2015 -en el que imputo a 35 personas relacionadas por ayudas relacionadas con la Sierra Norte-, cuyo importe fuese "claramente inferior a 450.000 euros, siempre y cuando desde la fecha del ultimo pago de la ayuda al dictado del auto referido hayan pasado mas de 10 anos", decia el fiscal.

En esa situacion estarian los siguientes imputados: Antonio Diana Exposito -que recibio una ayuda de 60.000 euros pagada en julio de 2004-; Antonio Florencio Suarez -60.000 euros-; Jose Gomez Munoz -90.151,81 euros-; Eustaquio Reina (fallecido en enero) y Jose Reina Espinola, quienes percibieron 300.000 euros; Jose Bermudez Avila y Maria del Rosario Rodriguez Barranquero, por una ayuda de 390.657,87 euros; Jose Manuel Prieto Guerra -180.303,63 euros-; Luis Garcia Garcia -270.455,44 euros-; Miguel Angel Saez Fernandez -150.252 euros-; Joaquin Llano Heredia -150.253,03-; y Beatriz Perez Martin. Esta ultima es hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla e hija de un parlamentario del PSA, y percibio para la empresa Producciones Barataria ayudas por importe de 200.354,24 euros en 2004, aunque tiene otra ayuda en 2007 que no habria prescrito.
La Seccion Septima de la Audiencia de Sevilla, en un auto dictado el pasado miercoles, estimo los recursos presentados por Jose Manuel Prieto Guerra, presidente de la Asociacion Sierra Norte para la Atencion del Disminuido Psiquico, que fue imputado por la ayuda de 180.303,63 euros concedida en mayo de 2002; y por Luis Garcia Garcia, presidente de la cooperativa Virgen de Belen y secretario de organizacion del PSOE de Las Navas de la Concepcion, por la ayuda de 270.455,44 euros concedida a dicha empresa.

Para la Audiencia, ninguna de las nueve resoluciones dictadas por Alaya -quien por cierto es ahora magistrada de esta misma Sala- presupone la realizacion de "actos de instruccion en persecucion de los delitos (hechos punibles) imputados en el auto de 6 de febrero de 2015, sino de recopilacion de informacion sobre las empresas beneficiarias de ayudas o subvenciones de la Junta de Andalucia en esclarecimiento de posibles irregularidades cometidas por personas que ya estaban siendo investigadas desde la perspectiva o plano de los concesionarios de aquellas".

Es en ese auto cuando "tuvo conocimiento la juez de Instruccion de la notitia criminis relativa a los hechos luego imputados a los recurrentes" porque hasta ese momento la linea de investigacion de las ayudas de la Sierra Norte era "una indagacion a ver que subvencion o ayuda habia sido concedida ilegalmente vista la enormidad de la actuacion presuntamente delictiva de terceras personas inmersas en los circulos de poder desde los que se decidia el otorgamiento de las subvenciones o ayudas y relacionadas con esa comarca o zona de la provincia de Sevilla, pero ajenas estructuralmente a esas empresas, de las que tampoco constaban en ese momento si las habian recibido o no de forma ilegal".

Los "indicios" de los delitos y la "identidad" de los presuntos autores no aparecieron hasta la llegada del atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte ?en diciembre de 2014-, uno de los que la UCO entrego con mayor retraso en el juzgado. Ninguna de las resoluciones que dicto Alaya, segun la Audiencia, interrumpio la prescripcion, por lo que declara prescritos los delitos sobre estos dos imputados.

El fiscal recordaba en su peticion que, de acuerdo con el articulo 131.5 del Codigo Penal, el plazo de prescripcion a contar corresponde en el caso de concurso de delitos al que tenga el delito "mas grave", en este caso, la malversacion de caudales publicos. Y el plazo para el computo inicial del plazo de prescripcion debe ser el del dictado del auto por el que se dio traslado a cada imputado del articulo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto en el que "se le identificaba plenamente y se contenia una descripcion suficiente de los hechos imputados" y que en este caso tiene fecha del pasado 6 de febrero de 2015.

El fiscal considera que el supuesto agravado -por el importe de la cuantia- y que elevaria el plazo de prescripcion de 10 a 15 anos, no debe aplicarse a aquellas ayudas inferiores a 450.000 euros, porque a partir de esta cantidad las subvenciones "debian pasar por la ratificacion/aprobacion del consejo Rector de IDEA".

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