El Grupo de Trabajo “RMHSA” de CGT-A ha presentado ante el Defensor del Pueblo Andaluz una queja donde se solicita que, “la Consejería de Justicia y AA.PP. de la Junta de Andalucía actúe con la misma transparencia que exige cualquier procedimiento de interés público, y en particular con quienes representan los intereses de las víctimas, como en nuestro caso por -familia ideológica- en caso de ser aceptadas las alegaciones presentadas, como parece ser que así ha sido, y así se nos ha dado a entender de manera informal”, y además “cumpla con los principios y pautas del procedimiento administrativo, regulado Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y comunique la resolución de la alegación presentada en tiempo y forma”.

RMHSA de CGT.A, en las alegaciones, se posicionó a favor de la localización, exhumación e identificanción -por exclusión-de los restos de Joaquín (Juan) Arcollas Cabezas y felicitó personalmente a los responsables de la Consejería de Justicia (Comisariado de la MH) por la decisión tomada.

En el escrito, ahora presentado en el Registro de la Oficina del Defensor, se manifestaba:

1. Que la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas decidió abrir un periodo de información pública en relación con la apertura de la fosa común de Alfacar/Víznar (Granada), (BOJA nº 164 de 24 de agosto: Resolución, de 12 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica, Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica).

2. Dentro del plazo establecido este Grupo de Trabajo RMHSA presentó un escrito de alegaciones en el que se solicitaba ser parte personada en este proceso en representación de los intereses de JOAQUÍN (JUAN) ARCOLLAS CABEZAS en base a una serie de argumentos que se incluye en el Anexo 1.

3. Esta argumentación consiste básicamente en lo siguiente: al no tener descendencia ni familia conocida, la suerte de sus restos quedaría en una situación de incertidumbre y los objetivos de la recuperación de la memoria de las víctimas de la represión franquista diluidos o incumplidos. Dada la conocida militancia de Joaquín Arcollas Cabezas en el movimiento libertario (al igual que el otro banderillero, Francisco Galadí), nos postulamos como “familia ideológica” para representar y defender sus intereses en tanto que víctima que, como tal, reclama “verdad, justicia y reparación” en la medida que sea posible.

Conviene aquí añadir un inciso, para expresar lo siguiente: el papel otorgado a las familias en estos procesos –que compartimos cuando existan-, casi en exclusiva, deja en una situación de incertidumbre a las víctimas que no puedan ser reclamadas por sus propios familiares. Como en el caso de Joaquín (Juan) Arcollas, habrá lógicamente numerosos casos más, incluso de los que no se puedan aducir razones como el de la expresada “familia ideológica” por tratarse de víctimas que no tuvieron significación política alguna (tal es el grado de represión indiscriminada al que se llegó por parte del bando sublevado). Nos preocupa esta laguna de la normativa y así dejamos constancia de ello en los borradores iniciales.

4. Como tal procedimiento formal, el del periodo de información pública para presentar alegaciones, esperamos una respuesta formal y razonada al escrito presentado en fecha y forma, denegando o aceptando la solicitud de personarnos en el caso. No hubo tal respuesta formal, y sólo verbalmente recibimos como respuesta una invitación a la rueda de prensa que se celebró en Granada para presentar el proyecto de apertura de la fosa de Alfácar/Víznar y la firma de un convenio entre las instituciones y organizaciones afectadas. Ciertamente estaba reservada para nosotros una silla en la fila de “familiares de víctimas”, pero ni la información transmitida en ese acto, ni el texto del convenio aclaraban la cuestión, es decir: la resolución de la alegación presentada y el tratamiento que, en caso de ser aceptada, se aplicaría durante las distintas fases del proceso.

5. Transcurrido un tiempo desde que se iniciaran los primeros trabajos de exhumación, en ningún momento la Consejería, la oficina del Comisariado o la Asociación granadina se ha dirigido a nosotros para nada. Por el contrario, toda la información conocida lo ha sido a través de los medios de comunicación. Y más allá de cualquier información sobre las novedades del proceso, ninguna otra solicitud sobre el futuro tratamiento que deba tener la zona (ya calificada como “cementerio” según la prensa) ni los restos que puedan aparecer.